Paraguay Vive!!! AM 1010 Onda Latina -editorial 7-2-2013

Pueblos bajo síndrome de Estocolmo?

Dos Modelos, Dos Proyectos, Dos Mundos. 

Nos une la lucha contra el Poder de los pocos.

Ref:

El sindrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía.

Los rehenes tratan de protegerse, en el contexto de situaciones incontrolables, en las cuales tratan de cumplir los deseos de sus captores.. 

Los delincuentes se presentan como benefactores ante los rehenes para evitar una escalación de los hechos. De aquí puede nacer una relación emocional de las víctimas por agradecimiento con los autores del delito. 

Mientras tanto en Argentina...

 Hay realidades que nos dejan asombrados, es innegable que el mejor remedio para la mentira es la impunidad, los emblemas del modelo capitalista local,  hacen gala de su sinceridad, Macri se declara públicamente líder del país de pocos, la Nación calificada, en un salto hacia atrás volviendo a la democracia de principios del siglo XX, minorías calificadas que cargan a sus peones como ganado bajo la amenaza del látigo de la desocupación y el aleccionamiento de la presión impositiva, y la represión de la fuerza de ocupación de la ciudad de buenos aires, esa que llaman “la metropolitana”, especie de SS,  modernoza con un aceitado sistema de espionaje y control social, garrotera y cobarde. 

Enfrentando a este cambalache, los Hombres y Mujeres, que en muchos casos tienen para mostrar su gestión al frente de cargos de responsabilidad, lo hacen con solvencia y eficacia.  Aunque la constante descalificación, el ataque personal, los “escarches” que al modo de aquellos esbirros de la dictadura, que mostraban su valentía 20 contra uno, si estaba herido o debilitado por la tortura mejor.  

Tienen sus herederos en estas especies de turbas, audaces para linchar escondidos en el anonimato, sin argumentos, salvo el odio que utilizan como argumento político, ante la certeza de que por medio de elecciones  nunca van a cambiar el rumbo de este proyecto liberador de la Patria Grande.

Si a esto sumamos realidades, que han cambiado a partir de decisiones políticas, tomadas en contra del "Poder" constituido, añejo y rancio;  cambio en la Corte Suprema, Derechos Humanos, jubilación para muchos, miles de millones del presupuesto puestos en planes de desarrollo social, la mayoría de ellos en manos de los destinatarios y con apoyo del INTI, INTA, Bco. Nación, EXPORT AR., la recuperación de YPF, la digna defensa ante el ataque de los fondos buitres,  poniendo  a disposición recursos de primer nivel para un mejor aprovechamiento de los recursos, en busca de la Dignidad del trabajo para todos.

Tenemos Presidenta, eso es innegable, desde antes de asumir su cargo ya comenzaron a llover los conflictos, no terminaron hasta el día de hoy, una campaña de desprestigio que con altos y bajos jamás se detuvo, para los "comunicadores del establishment" nada es positivo, hasta lo que es virtud convierten en pecado, un bombardeo constante de burlas y ofensas tiñen las acciones de gobierno, esta estrategia ha prendido en muchos olvidadizos de nuestro pasado reciente, que consumen sin digerir, completo,  el discurso de vaciamiento institucional, cuya expresión termina en la farandulización, que mueve encuestas desde el escenario promiscuo.

Eterna simulación

La Fachada

Se podría decir que estamos asistiendo a una confrontación cultural, entre el modelo consumista del neoliberalismo, y el esfuerzo popular por encontrar un rol protagónico en la "realidad".  

El modelo de desarrollo técnico productivo, con un fuerte basamento en la generación de empleo y consumo interno, confronta con el establishment local, eterno participe de todos los procesos políticos en el País, hay un cambio de "jugadores" en el campo del "Poder" y quienes fueron protagonistas en el pasado no someten su exclusividad en "los destinos de la Patria", ante nadie.  Por eso luchan con uñas y dientes, haciendo lo que mejor saben destruir. 

Si ampliamos el foco, vemos que esta misma fricción se reproduce en todos los países que están gobernados, por emergentes de la crisis y fracaso del modelo neoliberal, en el mundo, dirigentes que cuestionan con autoridad y apoyo popular al "orden" que sometió durante décadas las soberanías nacionales, ese "orden" como un todo se basa en el consumo indiscriminado, la desaparición de la política en manos de la "imagen", convencer mediante el uso indiscriminado de consignas vacías de contenido, todo medido hasta el extremo en referencia al concepto de "producto/costo/beneficio".

 Y de este lado, del lado de la "Gente", tenemos este Proyecto que en lo "real" ha modificado, para mejor la vida de muchas personas, el Proyecto responde recuperando capital y volcándolo al sostenimiento del mercado interno, planteando el camino de sustitución de importaciones, ¿eso es malo?.

Esta lucha es de ideas e imágenes, lamentablemente la contaminación de la cultura del zapping, lo coyuntural fácil, lindo, de gozo sin esfuerzo, es una barrera a la hora de comunicar cuestiones de fondo, reconstruir la cultura del Ser Humano digno, la satisfacción del Trabajo es una desafió que ya no admite palabras, solamente hechos.

Para "ellos", la dictadura no fue tal mala, los sindicatos "vagos que no trabajan", los políticos "corruptos", la justicia un "costo", la pobreza "falta de seguridad", la protesta "prepotencia", el Estado "innecesario", los Derechos Humanos "cosas de zurdos", el País "la selección", la Ética "fachada";  ese es el modelo que ofrecen,  por la razón o por la fuerza.

En EEUU tambien pasa:

Funcionaria republicana de Tennessee distribuye imagen racista de Obama

En Tennessee, la senadora estatal republicana Diane Black se niega a despedir a una funcionaria que envió una imagen racista del Presidente Obama. La funcionaria Sherri Goforth envió un mensaje de correo electrónico con imágenes de todos los presidentes de Estados Unidos. Barack Obama estaba representado en la esquina inferior derecha únicamente como un par de ojos blancos brillantes en un fondo negro. 

Republicano de Carolina del Sur compara a la Primera Dama con un gorila

Mientras tanto en Carolina del Sur, un destacado activista republicano se disculpó por hacer un chiste en su página de Facebook de que un gorila que había escapado de un zoológico local era el antepasado de la Primera Dama, Michelle Obama. Rusty DePass es el ex director de las elecciones estatales republicanas de Carolina del Sur. 

