Paraguayos repudian “negacionismo” de política argentina
BUENOS AIRES (ANSA). Asociaciones de residentes paraguayos en Buenos Aires y dirigentes políticos de ese país y de Argentina repudiaron ayer a la ex candidata presidencial Elisa Carrió, por negar que el dictador Alfredo Stroessner hubiese secuestrado y asesinado a cientos de opositores.
Elisa Carrió, la política argentina repudiada por paraguayos residentes en el vecino país. (Archivo)El repudio se concretó en el Congreso Nacional durante la presentación de un proyecto de declaración que condena “cualquier manifestación pública que niegue o minimice la existencia de la shoá/holocausto, del exterminio del pueblo armenio y de cualquier otro genocidio, y la violación a los derechos humanos implementada por el terrorismo de Estado impuesto por las dictaduras latinoamericanas”.
El proyecto fue presentado por un grupo de legisladores del oficialismo y la oposición.
Carrió, política opositora del gobierno argentino, también fue incluida en el proyecto de repudio, porque el 24 de enero declaró a la revista Noticias de Buenos Aires que Stroessner “no mandó a matar opositores”, al comparar al ex dictador paraguayo con el ex presidente Néstor Kirchner.
La legisladora Silvia Vázquez, una de las autoras del proyecto, sostuvo que “es imposible que una dirigente, que ha sido diputada nacional, candidata a presidente de su país, y que se jacta de haber vivido a pocos kilómetros de la frontera paraguaya, desconozca estos hechos”, en referencia a Carrió, oriunda de Chaco, provincia limítrofe con Paraguay.
Durante el acto se leyó una declaración del abogado paraguayo Martín Almada, quien calificó de “infame” la negación de los asesinatos cometidos por la dictadura de Stroessner.
Entre los asistentes al acto de repudio participó Luis Adolfo Soler, hijo de Miguel Angel Soler, dirigente del Partido Comunista de Paraguay, secuestrado, torturado y asesinado durante la dictadura de Stroessner.
También participaron familiares de ciudadanos paraguayos secuestrados en Buenos Aires durante el “Plan Cóndor” y delegados de la Alianza Patriótica para el Cambio, del presidente Fernando Lugo.
Las declaraciones de Carrió trascendieron en Asunción a partir del repudio del partido Izquierda Democrática de Argentina, que a mediados de febrero afirmó que la dirigente política “debe pedir disculpas al pueblo paraguayo por justificar al genocida Stroessner”.
Durante el acto se leyó el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay que identificó a 423 opositores asesinados, 336 víctimas de desapariciones forzadas y 59 ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura de Stroessner (1954-1989).
19 marzo, 2009
Prohibicion de bombas racimo-EEUU
Human Rights Watch
Estados Unidos: Prohibición a la exportación de bombas de racimo
"Esta prohibición permanente a la exportación es un giro importante en la política de Estados Unidos. Alinea más a Washington con la opinión internacional sobre esta terrible arma".
Steve Goose, director de la división de Armas en Human Rights Watch.
Obama debe iniciar la revisión de la postura de Estados Unidos sobre el Tratado
Marzo 12, 2009
(Washington, DC) – Un proyecto de ley que fue aprobado el 11 de marzo de 2009 por el presidente Obama hará permanente la prohibición de casi todas las exportaciones de bombas de racimo de Estados Unidos, dijo hoy Human Rights Watch. Estados Unidos debe revisar su postura sobre la adhesión al tratado internacional que prohíbe las municiones de racimo a la luz de esta acción, dijo Human Rights Watch.
“Esta prohibición permanente a la exportación es un giro importante en la política de Estados Unidos”, expresó Steve Goose, director de la división de Armas en Human Rights Watch. “Alinea más a Washington con la opinión internacional sobre esta terrible arma”.
El Congreso incluyó la prohibición de exportación en un proyecto de ley de presupuesto general (HR 1105) que el Senado aprobó el martes. La legislación establece que las municiones de racimo pueden ser exportadas sólo si dejan menos de un 1 por ciento de sus submuniciones sin explotar. Las submuniciones de racimo a menudo no explotan durante el impacto inicial, dejando municiones fallidas que actúan como minas terrestres y representan un peligro para los civiles. La legislación también requiere que el país receptor convenga en que las municiones de racimo "no se utilicen donde se sabe que habrá civiles presentes". Sólo una diminuta fracción de las municiones en racimo en el arsenal de Estados Unidos cumplen con la norma del 1 por ciento.
Esta prohibición de exportación fue primero promulgada en un proyecto de ley presupuestario similar en diciembre de 2007, pero esa ley sólo estipulaba este mandato por un año.
"La aprobación de esta medida es otro indicio de que el Presidente debe iniciar una revisión profunda de la política de Estados Unidos con respecto a las municiones de racimo", dijo Goose. "Si es inaceptable que ejércitos extranjeros hagan uso de estas armas, ¿por qué sería aceptable para el ejército de Estados Unidos usarlas?"
