Chasque
ARTIGUISTA
SINDICATOS RURALES DENUNCIAN ATROPELLOS Y
RECLAMAN
TIERRA
- La lucha de los peones de
estancia (la diaria)
CASCOS DE ESTANCIA
(14/12/12)
TRANQUERA ABIERTA
(19/12/12)
POR LA PORTERA GRANDE
(28/12/12)
LEJOS DE LA LEY. LEY PARA TODOS
(02/01/13)
- Denuncias de la UNATRA (la
diaria)
AGUA NO POTABLE, ENCIERRO Y
DESALOJO (08/11/12)
SE COMPRUEBAN DENUNCIAS (09/01/13)
A CUMPLIR ESTATUTO DEL TRABAJADOR
RURAL (11/01/13)
- Bella Unión lucha por la
tierra (Comunicados)
REUNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LUCHA POR LA TIERRA
(15/01/13)
POR
TIERRA PARA TRABAJADORES ASALARIADOS
(22/01/13)
- Estudiantes de Agronomía por
otro Agro (Brecha)
REMAR CONTRA LA AGROCORRIENTE
(25/01/13)
- La lucha de los peones de
estancia (la diaria)
CASCOS DE ESTANCIA
(14/12/12)
Trabajador rural despedido tras intentar formar
sindicato; su patrón no quiere que le “vengan a poner leyes”
El trabajador rural se desempeñaba como capataz en la
estancia La Tortuga, ubicada en la localidad de Pueblo del Barro, en el
departamento de Tacuarembó. El 2 de diciembre participó en una reunión con
asalariados de otros establecimientos ganaderos para intentar conformar un
sindicato de base, en el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y
Afines (UNATRA), que integra el PIT-CNT.
Un día después fue despedido y ahora el caso se está
tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la
estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier
intento de que le “vengan a poner leyes
en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se
encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se
habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían
acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a
Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del
trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería
dejar de trabajar en el lugar.
En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la
situación ante el sindicato de base de la UNATRA recién conformado. Los
delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes
a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado
Antonio Rammauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores,
asistiendo además funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de negociación, el
empleador negó “rotundamente” que
haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según
explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no
tenía “las capacidades” para
desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea
argumental a partir de otras consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa
fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron
que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un
abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Rammauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a
su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente
comunicándose por teléfono.
Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una
vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en
ese momento se “dio cuenta” de que no
tenía “capacidad” para el campo. Eso
a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de
capataz, según indicó Rammauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo
no quiere “ningún sindicato” y que
tampoco quiere que “le vengan a poner
leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarembó Edgardo
Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con
el capataz despedido.
“Aunque la
Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen
existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes
laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión
del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a
alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió
ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó.
Las partes se volverán a reunir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la
presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es
reintegrado, el caso será llevado a la Justicia.
“Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y
los argumentos presentados “son
contundentes”, explicó Rammauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo
para presentar el caso por “vía
judicial”, según indica la normativa, agregó. Rammauro recordó que el
trámite ante la Justicia “demora sólo
diez días”.
El empresario es contador público, propietario de 14
estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La
Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera
Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico
Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores.
La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo
de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo
acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical,
pero el empresario “se mostró
intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en
las actas taquigráficas.
Luis
Rómboli
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TRANQUERA ABIERTA
(19/12/12)
DINATRA
pidió que estanciero retome a trabajador rural despedido por formar sindicato y
dio plazo de tres días para respuesta.
Un asalariado rural que se desempeñaba como capataz en la
estancia La Tortuga, en la localidad de Pueblo del Barro (Tacuarembó), fue
despedido por el propietario el 3 de diciembre, un día después de que el
empleado participara en una reunión para conformar un sindicato de la Unión
Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).
El asalariado y la organización consideran que la medida
adoptada por el estanciero configuró un caso de persecución sindical, por lo que
presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) para
pedir que sea reintegrado.