                                                                                         

Apostar por la Utopías 

Es el momento de apostar por las UTOPIAS, creamos en nosotros, en TODOS NOSOTROS, son momentos en que salen a flor de piel un millón de contradicciones, y las miradas clínicas de quienes fueron parte de la historia, caen de manera inexorable para marcar lo que aun falta, es cierto aun falta, pero también es cierto que es mucho lo que se hizo.  

Para que esto suceda, tiene que existir una decisión coherente en lo ideológico, que en los hechos se  vea reflejado en acciones de Gobierno.

Ser mandatario del Poder del Soberano, pero con una mirada particular en lo que hace al rumbo que debe tomar el País, ese es justamente el rasgo por el cual la mayoría de los argentinos eligieron a quienes hoy nos gobiernan. Apelo a la memoria, de quienes compartimos generacionalmente, los momentos en que la Institucionalidad fue devaluada y cambiada por otra no-institucionalidad, en que los Derechos que nos rigen, eran cambiados por resoluciones, comunicados, etc..-

 En este caso puntualmente apelo a quienes aún creemos en UTOPÍAS, apostemos a lo mejor de las personas que comparten las responsabilidades de Gobierno, no son el enemigo!!!

 Dos Proyectos, dos Países, dos Mundos...

 Compañeros hay mucho en juego, la Internacional de la derecha mundial, en especial en la Patria Grande, ha decidido que su única opción, es la violencia social, por eso vemos manifestaciones obscenas de insultos, agresiones, provocaciones, como el caso de los milicos chilenos, las emisoras dirigidas también por chilenos, que escondidos bajo el manto de representar a una colectividad minoritaria  convocan al magnicidio, haciendo abuso del derecho de expresión gracias a esta Democracia que supimos conseguir, los medios concentrados que globalmente se turnan en sus "trabajos sucios", como el tema de la foto de Chavez, pudimos ver en acción a algunos "progres" defender el concepto de "libertad de información", que nos quieren imponer los golpistas.  Su estrategia de reducir a la ultima catadura humana a los Presidentes, es común como metodología.

En Paraguay, los mentimedios de la red global golpista, criminaliza y esconde prolijamente la verdad de lo que Paso en Curuguaty, saben y ocultan que en la trama de esa masacre política, están metidos jueces, fiscales, latifundistas, políticos,  la "ayuda" de la embajada de EEUU, y la derecha española/colombiana, etc. etc.-  

El 14 de Febrero, esta mafia global, piensa asestar el golpe de gracia y condenar a las Víctimas, sienten la valentía de quien tiene la certeza de que el que las hace no las paga.  La impunidad de la dictadura, es el régimen vigente, sus hijos y entenados, quienes siguen gozando de sus "beneficios", emergen a la luz bajo el manto de los millones robados y blanqueados con la simpatía y complicidad del "gran país del norte", la limosna les ha otorgado suficientes "bulas de expiación" como hacer una nuevo Holocausto, y ser "recibidos en el cielo".  Mientras tanto, el silencio de las Víctimas de ayer y de hoy, mezcla impotencia, bronca y soledad.

Estamos en marcha hacia las elecciones de Abril, sabemos que el caudal que se expreso a favor de Lugo, esta disperso, pero hay una masa critica, consciente y militante que no va a renunciar a la "Esperanza del Cambio", el modo en que se va a expresar es una incógnita, ¿estarán los dirigentes a la altura de las circunstancias?.

 AGUANTE CRISTINA!!!

FUERZA EL DIGNO PUEBLO PARAGUAYO.!!!-

VIVA LA PATRIA GRANDE LIBERADA!!!

Child Sex Abuse Silenced in India

https://www.hrw.org/news/2013/02/07/india-child-sex-abuse-shielded-silence-and-neglect

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  A 12-year-old girl who was allegedly raped by three men in Varanasi, India. Police did not believe her account and beat up her father.
  © 2012 Human Rights Watch

About this report: 

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  Breaking the Silence
  Child Sexual Abuse in India
  February 7, 2013
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India’s system to combat child sexual abuse is inadequate because government mechanisms fail to ensure the protection of children. Children who bravely complain of sexual abuse are often dismissed or ignored by the police, medical staff, and other authorities.

Meenakshi Ganguly, South Asia director

(New Delhi) – The Indian government should improve protections for children from sexual abuse as part of broader reform efforts following the gang rape and murder of a student in New Delhi in December 2012, Human Rights Watch said in a new report released today.

Child sexual abuse is disturbingly common in homes, schools, and residential care facilities in India. A government-appointed committee set up after the New Delhi attack to recommend legal and policy reform has found that child protection schemes “have clearly failed to achieve their avowed objective.”

The 82-page report, “Breaking the Silence: Child Sexual Abuse in India,” examines how current government responses are falling short, both in protecting children from sexual abuse and treating victims. Many children are effectively mistreated a second time by traumatic medical examinations and by police and other authorities who do not want to hear or believe their accounts. Government efforts to tackle the problem, including new legislation to protect children from sexual abuse, will also fail unless protection mechanisms are properly implemented and the justice system reformed to ensure that abuse is reported and fully prosecuted, Human Rights Watch said.

“India’s system to combat child sexual abuse is inadequate because government mechanisms fail to ensure the protection of children,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. “Children who bravely complain of sexual abuse are often dismissed or ignored by the police, medical staff, and other authorities.”

The report uses detailed case studies rather than a quantitative analysis to examine government mechanisms to prevent and respond to child sexual abuse. Human Rights Watch conducted more than 100 interviews with victims of child sexual abuse and their relatives, government child protection officials and independent experts, police officers, doctors, social workers, and lawyers who have handled cases of child sexual abuse.

Addressing child sexual abuse is a challenge all over the world, but in India shortcomings in both state and community responses add to the problem, Human Rights Watch said. The criminal justice system, from the time police receive a complaint until trials are completed, needs urgent reform. Poorly trained police often refuse to register complaints. Instead, they subject the victim to mistreatment and humiliation.

Doctors and officials said that the absence of guidelines and training for sensitive medical treatment and examination of victims of child sexual abuse contribute to trauma. In four of the cases documented by Human Rights Watch, doctors had used the “finger test” as apart of the examination of girl rape victims, even though forensic experts say that the test has no scientific value,and a top-level government committee has called for it to be abolished.

“It is hard enough for a sexually abused child or their relatives to come forward and seek help, but instead of handling cases with sensitivity Indian authorities often demean and re-traumatize them,” Ganguly said. “The failure to implement needed police reforms to be more sensitive and supportive to victims has made police stations places to be dreaded.”

