El Pueblo Kitu Kara frente levantamiento de octubre de 2019
El levantamiento indígena y popular de octubre sorprendió a todos; a unos porque fue más allá de lo previsto; y a otros porque creían que el movimiento indígena no volvería recuperar su anterior fortaleza, o porque consideraban que el pueblo ecuatoriano se encontraba desesperado e indiferente. Pero muchas veces la realidad se mueve más rápido que los deseos, y el movimiento indígena y popular reaparece con una renovada potencia y logra un significativo triunfo al hacer retroceder al gobierno neoliberal y su intención de implementar el plan fondomonetarista.
La fuerza vino desde abajo, desde las comunas, desde las organizaciones de segundo grado, desde los sistemas comunitarios de agua, desde los territorios en resistencia antiminera, etc. Todos se movilizaron desde el primer día del paro nacional, convocando a los no organizados y resistiendo la dura represión militar y policial. Al ver que el gobierno amenazaba y minimizaba la protesta, decidieron marchar a Quito y declarar el levantamiento. En el camino a la capital, la gente de las ciudades y parroquias por donde pasaba la marcha se solidarizó, dialogó y se sumó. En los últimos días de movilización no hubo ciudad o centro poblado, por más pequeño que sea, que no saliera a la calle y a las plazas. En Quito, el levantamiento fue general: mujeres, hombres, jóvenes, niños, adulto mayores, trabajadores, estudiantes, profesionales, familias, todos hicieron de los espacios públicos tribunas donde gritar “Fuera el Fondo Monetario Internacional”, “Abajo el paquetazo”, “Viva el paro”, “Abajo Lenin”, “Arriba el movimiento indígena”.
Las comunas y comunidades de Quito, junto al Pueblo Kitu Kara, también se movilizaron desde los primeros días. Tomaron control de las calles, y cuando los compañeros de provincias entraron a Quito, los recibieron con todo el apoyo anímico y logístico, brindándoles hospedaje y ayuda permanente con comida, medicinas, ropa, cobijas, etc.
El levantamiento fue una necesidad de defensa contra la violencia del Estado por las drásticas medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, porque todos sentían el perjuicio directo a sus bolsillos y al de sus familias. La razón del levantamiento estaba clara, su objetivo también: derogar el paquetazo antipopular del gobierno ecuatoriano.
De su parte, las cámaras empresariales, los grandes medios de comunicación privada y pública, los militares y policías, juntos con el gobierno, y con el amparo y la complicidad del FMI y de la OEA, se presentaron como un sólido bloque de poder. Y muy confiados por eso, atacaron a los movilizados con una violencia inaudita, solo vista en regímenes dictatoriales, dejando como consecuencia muertos, heridos, desaparecidos encarcelados, todos del lado del pueblo, de los levantados. Todos los sectores del poder siguen amenazando y exigiendo al gobierno más represión, criminalización de la protesta social, persecución y castigo contra todos los dirigentes del levantamiento.
Pero ni todo el poder del Estado ni la salvaje represión hicieron retroceder el descontento que un pueblo que se cansó de esperar por un gobierno incapaz de gobernar con equidad y democracia en favor de las mayorías. La subida exorbitante de los precios de los combustibles y con ellos la suba de los pasajes y los alimentos, sumado a la falta de trabajo, hacen que la gente no crea en la propaganda gobiernista que nos quiere hacer creer que el país estuvo frente a una terrible amenaza de golpe de Estado, que la movilización indígena y popular fue manipulada por presencias oscuras y que fue impulsada y alimentada por financiamiento internacional. Pero ni las mentiras absurdas del gobierno ni la declaratoria de Estado de emergencia o toque de queda hizo retroceder la lucha; más bien todo lo contrario: los indígenas, los trabajadores, el pueblo entero, alzaron más su voz de protesta y con su fuerza colectiva arrastraron a sus dirigentes a mantener el levantamiento y a dar respuestas políticas concretas.
Ante esta fuerza avasalladora del movimiento indígena y de los sectores populares, el gobierno no tuvo otra salida que aceptar la derogatoria del Decreto 883, causante de la crisis.
El pueblo aprendió con su propia experiencia que la lucha y la unidad es la mejor arma política contra un Estado y un gobierno opresor, contra esa clase empresarial que no entiende nada de democracia ni de justicia, y que solo sabe llenarse sus bolsillos a costa del sufrimiento de las grandes mayorías.
Si bien el gobierno derogó el Decreto 883 y se instaló una mesa de diálogo, las acciones y declaraciones del Presidente Moreno y de sus ministros, así como de las cámaras empresariales y de los partidos de derecha –PSC, CREO- ponen en evidencia que no aprendieron nada del levantamiento. Ellos se están preparando para una arremetida igual de violenta contra las organizaciones. Si había gente que dudaba de la existencia de la lucha de clases, si había quienes creían que no más era un invento de la izquierda, los empresarios nos están demostrando que es una realidad, pues anuncian que nos harán pagar caro nuestra osadía de luchar por un mundo más justo, plurinacional, democrático y equitativo.
