Superintendencia de Seguridad Federal: 43 años después de los hechos, el juicio terminó con condenas

El lunes 16 de diciembre, pasadas las 4 de la tarde, el Tribunal Oral Federal N°6 comenzó la lectura del veredicto en la causa “Gallone, Carlos Enrique y otros s/homicidio agravado, privación ilegal de la libertad”, sobre los crímenes cometidos contra 67 personas, de las cuales 15 continúan desaparecidas. Los hechos ocurrieron en el centro clandestino conocido como Superintendencia de Seguridad Federal -o Coordinación Federal-, que funcionaba en Moreno 1417, de la Capital Federal. Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero condenaron por homicidio a Eduardo Norberto Comesaña y a Raúl Guglielmineti a la pena de prisión perpetua. Carlos Enrique Gallone recibió la pena de 25 años -unificada en perpetua por sus condenas en causas anteriores-, como coautor de violación, abuso deshonesto, secuestros y tormentos agravados. A Fausto José Mingorance, a 10 años, a Rafael Oscar Romero y a Juan Manuel Grosso, a 7 años, por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. Carlos Enrique Gallone fue uno de los principales responsables de Coordinación Federal. A lo largo del debate se acumuló prueba suficiente para que la acusación que ya pesaba sobre él -privaciones ilegales de la libertad y tormentos- se ampliara a delitos de violencia sexual, que dirigió especialmente hacia las mujeres secuestradas. Entre las víctimas de Gallone estuvieron Patrick Michael Rice y Fátima Edelmira Argentina Cabrera, quienes fueron representados por el CELS en el juicio. Fátima es bajita, generosa en sus abrazos, y tiene la paciencia de muchos años en la búsqueda de justicia. Afuera de la sala del TOF 6, donde decenas de sobrevivientes, familiares, abogades e integrantes de organismos de derechos humanos se abrazaban tras la lectura del veredicto, jugaba su nieta con su papá. Fátima se emocionó e invocó la memoria de Patricio Rice, su compañero ya fallecido. Para ella la sentencia fue significativa en varios sentidos, no solo porque desde su lugar de sobreviviente pudo llevar como testigo la palabra de las y los compañeros que no están, sino porque hubo un reconocimiento de los delitos sexuales, como delitos precisos hacia las mujeres dentro del sistema de represión y de persecución política. El abogado Pablo Llonto encabezó la querella como apoderado de María Alonso, víctima sobreviviente de ese mismo centro clandestino. El CELS formó parte de la querella unificada. Centro de Estudios Legales y Sociales