The sexual abuse of children in residential care facilities for orphans and other at-risk children is a particularly serious problem, Human Rights Watch said. Inspection mechanisms are inadequate in most parts of the country. Many privately run facilities are not even registered. As a result, the government has neither a record of all the orphanages and other institutions operating in the country nor a list of the children they are housing. Abuse occurs even in supposedly well-run and respected institutions because of poor monitoring.

Set up by the government in December 2012 in the wake of the Delhi attack, a committee headed by Justice J.S. Verma has made several recommendations to address sexual assault and expressed particular concern over the plight of children in residential care institutions.Instead of facilitating investigations into allegations of child sexual abuse, managers of facilities engage in denials and dismissal of complaints. After investigating allegations of abuse in one such facility, Vinod Tikoo of the National Commission for the Protection of Child Rights said that it revealed a massive breakdown. “It is not neglect. It is systemic failure,” he told Human Rights Watch.

“Shockingly the very institutions that should protect vulnerable children can place them at risk of horrific child sexual abuse,” Ganguly said. “State governments should immediately implement a more effective system to register and rigorously monitor government, private, and religious child care institutions.”

Human Rights Watch welcomed the enactment of the Protection of Children from Sexual Offences Act in 2012. By adopting this law, the Indian government took a significant step in acknowledging and attempting to address the widespread sexual abuse of the country’s children. Under the law, all forms of child sexual abuse are now specific criminal offenses for the first time ever in India. The law also establishes important guidelines for the police and courts to deal with victims sensitively and provides for the setting up of specialist child courts.

However, the government needs to ensure proper implementation of the act and other relevant laws and policies so that there is a vigilant safety net, Human Rights Watch said.This is particularly vital because children are often sexually abused by people known to them and regarded as authority figures, such as older relatives, neighbors, school staff, or the staff and older children in residential care facilities for orphans and other at-risk children. Implementation of existing measures to improve the well-being of the country’s children, including the Integrated Child Protection Scheme, the Juvenile Justice Act, and creation of independent child rights commissions, remains a challenge.
The Indian government should provide training and resources to ensure that the police, doctors, court officials, and government and private social workers, including child welfare authorities, managers of children’s residential care institutions, and school authorities, respond properly when there are allegations of child sexual abuse. The government should take immediate steps to address the lack of faith in government institutions that prevents many people from reporting child sexual abuse by holding to account those that fail to handle such cases in a prompt and sensitive manner.

India is a party to the core international human rights treaties that protect children, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women. These treaties impose an obligation on states at all levels of governmentto take measures to protect children against sexual violence and abuse, and to provide a remedy where fundamental protections have been violated. The ICCPR not only holds a state responsible for protecting individuals from abusive state action, but for responding appropriately and effectively to abuses committed by private actors.

“The Indian government at the highest levels recognizes that much more needs to be done to protect the country’s children from sexual abuse, but it has yet to take significant steps to address problems of discrimination, bias, and sheer insensitivity,” Ganguly said. “As many officials have pointed out to us, creating laws or providing training is an important step, but this has to be followed up with concrete action. Just as important, a change in mindset is needed where both abusers and those who protect them by neglecting their duty are held accountable.”

SINDICATOS RURALES DENUNCIAN ATROPELLOS Y RECLAMAN TIERRA

Chasque

    ARTIGUISTA

SINDICATOS RURALES DENUNCIAN ATROPELLOS Y RECLAMAN TIERRA

 

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- La lucha de los peones de estancia (la diaria)

   CASCOS DE ESTANCIA (14/12/12)

   TRANQUERA ABIERTA (19/12/12)

   POR LA PORTERA GRANDE (28/12/12)

   LEJOS DE LA LEY. LEY PARA TODOS (02/01/13)

- Denuncias de la UNATRA (la diaria)

   AGUA NO POTABLE, ENCIERRO Y DESALOJO (08/11/12)

   SE COMPRUEBAN DENUNCIAS (09/01/13)

   A CUMPLIR ESTATUTO DEL TRABAJADOR RURAL (11/01/13)

- Bella Unión lucha por la tierra (Comunicados)

   REUNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LUCHA POR LA TIERRA (15/01/13)

   POR TIERRA PARA TRABAJADORES ASALARIADOS (22/01/13)

- Estudiantes de Agronomía por otro Agro (Brecha)

   REMAR CONTRA LA AGROCORRIENTE (25/01/13)

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- La lucha de los peones de estancia (la diaria)

   CASCOS DE ESTANCIA (14/12/12)

  

Trabajador rural despedido tras intentar formar sindicato; su patrón no quiere que le “vengan a poner leyes”

El trabajador rural se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga, ubicada en la localidad de Pueblo del Barro, en el departamento de Tacuarembó. El 2 de diciembre participó en una reunión con asalariados de otros establecimientos ganaderos para intentar conformar un sindicato de base, en el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), que integra el PIT-CNT.

Un día después fue despedido y ahora el caso se está tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a poner leyes en la estancia”.

El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería dejar de trabajar en el lugar.

En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el sindicato de base de la UNATRA recién conformado. Los delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Rammauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores, asistiendo además funcionarios del MTSS.

Apenas comenzada la instancia de negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades” para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea argumental a partir de otras consideraciones negativas.

No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Rammauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente comunicándose por teléfono.

Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en ese momento se “dio cuenta” de que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Rammauro.

Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere “ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarembó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con el capataz despedido.

“Aunque la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.

El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó. Las partes se volverán a reunir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es reintegrado, el caso será llevado a la Justicia.

“Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados “son contundentes”, explicó Rammauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó. Rammauro recordó que el trámite ante la Justicia “demora sólo diez días”.

El empresario es contador público, propietario de 14 estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical, pero el empresario “se mostró intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.

Luis Rómboli

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   TRANQUERA ABIERTA (19/12/12)

DINATRA pidió que estanciero retome a trabajador rural despedido por formar sindicato y dio plazo de tres días para respuesta.

Un asalariado rural que se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga, en la localidad de Pueblo del Barro (Tacuarembó), fue despedido por el propietario el 3 de diciembre, un día después de que el empleado participara en una reunión para conformar un sindicato de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).

El asalariado y la organización consideran que la medida adoptada por el estanciero configuró un caso de persecución sindical, por lo que presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) para pedir que sea reintegrado.