El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado
Antonio Rammauro y una delegación de la UNATRA, se reunió con el propietario del
establecimiento, Diego Ortiz, y funcionarios de la DINATRA. Ayer tuvo lugar la
segunda audiencia, en la que participaron, además del trabajador, Ortiz y sus
abogados, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, el secretario de
Desarrollo Productivo del PIT-CNT, Ruben Hernández, y la dirigente de la UNATRA
María Flores. Rammauro, asesor del trabajador, explicó que la delegación del
gobierno sostuvo que la empresa “no había
puesto ningún elemento sobre la mesa que hiciera caer la presunción de que el
despido es una actitud antisindical” y, por lo tanto, le propuso al
estanciero que reintegre al trabajador con el salario que ganaba cuando fue
despedido, “sin entrar a discutir la
categoría, si es como capataz o como peón”.
El estanciero tiene plazo hasta el viernes al mediodía
para aceptar, rechazar la propuesta o presentar una contrapropuesta por escrito
en la DINATRA. Según Rammauro, Ortiz adelantó que una solución podría ser “conseguirle trabajo en otro de los
establecimientos” que le pertenecen o un empleo “mejor” en una estancia de otro
propietario. Ortiz es dueño de 14 estancias y del frigorífico Durazno. El
empresario “se quejó” de que el tema
haya tomado “notoriedad” y dijo que
“se había transformado en un tema
político”, pero “negó rotundamente” que tenga “problemas con los
sindicatos”, indicó Rammauro. El asesor del trabajador explicó que esperarán la
respuesta del estanciero y, en caso de existir una contrapropuesta, la DINATRA
deberá convocar a otra audiencia. Si las negociaciones “no prosperan, activaremos el mecanismo
judicial”, recurriendo a la Ley de Fuero Sindical, concluyó
Rammauro.
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POR LA PORTERA GRANDE
(28/12/12)
Acuerdo
en DINATRA reintegra a trabajador rural despedido por sindicalizarse, tras
marcha atrás del empleador.
El estanciero Diego Ortiz, propietario del
establecimiento La Tortuga, ubicado en Pueblo del Barro, departamento de
Tacuarembó, aceptó ayer reintegrar al trabajador rural que había despedido el 3
de diciembre, un día después de participar en una reunión del Sindicato de
Peones de Estancias, una organización de base que nuclea a asalariados rurales
de establecimientos ganaderos extensivos, y que funciona vinculado a la Unión
Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).
El asalariado y la UNATRA denunciaron al estanciero ante
la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) por persecución sindical y pidieron
su reintegro.
Este mes se llevaron a cabo varias audiencias en las que
Ortiz negó haber despedido al trabajador por su sindicalización. Planteó en
cambio, que el motivo de la medida se debió a que se dio cuenta que el peón no
estaba “capacitado para la tarea”.
Sin embargo, en la primera audiencia, cuando el estanciero hizo sus descargos
contra el trabajador, no se dio cuenta de que éste estaba sentado frente a él.
Cuando le informaron de la presencia del asalariado en la reunión, Ortiz “tuvo que cambiar la argumentación y quedó en
evidencia”, explicó el abogado de UNATRA, Antonio Rammauro.
El 11 de diciembre, las autoridades entendieron que el
estanciero “no había puesto ningún
elemento” para evitar “la
presunción” de que el despido fue una “actitud antisindical” y propusieron el
reintegro del trabajador con el mismo salario que ganaba cuando fue despedido,
agregó Rammauro.
Este miércoles, agotado el plazo otorgado por la DINATRA
al empleador, se realizó la última audiencia formal, pero sin un acuerdo.
Incluso, se redactó un acta para dejar constancia del fracaso de la negociación
tripartita. Pero ayer en la mañana Ortiz concurrió a DINATRA dispuesto a reabrir
la negociación y tras una reunión con representantes del gobierno y sindicales
se firmó un acuerdo que establece el reintegro del trabajador a partir del 2
enero con un sueldo equivalente al que tenía, aunque con el aumento de enero
incluido y en las mismas condiciones laborales previas al despido.
Como la mayoría de los participantes de las anteriores
instancias, incluido el trabajador despedido, ya no estaban en Montevideo, se
negoció en las oficinas de la DINATRA y por vía telefónica hasta que se acordó
una fórmula.
