Este 24 de marzo, en medio de la crisis mundial de Covid-19, conmemoramos el 40 aniversario del asesinato de Monseñor Óscar Romero y recordamos a las 75,000 personas asesinadas, con el apoyo de los Estados Unidos, durante la guerra civil en El Salvador. Hoy también se cumple el 44 aniversario del golpe cívico-militar en Argentina.
Dada la magnitud de la actual crisis humanitaria y de salud, activistas y defensores de los derechos humanos en todo el continente se ven obligados a encontrar formas alternativas de conmemorar estos momentos históricos. En Argentina, por ejemplo, las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo cancelaron la Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Las organizadoras reconocieron el impacto de cancelar esta acción, pero también afirmaron que "cuidar a la población requiere respuestas basadas en la solidaridad para contribuir a la prevención y la salud de nuestra gente". Las Madres de Plaza de Mayo llamaron a los argentinos “a recordar y reivindicar la lucha revolucionaria de nuestros hijos y rendir homenaje a los desaparecidos en la medida en que podamos”, ya que el país se encuentra actualmente bajo cuarentena preventiva obligatoria.
Hasta la fecha, muchos países latinoamericanos han declarado un estado de emergencia nacional con respecto al virus, incluidos Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, y El Salvador, y la lista crece más cada día.
Según estas declaraciones, los gobiernos están tomando medidas cada vez más drásticas para prevenir la propagación exponencial del virus que otros países han enfrentado y evitar así tener más casos en sus sistemas de salud abrumadoramente precarios.
Estas medidas incluyen limitar el contacto entre individuos, imponer cuarentenas obligatorias, prohibir reuniones de todo tipo, restringir el movimiento dentro y entre ciudades y regiones, cerrar las fronteras nacionales y detener todo comercio no esencial, entre otros.
Muchos países han desplegado sus fuerzas policiales y militares para hacer cumplir estas restricciones. Si bien se deben tomar medidas significativas para evitar la propagación de COVID-19 y evitar muertes innecesarias, las luchas pasadas y presentes para frenar el autoritarismo y la violencia estatal en todo el Hemisferio nos recuerdan que incluso en momentos de gran incertidumbre y miedo, debemos permanecer vigilantes en defensa de los derechos humanos.
Ya hemos presenciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles en el contexto de la crisis COVID-19. El pasado fin de semana, estallaron protestas en diferentes cárceles colombianas después de que las autoridades no respondieron a la difícil situación de las personas encarceladas, ya que el hacinamiento dramático que viven significa que la enfermedad se extenderá por las cárceles, mientras que el acceso limitado a la atención médica y la mala nutrición causarán muchas muertes evitables. Las protestas fueron respondidas con violencia. En una prisión, al menos 23 personas fueron asesinadas, y muchas más resultaron heridas cuando los guardias dispararon contra los manifestantes y se iniciaron incendios.
Los líderes gubernamentales de otros países de la región también han mostrado tendencias autoritarias que deben mantenerse bajo control durante esta crisis. Por ejemplo, hace dos meses, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió en el Congreso, flanqueado por miembros de la policía y el ejército, para exigir a los legisladores que aprobarán un préstamo que solicitó, y recientemente declaró que usaría la fuerza militar para separar grupos durante la crisis de salud de COVID-19.
Del mismo modo, pocos días después de asumir su papel como presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez recibió una condena internacional cuando emitió un decreto que eximía a los militares de cualquier tipo de responsabilidad penal por las acciones tomadas al mantener el orden. Un día después, las fuerzas de seguridad dispararon contra los cocaleros anti-Áñez que protestaban en Cochabamba, matando a nueve personas e hiriendo a docenas más. Como resultado de la crisis de salud pública que enfrenta Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral pospuso recientemente las elecciones presidenciales programadas para el 3 de mayo, pero aún no ha fijado una nueva fecha. Debemos permanecer atentos y asegurarnos de que los líderes no aprovechen este estado de emergencia para afianzar las tendencias autocráticas, silenciar la disidencia o posponer indefinidamente las elecciones.
A medida que las fronteras se cierran en todo el mundo en medio de la pandemia COVID-19, exigimos la liberación inmediata de las familias y personas migrantes que todavía están encerradas en centros de detención y que tienen temor legítimo por sus vidas. También denunciamos los cambios draconianos en la política migratoria realizados recientemente por la administración Trump a través de los Protocolos de Protección Migratoria, donde se detiene a los refugiados que buscan ingresar a los Estados Unidos en México para acceder al proceso de asilo estadounidense. Estas familias y personas a menudo se ven obligadas a vivir en ciudades de tiendas de campaña y refugios superpoblados, donde son médicamente vulnerables y están totalmente marginados en esta crisis sanitaria mundial.
Debemos permanecer atentos, debemos seguir organizados y juntos, y elevar nuestras comunidades. No debemos olvidar que las restricciones a la circulación, el empleo y el aislamiento pueden tener impactos desproporcionados y negativos en las personas sin hogar, trabajadores informales, mujeres y niños en riesgo de violencia doméstica, migrantes, personas privadas de libertad y aquellos en áreas sin acceso a servicios de salud de calidad, entre otros. Incluso en tiempos de emergencia, cualquier restricción a los derechos debe ser necesaria, proporcionada, limitada en el tiempo y debe ser la medida menos restrictiva de nuestros derechos para facilitar una respuesta adecuada a la crisis. Además, debemos recordar que las restricciones no deben ser discriminatorias.
Durante este período de gran temor, incertidumbre y aislamiento social, no debemos olvidar que la lucha por la liberación colectiva y por la dignidad y el bienestar de nuestras comunidades debe continuar. Elevamos las palabras de nuestros mártires como Monseñor Óscar Romero:
“...si realmente queremos un fin efectivo a la violencia debemos eliminar la violencia que está en la raíz de toda violencia: violencia estructural, injusticia social, exclusión de los ciudadanos de la gestión del país, represión. Todo esto es lo que constituye la causa primordial, de la cual el resto fluye naturalmente”.
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A lo largo de Abya Yala (América) hemos vivido momentos muy difíciles, que hemos luchado para superar, y en los que la solidaridad ha jugado un papel fundamental para avanzar. En estos momentos, nuestra lucha por la liberación colectiva y por la dignidad de todas nuestras comunidades continúa adelante.
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