El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Rammauro y una delegación de la UNATRA, se reunió con el propietario del establecimiento, Diego Ortiz, y funcionarios de la DINATRA. Ayer tuvo lugar la segunda audiencia, en la que participaron, además del trabajador, Ortiz y sus abogados, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, el secretario de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, Ruben Hernández, y la dirigente de la UNATRA María Flores. Rammauro, asesor del trabajador, explicó que la delegación del gobierno sostuvo que la empresa “no había puesto ningún elemento sobre la mesa que hiciera caer la presunción de que el despido es una actitud antisindical” y, por lo tanto, le propuso al estanciero que reintegre al trabajador con el salario que ganaba cuando fue despedido, “sin entrar a discutir la categoría, si es como capataz o como peón”.

El estanciero tiene plazo hasta el viernes al mediodía para aceptar, rechazar la propuesta o presentar una contrapropuesta por escrito en la DINATRA. Según Rammauro, Ortiz adelantó que una solución podría ser “conseguirle trabajo en otro de los establecimientos” que le pertenecen o un empleo “mejor” en una estancia de otro propietario. Ortiz es dueño de 14 estancias y del frigorífico Durazno. El empresario “se quejó” de que el tema haya tomado “notoriedad” y dijo que “se había transformado en un tema político”, pero “negó rotundamente” que tenga “problemas con los sindicatos”, indicó Rammauro. El asesor del trabajador explicó que esperarán la respuesta del estanciero y, en caso de existir una contrapropuesta, la DINATRA deberá convocar a otra audiencia. Si las negociaciones “no prosperan, activaremos el mecanismo judicial”, recurriendo a la Ley de Fuero Sindical, concluyó Rammauro.

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   POR LA PORTERA GRANDE (28/12/12)

Acuerdo en DINATRA reintegra a trabajador rural despedido por sindicalizarse, tras marcha atrás del empleador.

El estanciero Diego Ortiz, propietario del establecimiento La Tortuga, ubicado en Pueblo del Barro, departamento de Tacuarembó, aceptó ayer reintegrar al trabajador rural que había despedido el 3 de diciembre, un día después de participar en una reunión del Sindicato de Peones de Estancias, una organización de base que nuclea a asalariados rurales de establecimientos ganaderos extensivos, y que funciona vinculado a la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).

El asalariado y la UNATRA denunciaron al estanciero ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) por persecución sindical y pidieron su reintegro.

Este mes se llevaron a cabo varias audiencias en las que Ortiz negó haber despedido al trabajador por su sindicalización. Planteó en cambio, que el motivo de la medida se debió a que se dio cuenta que el peón no estaba “capacitado para la tarea”. Sin embargo, en la primera audiencia, cuando el estanciero hizo sus descargos contra el trabajador, no se dio cuenta de que éste estaba sentado frente a él. Cuando le informaron de la presencia del asalariado en la reunión, Ortiz “tuvo que cambiar la argumentación y quedó en evidencia”, explicó el abogado de UNATRA, Antonio Rammauro.

El 11 de diciembre, las autoridades entendieron que el estanciero “no había puesto ningún elemento” para evitar “la presunción” de que el despido fue una “actitud antisindical” y propusieron el reintegro del trabajador con el mismo salario que ganaba cuando fue despedido, agregó Rammauro.

Este miércoles, agotado el plazo otorgado por la DINATRA al empleador, se realizó la última audiencia formal, pero sin un acuerdo. Incluso, se redactó un acta para dejar constancia del fracaso de la negociación tripartita. Pero ayer en la mañana Ortiz concurrió a DINATRA dispuesto a reabrir la negociación y tras una reunión con representantes del gobierno y sindicales se firmó un acuerdo que establece el reintegro del trabajador a partir del 2 enero con un sueldo equivalente al que tenía, aunque con el aumento de enero incluido y en las mismas condiciones laborales previas al despido.

Como la mayoría de los participantes de las anteriores instancias, incluido el trabajador despedido, ya no estaban en Montevideo, se negoció en las oficinas de la DINATRA y por vía telefónica hasta que se acordó una fórmula.

Un punto controvertido fue el reclamo del trabajador del pago de los días desde que se efectivizó el despido, pero se consiguió acordar el pago de una “partida especial por única vez” de 8.500 pesos, sin que figurara en el acta como “jornales caídos”, explicó Rammauro.

Se tuvo especial cuidado en la redacción del acuerdo para que no se desprendiera que “había algún culpable”. Incluso, se dejó constancia que las partes “se disculpan una con la otra por si fueron ofensivas en algún momento de la negociación”, agregó el abogado. “No se documentó que fue un caso de despido antisindical”, pero tampoco la versión del estanciero de que el “trabajador no tenía las facultades para desempeñarse en la tarea”, dijo Rammauro. Lo importante es que “el trabajador se reintegra al establecimiento donde se desempeñaba para hacer las mismas tareas, con el salario que ganaba y con la seguridad de poder continuar con la actividad sindical”, concluyó Rammauro. Hoy el director Nacional de Trabajo, Luis Romero, se trasladará a Tacuarembó para que el trabajador, que le dio el visto bueno a la fórmula por vía telefónica, firme el acta personalmente.

Ortiz, propietario de unas 14 estancias en diferentes departamentos del centro del país y del frigorífico Frigocerro S.A. de Durazno, se quejó en las audiencias por la notoriedad que había tomado la situación, que “se había transformado en un tema político”. Consultado ayer por la diaria, el empresario no quiso hacer declaraciones.

César Rodríguez, delegado del Sindicato de Peones de Estancias, evaluó que el reintegro implica “una gran satisfacción” y un ejemplo de que “las cosas cuando se hacen prolijamente, no fracasan”. A partir de este caso, recibimos “infinidad de llamados de trabajadores que están en situaciones irregulares y eso nos pone en el gran desafío de continuar creciendo para sanearlas”.

Luis Rómboli

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   LEJOS DE LA LEY. LEY PARA TODOS (02/01/13)

Peones de estancia trabajan “de sol a sol” y no se respeta el límite de jornada, afirman desde sindicato.

César Rodríguez es una de las caras visibles del Sindicato de Peones de Estancias, que se conformó recientemente y que nuclea a trabajadores de Tacuarembó y zonas de influencia. En diciembre uno de sus integrantes fue despedido por haberse sindicalizado, lo que motivó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras varias audiencias, el estanciero lo reintegró. A pesar de eso, Rodríguez espera “más reacciones” de ese tipo contra la incipiente organización sindical.

-¿Cuándo se formó el Sindicato de Peones de Estancias?