Un punto controvertido fue el reclamo del trabajador del
pago de los días desde que se efectivizó el despido, pero se consiguió acordar
el pago de una “partida especial por
única vez” de 8.500 pesos, sin que figurara en el acta como “jornales caídos”, explicó
Rammauro.
Se tuvo especial cuidado en la redacción del acuerdo para
que no se desprendiera que “había algún
culpable”. Incluso, se dejó constancia que las partes “se disculpan una con la otra por si fueron
ofensivas en algún momento de la negociación”, agregó el abogado. “No se documentó que fue un caso de despido
antisindical”, pero tampoco la versión del estanciero de que el “trabajador no tenía las facultades para
desempeñarse en la tarea”, dijo Rammauro. Lo importante es que “el trabajador se reintegra al
establecimiento donde se desempeñaba para hacer las mismas tareas, con el
salario que ganaba y con la seguridad de poder continuar con la actividad
sindical”, concluyó Rammauro. Hoy el director Nacional de Trabajo, Luis
Romero, se trasladará a Tacuarembó para que el trabajador, que le dio el visto
bueno a la fórmula por vía telefónica, firme el acta personalmente.
Ortiz, propietario de unas 14 estancias en diferentes
departamentos del centro del país y del frigorífico Frigocerro S.A. de Durazno,
se quejó en las audiencias por la notoriedad que había tomado la situación, que
“se había transformado en un tema
político”. Consultado ayer por la
diaria, el empresario no quiso hacer declaraciones.
César Rodríguez, delegado del Sindicato de Peones de
Estancias, evaluó que el reintegro implica “una gran satisfacción” y un ejemplo de
que “las cosas cuando se hacen
prolijamente, no fracasan”. A partir de este caso, recibimos “infinidad de llamados de trabajadores que
están en situaciones irregulares y eso nos pone en el gran desafío de continuar
creciendo para sanearlas”.
Luis Rómboli
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LEJOS DE LA LEY. LEY PARA TODOS
(02/01/13)
Peones
de estancia trabajan “de sol a sol” y no se respeta el límite de jornada,
afirman desde sindicato.
César Rodríguez es una de las caras visibles del
Sindicato de Peones de Estancias, que se conformó recientemente y que nuclea a
trabajadores de Tacuarembó y zonas de influencia. En diciembre uno de sus
integrantes fue despedido por haberse sindicalizado, lo que motivó una denuncia
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras varias audiencias,
el estanciero lo reintegró. A pesar de eso, Rodríguez espera “más reacciones” de
ese tipo contra la incipiente organización sindical.
-¿Cuándo
se formó el Sindicato de Peones de Estancias?
-Se fundó el 28 de octubre en una asamblea de peones
rurales en Pueblo del Barro, una localidad que está a unos 70 kilómetros de
Tacuarembó capital, por la ruta 26. Asistieron unos 50 trabajadores entre
peones, jornaleros, capataces, encargados de establecimientos, gente con y sin
especialización y algunos con mucha antigüedad en el ramo. Muchos estaban
hablando desde hace tiempo sobre la necesidad de juntarse y tener información de
primera mano sobre los acuerdos salariales, estatutos y lo que el patrón tiene
que hacer.
-¿Cuáles
son los principales problemas que enfrentan?
-Se habló de la presencia de trabajadores brasileños
indocumentados, y de situaciones como las que tenemos en Salto, donde hay
establecimientos sin agua potable, sin energía de ningún tipo. El trabajador que
fue despedido y retomado estaba a cargo de una estancia de 4.000 hectáreas, sólo
con dos ayudantes. Reglamentariamente no existe nada que obligue a los patrones
a tener un peón cada 500 hectáreas, por ejemplo. Hay un vacío legal en eso.
Tenemos que empezar a hablar sobre la creación de categorías y cuáles
herramientas de trabajo te tienen que dar. El estatuto dice que el trabajador
tiene que recibir herramientas, pero no especifica cuáles. Los trabajadores
rurales históricamente andan con su recado propio y armarte uno completo debe
costar unos 8.000 pesos. Un recado tiene básicamente una jerga de lana tejida,
una carona de suela gruesa sobre la que va el recado con estribera y estribos, y
además cincha, pelegos, frenos, bozal y rebenque.