La lucha no ha terminado, las dos tareas más urgentes son impedir que el gobierno de Lenin Moreno vuelva a insistir en medidas neoliberales que perjudican a los sectores populares, y por otro lado sacar todas las lecciones que nos deja el levantamiento para fortalecer nuestras organizaciones, demandar el respeto a nuestros derechos de manifestarnos y protestar, exigir la libertad de nuestros hermanos y hermanas detenidos y desarrollar más nuestras propuestas.
La fuerza vino desde abajo, desde las comunas, desde las organizaciones de segundo grado, desde los sistemas comunitarios de agua, desde los territorios en resistencia antiminera, etc. Todos se movilizaron desde el primer día del paro nacional, convocando a los no organizados y resistiendo la dura represión militar y policial. Al ver que el gobierno amenazaba y minimizaba la protesta, decidieron marchar a Quito y declarar el levantamiento. En el camino a la capital, la gente de las ciudades y parroquias por donde pasaba la marcha se solidarizó, dialogó y se sumó. En los últimos días de movilización no hubo ciudad o centro poblado, por más pequeño que sea, que no saliera a la calle y a las plazas. En Quito, el levantamiento fue general: mujeres, hombres, jóvenes, niños, adulto mayores, trabajadores, estudiantes, profesionales, familias, todos hicieron de los espacios públicos tribunas donde gritar “Fuera el Fondo Monetario Internacional”, “Abajo el paquetazo”, “Viva el paro”, “Abajo Lenin”, “Arriba el movimiento indígena”.
Las comunas y comunidades de Quito, junto al Pueblo Kitu Kara, también se movilizaron desde los primeros días. Tomaron control de las calles, y cuando los compañeros de provincias entraron a Quito, los recibieron con todo el apoyo anímico y logístico, brindándoles hospedaje y ayuda permanente con comida, medicinas, ropa, cobijas, etc.
El levantamiento fue una necesidad de defensa contra la violencia del Estado por las drásticas medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, porque todos sentían el perjuicio directo a sus bolsillos y al de sus familias. La razón del levantamiento estaba clara, su objetivo también: derogar el paquetazo antipopular del gobierno ecuatoriano.
De su parte, las cámaras empresariales, los grandes medios de comunicación privada y pública, los militares y policías, juntos con el gobierno, y con el amparo y la complicidad del FMI y de la OEA, se presentaron como un sólido bloque de poder. Y muy confiados por eso, atacaron a los movilizados con una violencia inaudita, solo vista en regímenes dictatoriales, dejando como consecuencia muertos, heridos, desaparecidos encarcelados, todos del lado del pueblo, de los levantados. Todos los sectores del poder siguen amenazando y exigiendo al gobierno más represión, criminalización de la protesta social, persecución y castigo contra todos los dirigentes del levantamiento.
Pero ni todo el poder del Estado ni la salvaje represión hicieron retroceder el descontento que un pueblo que se cansó de esperar por un gobierno incapaz de gobernar con equidad y democracia en favor de las mayorías. La subida exorbitante de los precios de los combustibles y con ellos la suba de los pasajes y los alimentos, sumado a la falta de trabajo, hacen que la gente no crea en la propaganda gobiernista que nos quiere hacer creer que el país estuvo frente a una terrible amenaza de golpe de Estado, que la movilización indígena y popular fue manipulada por presencias oscuras y que fue impulsada y alimentada por financiamiento internacional. Pero ni las mentiras absurdas del gobierno ni la declaratoria de Estado de emergencia o toque de queda hizo retroceder la lucha; más bien todo lo contrario: los indígenas, los trabajadores, el pueblo entero, alzaron más su voz de protesta y con su fuerza colectiva arrastraron a sus dirigentes a mantener el levantamiento y a dar respuestas políticas concretas.
Ante esta fuerza avasalladora del movimiento indígena y de los sectores populares, el gobierno no tuvo otra salida que aceptar la derogatoria del Decreto 883, causante de la crisis.
El pueblo aprendió con su propia experiencia que la lucha y la unidad es la mejor arma política contra un Estado y un gobierno opresor, contra esa clase empresarial que no entiende nada de democracia ni de justicia, y que solo sabe llenarse sus bolsillos a costa del sufrimiento de las grandes mayorías.
Si bien el gobierno derogó el Decreto 883 y se instaló una mesa de diálogo, las acciones y declaraciones del Presidente Moreno y de sus ministros, así como de las cámaras empresariales y de los partidos de derecha –PSC, CREO- ponen en evidencia que no aprendieron nada del levantamiento. Ellos se están preparando para una arremetida igual de violenta contra las organizaciones. Si había gente que dudaba de la existencia de la lucha de clases, si había quienes creían que no más era un invento de la izquierda, los empresarios nos están demostrando que es una realidad, pues anuncian que nos harán pagar caro nuestra osadía de luchar por un mundo más justo, plurinacional, democrático y equitativo.
La lucha no ha terminado, las dos tareas más urgentes son impedir que el gobierno de Lenin Moreno vuelva a insistir en medidas neoliberales que perjudican a los sectores populares, y por otro lado sacar todas las lecciones que nos deja el levantamiento para fortalecer nuestras organizaciones, demandar el respeto a nuestros derechos de manifestarnos y protestar, exigir la libertad de nuestros hermanos y hermanas detenidos y desarrollar más nuestras propuestas.
Por el Consejo de Gobierno
Fernando Cabascango Collaguazo
PRESIDENTE
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