-Se fundó el 28 de octubre en una asamblea de peones rurales en Pueblo del Barro, una localidad que está a unos 70 kilómetros de Tacuarembó capital, por la ruta 26. Asistieron unos 50 trabajadores entre peones, jornaleros, capataces, encargados de establecimientos, gente con y sin especialización y algunos con mucha antigüedad en el ramo. Muchos estaban hablando desde hace tiempo sobre la necesidad de juntarse y tener información de primera mano sobre los acuerdos salariales, estatutos y lo que el patrón tiene que hacer.

-¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?

-Se habló de la presencia de trabajadores brasileños indocumentados, y de situaciones como las que tenemos en Salto, donde hay establecimientos sin agua potable, sin energía de ningún tipo. El trabajador que fue despedido y retomado estaba a cargo de una estancia de 4.000 hectáreas, sólo con dos ayudantes. Reglamentariamente no existe nada que obligue a los patrones a tener un peón cada 500 hectáreas, por ejemplo. Hay un vacío legal en eso. Tenemos que empezar a hablar sobre la creación de categorías y cuáles herramientas de trabajo te tienen que dar. El estatuto dice que el trabajador tiene que recibir herramientas, pero no especifica cuáles. Los trabajadores rurales históricamente andan con su recado propio y armarte uno completo debe costar unos 8.000 pesos. Un recado tiene básicamente una jerga de lana tejida, una carona de suela gruesa sobre la que va el recado con estribera y estribos, y además cincha, pelegos, frenos, bozal y rebenque.

-¿El horario de trabajo sigue sin respetarse?

-Este trabajo es “el sin horario”. Incluso en el recibo de algunas estancias dice literalmente: sin horario. En algunos lugares se ha emprolijado, pero en otros se sigue trabajando de sol a sol. La gente pide que el MTSS llegue con inspecciones. También hay reclamos sobre liquidaciones de sueldos, aguinaldos, vacacionales, porque la gente no sabe si le están pagando bien o mal, o si están en blanco o en negro, y no tienen a quien recurrir, ni accesibilidad para un abogado.

-Las inspecciones no llegan…

-Es que son lugares sumamente aislados, donde los inspectores tienen dificultades para llegar y a veces la portera está cerrada con candado. Las inspecciones deberían ser combinadas, del MTSS con el Banco de Seguros.

-La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha colaborado en este proceso.

-La DGDR tiene el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones en formación brindando asesoramiento jurídico, técnico-social, etcétera. Hay un convenio con la Universidad de la República que puede aportar directamente técnicos y capacitación en oficios. Queremos que los trabajadores se empiecen a capacitar.

-¿Cómo es el tema de la alimentación?

-Hay un ficto por alimentación y vivienda, establecido por ley, y en cada laudo se reajusta. Dice que los trabajadores que no reciban comida y casa, conocidos en nuestra jerga como “secos”, tienen que recibir 1.909 pesos por mes o 76 pesos diarios. Se supone que eso cubre las cuatro comidas diarias y el estatuto es detallista en el tipo de comestibles; tiene que haber abundante fruta, por ejemplo. Pero en las estancias los surtidos son de elementos básicos y ahora le sacaron hasta la yerba. Hemos constatado que en algunos grandes establecimientos la gente no come bien.

-¿Cómo es la relación con los demás sindicatos rurales y con el PIT-CNT?

-Establecimos el vínculo formal con el PIT-CNT en Tacuarembó, al participar en los plenarios, y con la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines estamos en contacto permanente. La situación del trabajador despedido y reintegrado nos fortaleció e hizo que recibiéramos mucho apoyo. Pero prevemos que ese tipo de reacciones pueden llegar a ser más frecuentes. Ahora empezamos una campaña de afiliación fuerte que va a ir hasta el 30 de abril, que es el Día Nacional del Trabajador Rural, apuntando a ampliar la zona de influencia, el espectro de trabajo y fortalecer la organización.

-Es común que los asalariados rurales también trabajen en emprendimientos propios o familiares...

-Sí, en mi zona hay tres compañeros que son capataces, viven en el establecimiento donde trabajan y además accedieron a un predio que se explota en común, y ahora hay un rodeo que es propiedad del grupo. El predio está administrado por el Instituto Nacional de Colonización. Así logran un complemento del sueldo que ganan trabajando en las estancias. También hay pequeños productores familiares que explotan predios de su propiedad.

Luis Rómboli

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 - Denuncias de la UNATRA (la diaria)

   AGUA NO POTABLE, ENCIERRO Y DESALOJO (08/11/12)

UNATRA denuncia violaciones al Estatuto del Trabajador Rural y actuación “lamentable” de la Policía durante un desalojo.

La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la situación de dos asalariados rurales que se encuentran “encerrados” en la estancia Las Merceditas, ubicada sobre la ruta 45, cerca de Sarandí Grande, en el departamento de Florida.

La dirigente de UNATRA María Flores explicó a la diaria que el capataz dejó a los trabajadores dentro del establecimiento y “cerró la portera con candado” para que “no entre ni salga nadie”. Se trata de una estancia ganadera y los dos asalariados están a cargo de unos 3.000 animales entre vacunos y ovinos.

Flores agregó que como no hay agua potable, “están tomando agua de una cachimba” que deben hervir antes de consumir. Uno de los trabajadores, que tiene problemas de salud, “se enfermó” y por esta razón durante su último descanso mensual llegó hasta la localidad de Puntas de Maciel y decidió denunciar allí la situación ante el sindicato.

Flores agregó que los asalariados “no están registrados” y que pidieron “una visita” de la Inspección General de Trabajo al establecimiento para constatar las irregularidades. Sin embargo, explicó que muchas veces los inspectores llegan a los establecimientos y “como no pueden entrar porque las porteras están cerradas con cadenas y candados”, la inspección del MTSS no se concreta.

El trabajador que hizo la denuncia dijo ayer en diálogo con la diaria que cuando dejó de tomar agua del pozo del lugar empezó a sentirse mejor, aunque siguen sin beber agua potable, ya que ahora utilizan la de un pozo que “está un poco más lejos”. Si bien la falta de agua es el problema más importante porque “esta en juego la salud”, el asalariado confirmó que desde hace seis meses están “trabajando en negro”, sin horario, ya que “a veces son las diez de la noche y todavía estoy haciendo alguna cosa”. Agregó que gana 300 pesos por día, un salario que considera “muy bajo” para todas las tareas que realiza. En diciembre, recibió 2.150 pesos “como aguinaldo” y hasta ahora no ha tenido “licencia de ningún tipo”.