-¿El
horario de trabajo sigue sin respetarse?
-Este trabajo es “el sin horario”. Incluso en el recibo
de algunas estancias dice literalmente: sin horario. En algunos lugares se ha
emprolijado, pero en otros se sigue trabajando de sol a sol. La gente pide que
el MTSS llegue con inspecciones. También hay reclamos sobre liquidaciones de
sueldos, aguinaldos, vacacionales, porque la gente no sabe si le están pagando
bien o mal, o si están en blanco o en negro, y no tienen a quien recurrir, ni
accesibilidad para un abogado.
-Las
inspecciones no llegan…
-Es que son lugares sumamente aislados, donde los
inspectores tienen dificultades para llegar y a veces la portera está cerrada
con candado. Las inspecciones deberían ser combinadas, del MTSS con el Banco de
Seguros.
-La
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca ha colaborado en este
proceso.
-La DGDR tiene el proyecto de fortalecimiento de las
organizaciones en formación brindando asesoramiento jurídico, técnico-social,
etcétera. Hay un convenio con la Universidad de la República que puede aportar
directamente técnicos y capacitación en oficios. Queremos que los trabajadores
se empiecen a capacitar.
-¿Cómo es
el tema de la alimentación?
-Hay un ficto por alimentación y vivienda, establecido
por ley, y en cada laudo se reajusta. Dice que los trabajadores que no reciban
comida y casa, conocidos en nuestra jerga como “secos”, tienen que recibir 1.909
pesos por mes o 76 pesos diarios. Se supone que eso cubre las cuatro comidas
diarias y el estatuto es detallista en el tipo de comestibles; tiene que haber
abundante fruta, por ejemplo. Pero en las estancias los surtidos son de
elementos básicos y ahora le sacaron hasta la yerba. Hemos constatado que en
algunos grandes establecimientos la gente no come bien.
-¿Cómo es
la relación con los demás sindicatos rurales y con el
PIT-CNT?
-Establecimos el vínculo formal con el PIT-CNT en
Tacuarembó, al participar en los plenarios, y con la Unión Nacional de
Trabajadores Rurales y Afines estamos en contacto permanente. La situación del
trabajador despedido y reintegrado nos fortaleció e hizo que recibiéramos mucho
apoyo. Pero prevemos que ese tipo de reacciones pueden llegar a ser más
frecuentes. Ahora empezamos una campaña de afiliación fuerte que va a ir hasta
el 30 de abril, que es el Día Nacional del Trabajador Rural, apuntando a ampliar
la zona de influencia, el espectro de trabajo y fortalecer la
organización.
-Es común
que los asalariados rurales también trabajen en emprendimientos propios o
familiares...
-Sí, en mi zona hay tres compañeros que son capataces,
viven en el establecimiento donde trabajan y además accedieron a un predio que
se explota en común, y ahora hay un rodeo que es propiedad del grupo. El predio
está administrado por el Instituto Nacional de Colonización. Así logran un
complemento del sueldo que ganan trabajando en las estancias. También hay
pequeños productores familiares que explotan predios de su propiedad.
Luis Rómboli
- Denuncias de la UNATRA (la
diaria)
AGUA NO POTABLE, ENCIERRO Y
DESALOJO (08/11/12)
UNATRA
denuncia violaciones al Estatuto del Trabajador Rural y actuación “lamentable”
de la Policía durante un desalojo.
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y
Afines (UNATRA) denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
la situación de dos asalariados rurales que se encuentran “encerrados” en la estancia Las
Merceditas, ubicada sobre la ruta 45, cerca de Sarandí Grande, en el
departamento de Florida.
La dirigente de UNATRA María Flores explicó a la diaria
que el capataz dejó a los trabajadores dentro del establecimiento y “cerró la portera con candado” para que
“no entre ni salga nadie”. Se trata
de una estancia ganadera y los dos asalariados están a cargo de unos 3.000
animales entre vacunos y ovinos.
Flores agregó que como no hay agua potable, “están tomando agua de una cachimba” que
deben hervir antes de consumir. Uno de los trabajadores, que tiene problemas de
salud, “se enfermó” y por esta razón
durante su último descanso mensual llegó hasta la localidad de Puntas de Maciel
y decidió denunciar allí la situación ante el sindicato.