Respecto de la falta de agua potable, Flores expresó que se trata de “graves incumplimientos” del nuevo Estatuto del Trabajador Rural, que entró en vigencia con el decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2012. Entre otras cosas, dice que en todo establecimiento rural deberá existir “agua potable en cantidad suficiente” y que deben “observarse las normas de higiene convenientes en la producción, conservación y distribución del agua, a cuyos efectos el empleador suministrará los elementos adecuados”, explicó Flores.

OCUPANTES PRECARIOS

No muy lejos de ese lugar, en un establecimiento cercano a la localidad de Estación Goñi, también en Florida, un trabajador rural fue obligado por la Policía a devolver la llave y desalojar la vivienda que le habían otorgado en el lugar, tras “ser notificado de su despido”. Flores dijo que este hecho configura una “violación” al nuevo Estatuto, ya que éste establece que en caso de despido, la acción de desalojo debe seguir el proceso judicial y los plazos correspondientes al “ocupante precario”. Sin embargo, en este caso, el trabajador fue desalojado del establecimiento “antes de que se cumplieran 30 días” desde que fue despedido, nunca se le entregó orden judicial por escrito y la participación de la Policía de la Seccional 13ª de Goñi fue “lamentable”, según evaluó Flores.

El asalariado dejó de concurrir al establecimiento el 3 de diciembre, y el 19 le alcanzaron una citación policial para “entregar la llave de la casa del establecimiento y sacar todo lo que tenía”, explicó el trabajador a la diaria. Tras concurrir a la seccional policial, los uniformados le dijeron que “si no hacía lo que decían iba a quedar detenido en ese momento”. Le indicaron que habían recibido “una orden verbal del juez”. El trabajador entregó las llaves a la Policía y al otro día, tras conseguir un medio de transporte para llevarse sus pertenencias, fue hasta el establecimiento, donde lo esperaban un móvil policial y varios uniformados.

Las llaves se las habían entregado al dueño de la estancia, que se hizo presente para abrir la puerta de la vivienda. El trabajador comenzó a retirar las cosas mientras los policías “hacían un inventario de lo que iba sacando de la vivienda y revisaban todo”, explicó. Luego del incidente, el trabajador se presentó a hacer la denuncia ante la UNATRA. Aún no ha cobrado la liquidación ni el salario del último mes trabajado. Según Flores, el asalariado “tuvo que pagar un transporte para trasladar sus pertenencias aunque no tenía plata”, aunque en el Estatuto dice que si se carece de recursos el empleador debe “facilitar los medios para el traslado de la persona y de sus cosas”.

En cuanto al despido, el trabajador explicó que a fines de noviembre le entregó a su empleador una hoja con el cálculo de lo que debía cobrar según le habían informado en la

SALA ALBERDI URGENTE CONVOCATORIA A LA FISCALIA

Cumpas, es importante que acompañemos esta convocatoria, Lombardi apuesta al desgaste y ahora más que nunca hay que sumarse para que estos dos años y medio de toma no terminen en una frustración y lo que es peor, la entrega definitiva a empresas privadas de un centro cultural emblemático para todos. Ojalá puedan participar, un abrazo, Mirta Israel

----- Mensaje reenviado -----
De: Sala Alberdi sala.alberdi@gmail.com>
Para:
Enviado: martes, 22 de enero de 2013 19:31
Asunto: URGENTE CONVOCATORIA A LA FISCALIA

Toma y Acampe cultural de la Sala Alberdi
CONVOCATORIA: MOVILIZAMOS EL JUEVES 24

Hace mas de 25 años funciona en el 6to piso del Centro Cultural
General San Martín (CCGSM) una sala de teatro que brinda talleres y
espectáculos, promoviendo actividades culturales gratuitamente, a toda
la comunidad. A partir del año 2005 la Sala Alberdi entra en conflicto
con el Gobierno de la Ciudad, ya que éste decide unilateralmente
cerrar el espacio con la excusa de remodelar el edificio. Sin embargo,
desde el Ministerio de Cultura no existió voluntad de garantizar otro
espacio físico adecuado para el traslado de las actividades (que
involucraba más de 700 alumnos y 45.000 espectadores al año) mientras
durara la obra, y por eso la cooperativa que administraba la Sala
decidió iniciar acciones legales.
Después de 5 años, y a pesar de las medidas cautelares presentadas,
el gobierno seguía sin dar respuestas concretas, confirmando que el
plan de remodelación integral no contemplaba la permanencia de la Sala
Alberdi en el Centro Cultural. Por eso, el 17 de agosto de 2010, los
integrantes de la Sala Alberdi resuelven tomar el espacio para
garantizar la autogestión de las actividades y su carácter gratuito.
En estos 2 años y medio hemos comprobado que el proyecto de
reconversión no es más que una privatización encubierta; es decir, un
negocio millonario que no pretende sostener la identidad histórica del
CCGSM como espacio de formación, producción y divulgación artística. A
pesar de los 92 millones de pesos que el Banco Interamericano de
Desarrollo prestó al ministerio de cultura para llevar a cabo las
obras, hasta el día de hoy ni siquiera han realizado la manutención de
los ascensores. Al contrario, lo único que han hecho hasta ahora fue
vaciar las actividades del centro cultural y hacer consesiones a
empresas privadas: desde el 2002 a la fecha, la cantidad total de
cursos y talleres anuales se redujo en un 80%, asi como la cantidad de
espectáculos anuales, que se redujo en un 75% (de 400 a 100); el año
pasado se trasladaron la mitad de los talleres (60) a otras
dependencias (CC Recoleta, CC 25 de mayo, etc.); además, los aranceles
de los espectáculos, cursos y talleres aumentaron sensiblemente; el
edificio no tiene agua potable, ni gas y los baños son un nido de
cucarachas; la sala AB fue un deposito de chatarra hasta el año
pasado; y, por último, han alquilado las salas para eventos y fiestas
de empresas privadas y/o particulares (por lo menos para Red Bull,
Faber Castell, Telefónica y Colgate).
A partir del 2 de enero de este año, el gobierno realizó la maniobra
más agresiva: cerró las puertas del Centro Cultural con nosotros
adentro y resolvió judicialmente que debíamos abandonar el espacio,
abriendo una causa penal por ocupación. Hace 20 días que resistimos a
este hostigamiento con un Acampe Cultural que garantiza la seguridad y
la salud de lxs compañerxs que han quedado aisladxs y restringidxs de
sus derechos más básicos. El amedrentamiento por parte del gobierno se
está llevando a cabo por personal de seguridad privada no
identidifcada, policía e infantería metropolitana.
EL GOBIERNO INTENTA DESESTABILIZAR NUESTRA LUCHA Y CRIMINALIZAR
NUESTROS DERECHOS A LA HUELGA Y LA CULTURA POPULAR : NOS INTIMA A
PRESENTAR UN ALEGATO DE DEFENSA.
POR ESO ESTE JUEVES 24 A LAS 9:00HS NOS MOVILIZAMOS A LA UNIDAD
FISCAL SUDESTE (Mitre 1735) PARA IMPEDIR QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
CONTINÚE REPRIMIÉNDONOS Y DESALOJE ESTA SALA.
Convocamos a todas las organizaciones a manifestarse de forma
integral, dejando de lado las banderas partidarias y apostando a la
unidad de artistas y trabajadores. Creemos en la organización
horizontal y asamblearia, donde construimos desde la diversidad. Por
eso es que decidimos marchar unidos bajo una misma consigna que nos
represente a todos en esta coyuntura política. Concentramos en la
Plaza Seca (Sarmiento 1551) a las 8.30hs del Jueves.

¡NI DESALOJO NI TRASLADO DE LA SALA ALBERDI!
¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡NO A LA PRIVATIZACION DE LA CULTURA POPULAR!

Por los Derechos Humanos, la Justicia y la Paz: alzamos la voz con dignidad!

Por los Derechos Humanos, la Justicia y la Paz: alzamos la voz con dignidad!

A 64 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, alzamos nuestras voces junto a todas las luchadoras y luchadores que nos precedieron, y decimos con fuerza: NI UN PASO ATRÁS! POR LA JUSTICIA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ: PARAGUAY ALZA SU VOZ CON DIGNIDAD!

Los derechos básicos a la vida y la libertad no son respetados en un país donde una minoría mafiosa robó la democracia 6 meses atrás, donde se mantienen presos políticos para justificar un régimen ilegal e ilegítimo, donde se asesinan luchadores y luchadores para acallar las voces de la justicia, donde día a día no se garantizan las condiciones mínimas de salud, educación, tierra, vivienda y trabajo a una inmensa mayoría de la pueblo.

Un Estado cuyo modelo productivo y político mantiene a más de la mitad de la ciudadanía en condiciones de pobreza y de miseria, es un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos. Un Estado que garantiza la justicia y la libertad solamente a los mafiosos y a las cúpulas poderosas, es un Estado orientado a mantener la opresión y la explotación del pueblo, violando todos los días los Derechos Humanos.

Un Estado que criminaliza las luchas de la ciudadanía que exige pacíficamente sus derechos, que reprime movilizaciones pacíficas, que realiza desalojos violentos y represivos a comunidades que luchan por la vida, un Estado que encarcela a inocentes, que mantiene presas y presos políticos, que viola todo debido proceso y que se niega a esclarecer los hechos y demostrar la verdad, dejando en impunidad y libertad a los verdaderos criminales, es un Estado que viola día a día, hora a hora, segundo a segundo los Derechos Humanos.

En este día de los Derechos Humanos, nos movilizamos paraguayos y paraguayas para denunciar, con toda la fuerza que la justicia exige, una de las mentiras más asquerosas y criminales de las últimas décadas: la burla de la Fiscalía, que lejos de investigar está preparando la condena para las presas y presos políticos del Caso Curuguaty, campesinos y campesinas que están siendo víctimas de un Estado paraguayo dominado por la mafia y el narcotráfico que es incapaz de garantiza un debido proceso.

Exigimos el inmediato esclarecimiento de la Masacre de Curuguaty, montaje que costó la vida de 18 paraguayos, con el reciente asesinato a sangre fría del compañero Vidal Vega el 01 de diciembre. Las cúpulas mafiosas de la oligarquía, hoy en el gobierno de facto, buscan apañar la investigación sobre los reales sucesos de Curuguaty, por lo que a través de su brazo operativo en la Fiscalía viene armando un montaje que excluye de la investigación pruebas contundentes que permitirían conocer la verdad de esta terrible masacre.

La Plataforma de Estudios e Investigaciones sobre Conflictos Campesinos (PEICC) relevó una cantidad de datos que obligan a la apertura de varias líneas de investigación sobre el Caso Curuguaty, puesto que se cometieron errores gravísimos desde el 15 de junio a esta parte. Sin embargo, el fiscal de la causa presentará este 16 de diciembre ante el juez la acusación, plagada de irregularidades, acelerando el proceso porque cada vez hay más pruebas que desmienten su versión montada que solo busca incriminar a inocentes y proteger a los mafiosos criminales.

El pueblo exige en las calles, en las plazas, en las misas, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en todo el Paraguay y en todo el mundo, justicia y esclarecimiento, y pregunta: QUE PASÓ EN CURUGUATY!

No queremos más montajes ni mentiras, exigimos la verdad! Verdad y justicia a los verdaderos asesinos de Vidal Vega y de los 17 paraguayos asesinados el 15 de junio! El Fiscal Jalil Rachid debe ser removido, las y los presos políticos deben ser liberados, las familias de las víctimas deben ser indemnizadas, las tierras de Marina Cué deben ser recuperadas y los verdaderos criminales deben estar tras las rejas.

Somos un pueblo fuerte, lleno de dignidad y coraje, que no se deja amedrentar frente las cobardes amenazas de aquellos retrógradas que quieren volver a ese pasado dictatorial que los formó y enriqueció. Un pueblo libre porque lucha por su libertad, y unido porque crece desde abajo, desde cada campesino y campesina, joven, mujer, indígena, profesional, empresario honesto, desde cada trabajador y trabajadora que construye en el día a día esa Patria donde nadie vive a costa de nadie, donde todos vivimos, soñamos, crecemos y nos desarrollamos juntos con independencia, libertad, justicia y soberanía.

Queremos un Paraguay que honre a la rica historia de lucha y dignidad de su pueblo. Queremos un Paraguay a la altura del amor y del coraje de su gente. Queremos un Paraguay desarrollado. Queremos un Paraguay con justicia. Queremos un Paraguay con democracia. Queremos un Paraguay con paz. Y SABEMOS QUE CON EL PUEBLO ORGANIZADO Y EN LUCHA, SI SE PUEDE!

Este mensaje justo, este mensaje necesario, esta lucha urgente se está extendiendo a muchos pueblos del mundo que hoy se solidarizan con el pueblo paraguayo. Para ellos nuestro agradecimiento y nuestro pedido de unidad para continuar en este camino de lucha por la paz y la democracia con justicia social, contra el golpismo.