Flores agregó que los asalariados “no están registrados” y que pidieron “una visita” de la Inspección General de
Trabajo al establecimiento para constatar las irregularidades. Sin embargo,
explicó que muchas veces los inspectores llegan a los establecimientos y “como no pueden entrar porque las porteras
están cerradas con cadenas y candados”, la inspección del MTSS no se
concreta.
El trabajador que hizo la denuncia dijo ayer en diálogo
con la diaria que cuando dejó de
tomar agua del pozo del lugar empezó a sentirse mejor, aunque siguen sin beber
agua potable, ya que ahora utilizan la de un pozo que “está un poco más lejos”. Si bien la
falta de agua es el problema más importante porque “esta en juego la salud”, el asalariado
confirmó que desde hace seis meses están “trabajando en negro”, sin horario, ya
que “a veces son las diez de la noche y
todavía estoy haciendo alguna cosa”. Agregó que gana 300 pesos por día, un
salario que considera “muy bajo” para
todas las tareas que realiza. En diciembre, recibió 2.150 pesos “como aguinaldo” y hasta ahora no ha
tenido “licencia de ningún
tipo”.
Respecto de la falta de agua potable, Flores expresó que se trata de “graves incumplimientos” del nuevo Estatuto del Trabajador Rural, que entró en vigencia con el decreto del Poder Ejecutivo de junio de 2012. Entre otras cosas, dice que en todo establecimiento rural deberá existir “agua potable en cantidad suficiente” y que deben “observarse las normas de higiene convenientes en la producción, conservación y distribución del agua, a cuyos efectos el empleador suministrará los elementos adecuados”, explicó Flores.
OCUPANTES PRECARIOS
No muy lejos de ese lugar, en un establecimiento cercano
a la localidad de Estación Goñi, también en Florida, un trabajador rural fue
obligado por la Policía a devolver la llave y desalojar la vivienda que le
habían otorgado en el lugar, tras “ser
notificado de su despido”. Flores dijo que este hecho configura una “violación” al nuevo Estatuto, ya que
éste establece que en caso de despido, la acción de desalojo debe seguir el
proceso judicial y los plazos correspondientes al “ocupante precario”. Sin embargo, en este
caso, el trabajador fue desalojado del establecimiento “antes de que se cumplieran 30 días”
desde que fue despedido, nunca se le entregó orden judicial por escrito y la
participación de la Policía de la Seccional 13ª de Goñi fue “lamentable”, según evaluó
Flores.
El asalariado dejó de concurrir al establecimiento el 3
de diciembre, y el 19 le alcanzaron una citación policial para “entregar la llave de la casa del
establecimiento y sacar todo lo que tenía”, explicó el trabajador a la diaria. Tras concurrir a la seccional
policial, los uniformados le dijeron que “si no hacía lo que decían iba a quedar
detenido en ese momento”. Le indicaron que habían recibido “una orden verbal del juez”. El
trabajador entregó las llaves a la Policía y al otro día, tras conseguir un
medio de transporte para llevarse sus pertenencias, fue hasta el
establecimiento, donde lo esperaban un móvil policial y varios
uniformados.
Las llaves se las habían entregado al dueño de la
estancia, que se hizo presente para abrir la puerta de la vivienda. El
trabajador comenzó a retirar las cosas mientras los policías “hacían un inventario de lo que iba sacando
de la vivienda y revisaban todo”, explicó. Luego del incidente, el
trabajador se presentó a hacer la denuncia ante la UNATRA. Aún no ha cobrado la
liquidación ni el salario del último mes trabajado. Según Flores, el asalariado
“tuvo que pagar un transporte para
trasladar sus pertenencias aunque no tenía plata”, aunque en el Estatuto
dice que si se carece de recursos el empleador debe “facilitar los medios para el traslado de la
persona y de sus cosas”.
En cuanto al despido, el trabajador explicó que a fines
de noviembre le entregó a su empleador una hoja con el cálculo de lo que debía
cobrar según le habían informado en la
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