Porque estamos convencidos que en la unidad de todos los patriotas está el camino de los derechos humanos, de la paz, la justicia y la libertad. Porque no tenemos miedo, y no vamos a callar hasta lograr justicia, democracia y paz, que solo lograremos con nuestra liberación integral;

 

¡Exigimos el esclarecimiento del Caso Curuguaty y del asesinato del compañero Vidal Vega!

¡Libertad para las presas y presos políticos! ¡Indemnización a las familias víctimas de la Masacre!

¡Recuperación de las Tierras Malhabidas!

¡Cárcel para los verdaderos responsables del terrorismo y de las violaciones a los DDHH!

Por la paz, la justicia y la dignidad: ni un paso atrás!

Viva el Paraguay!!

 

 Mesa de Unidad de Organizaciones Sociales y Políticas

Asunción, 10 de diciembre 2012

poema en guaraní

Un poema de la poeta y periodista bilingüe Susy Delgado.

Fotografía: AP/Jorge Saenz.

… Paraguái opáy
ojetyvyro
oporoja’o…
Pochy guasuete
pochy jopara
pochy guarara
okapu ojera
ñaneñuamba…
… Iñakä guasúva
iñe’ë hetáva
hyvatä poräva…
Oisu’úva iróva
iñe’ë moköiva
ha oiko tavahúpe…
Ha ndoisu’uvéiva
ni ikanguekue
ongururumíva
ñe’ë peteïme
ymaite guive…
Opu’ä okorói…
OKAPU
OJERA
PARAGUÁI IKUERÁI!

Keeping up the fight

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Recurso judicial de Rachid limita a los sacerdotes en los hospitales

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Recurso judicial de Rachid limita a los sacerdotes en los hospitales

La jueza Elena Liberatori dispuso que los curas que trabajan en hospitales públicos sólo deben brindar ayuda a personas que lo requieran. Lo hizo en el marco de un amparo en el que piden eliminar el cargo de capellán como empleado público.

* Por Carla Perelló

La jueza porteña Elena Liberatori hizo lugar a una medida cautelar para que capellanes y religiosas que trabajan en hospitales públicos porteños tengan la “prohibición expresa” de difundir datos sobre pacientes y dispuso que “únicamente” brinden ayuda espiritual a las personas que lo requieran. La controversia en torno de su función dentro de las instituciones de salud se inició cuando Fernando Llambías, capellán del Hospital Ramos Mejía, habría transmitido a una asociación antiabortista los datos de una mujer víctima de trata de personas que iba a practicarse un aborto no punible y le hicieron un escrache en la puerta de su casa para disuadirla de su decisión. El recurso fue presentado por la legisladora María Rachid (Frente para la Victoria) que, como parte de la misma presentación, reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 38.397, aprobada durante la última dictadura cívico militar, que otorga privilegios a curas y monjas de la Iglesia Católica frente a otros cultos para cumplir funciones en hospitales públicos y hogares de la ciudad. La legisladora consideró que se trata de una normativa “injusta, autoritaria y discriminatoria”.

Rachid precisó que tuvo la dimensión de estos privilegios al tener “conocimiento de situaciones de distintas personas que se sintieron ofendidas por la irrupción de capellanes en las habitaciones”. Según la cautelar dictada ayer por la Justicia porteña, de ahora en más, “deberá dejarse la debida constancia administrativa” de las personas que requieran ayuda espiritual y el mismo procedimiento deberá cumplirse en el caso de pastores evangélicos y rabinos u otras personas que realicen tareas espirituales, señaló Liberatori en el fallo, al que tuvo acceso Página/12. Además, los representantes de otros cultos no deberán “requerir autorización al capellán del establecimiento”, como ocurre hasta ahora.

La jueza también determinó la “prohibición expresa de difundir datos” de las personas que permanezcan en hospitales u hogares municipales; en caso contrario, las autoridades del lugar “deberán realizar las respectivas denuncias”.

Liberatori consideró en el fallo que la mujer que estaba internada en el Ramos Mejía a la espera de un aborto no punible, señalada por Llambías, sufrió “violencia simbólica del Estado”. Argumentó que “la imposición de representantes de una religión en particular desde el poder estatal configura y delimita el imaginario social” de los habitantes.

“Cuando mates a tu hijo todas las campanas de las iglesias tocarán al mismo tiempo.” Esas palabras fueron las que Llambías pronunció a la mujer para que diera marcha atrás con la decisión de realizarse un aborto no punible –según declaró la propia víctima– violando leyes nacionales que la protegen por haber permanecido cautiva de una red de trata de personas y sometida a reiteradas violaciones. “Nadie está en contra de que haya asistencia espiritual para quien lo solicite. El tema es que el Estado no se la imponga a nadie ni que se privilegie un culto sobre otros”, señaló Rachid.

El capellán habría accedido a los datos en el marco de la ordenanza que aún está vigente en la Ciudad de Buenos Aires –desde 1982, sancionada en reemplazo al decreto 4806 del 2 de agosto de 1973–, que considera a curas y monjas empleados del Estado. La normativa es una suerte de reglamento que establece funciones, derechos y obligaciones de capellanes y religiosas. Entre ellos, por la ayuda espiritual que brindan cobran un sueldo como empleados públicos y la Ciudad les debe garantizar “alojamiento independiente y amueblado”, “atención doméstica a cargo de los servicios generales del establecimiento” y hasta “alimentación, aseo y planchado de la ropa”.

En pos de preservar el Estado laico, la libertad de conciencia y de culto, Rachid pidió que “se les reasignen funciones, conforme a sus capacidades”, para garantizar su estabilidad laboral o, “de no ser ello posible, se los indemnice”. También solicitó que, en caso de que una persona esté atravesando por una situación muy dolorosa, el centro de salud “debe responder con asistencia profesional, como con un psicólogo”. En las veinte páginas que Rachid presentó, explica que la inconstitucionalidad de la ordenanza refiere a tres factores en particular: el carácter laico de la Ciudad, la libertad de conciencia y, por lo tanto, el derecho a la asistencia religiosa, filosófica, espiritual de todas las personas.

La ordenanza también exime a los religiosos de ser calificados en su desempeño como el resto de los empleados públicos. “No es justo que con los impuestos de los porteños, en vez de calefacción e insumos para los hospitales, estemos pagando los sueldos de capellanes de un culto, que tienen acceso a los pacientes y sus historias clínicas aun cuando éstos no lo han autorizado, sea porque no lo desean o porque pertenecen a otros credos, quienes tienen que pedirle autorización al capellán para poder ingresar al hospital”, dijo Rachid a Página/12.