La política de Estados Unidos sobre las municiones de racimo fue articulada por última vez en una directiva de política de tres páginas emitida por el secretario de Defensa Robert Gates en julio del 2008. La directiva describió las municiones de racimo como “armas legítimas con clara utilidad militar". Bajo esta política, Estados Unidos continuará usando municiones de racimo y, después de 2018, sólo utilizará municiones que cuenten con una margen de error menor al 1 por ciento.
En diciembre del 2008, una vocera del equipo de transición de Obama, dijo que el siguiente presidente “revisaría cuidadosamente” el nuevo tratado que prohíbe las municiones de racimo y “trabajará muy de cerca [con] nuestros amigos y aliados para asegurar que Estados Unidos esté haciendo todo lo que sea factible para promover la protección de civiles”.
En febrero de 2010, Human Rights Watch se unió a líderes de otras 66 organizaciones no gubernamentales nacionales en la firma de una carta conjunta exhortando al presidente Obama adherirse a la Convención sobre Municiones de Racimo. Human Rights Watch es co-presidente de la Coalición de Municiones de Racimo, que ayudó a fundar en noviembre de 2003. Es también miembro fundador de la Campaña de los Estados Unidos para la Prohibición de las Minas Terrestres y las Bombas de Racimo.
"La prohibición de la exportación pone a los Estados Unidos un paso más cerca de la posición adoptada por casi 100 naciones - incluyendo sus aliados más cercanos de la OTAN - que han firmado el tratado de prohibición de las municiones de racimo", dijo Goose. "La decisión de los Estados Unidos para firmar el tratado, sería sin duda, la señal del compromiso del presidente Obama con la diplomacia multilateral."
La Convención del 2008 sobre las Municiones de Racimo se abrió a la firma en diciembre. Esta Convención prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de municiones de racimo, y establece plazos estrictos para el despeje de las zonas afectadas y la destrucción de los almacenamientos de municiones de racimo existentes. Un total de 95 Estados han firmado la Convención, incluyendo la mayoría de los miembros de la OTAN y otros aliados cercanos a Estados Unidos. El gobierno de Bush decidió no participar en el desarrollo o la negociación de la Convención, que se basa en el tratado de 1997 sobre la prohibición de las minas terrestres.
Si bien la historia está incompleta, Estados Unidos ha trasladado cientos de miles de municiones de racimo que contienen decenas de millones de submuniciones inexactas y poco fiables a por lo menos a 28 países: Alemania, Argentina, Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, Egipto, Dinamarca, Francia, Grecia , Honduras, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Corea del Sur, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Arabia Saudita, España, Tailandia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.
Muchos de estos Estados se han adherido a la Convención sobre las Municiones de Racimo y están en proceso de destruir sus municiones de racimo almacenadas. Las municiones de racimo exportadas por los Estados Unidos han sido usadas por otros Estados en Líbano, Irak, la antigua Yugoslavia, y Sahara Occidental.
Las municiones de racimo pueden ser disparadas por artillería y sistemas de cohetes o arrojadas por aeronaves, y suelen explotar en el aire y envian docenas, incluso cientos, de pequeñas bombas sobre una zona del tamaño de un campo de fútbol.
También disponible en
English
Estados Unidos: Prohibición a la exportación de bombas de racimo
"Esta prohibición permanente a la exportación es un giro importante en la política de Estados Unidos. Alinea más a Washington con la opinión internacional sobre esta terrible arma".
Steve Goose, director de la división de Armas en Human Rights Watch.
Obama debe iniciar la revisión de la postura de Estados Unidos sobre el Tratado
Marzo 12, 2009
(Washington, DC) – Un proyecto de ley que fue aprobado el 11 de marzo de 2009 por el presidente Obama hará permanente la prohibición de casi todas las exportaciones de bombas de racimo de Estados Unidos, dijo hoy Human Rights Watch. Estados Unidos debe revisar su postura sobre la adhesión al tratado internacional que prohíbe las municiones de racimo a la luz de esta acción, dijo Human Rights Watch.
“Esta prohibición permanente a la exportación es un giro importante en la política de Estados Unidos”, expresó Steve Goose, director de la división de Armas en Human Rights Watch. “Alinea más a Washington con la opinión internacional sobre esta terrible arma”.
El Congreso incluyó la prohibición de exportación en un proyecto de ley de presupuesto general (HR 1105) que el Senado aprobó el martes. La legislación establece que las municiones de racimo pueden ser exportadas sólo si dejan menos de un 1 por ciento de sus submuniciones sin explotar. Las submuniciones de racimo a menudo no explotan durante el impacto inicial, dejando municiones fallidas que actúan como minas terrestres y representan un peligro para los civiles. La legislación también requiere que el país receptor convenga en que las municiones de racimo "no se utilicen donde se sabe que habrá civiles presentes". Sólo una diminuta fracción de las municiones en racimo en el arsenal de Estados Unidos cumplen con la norma del 1 por ciento.
Esta prohibición de exportación fue primero promulgada en un proyecto de ley presupuestario similar en diciembre de 2007, pero esa ley sólo estipulaba este mandato por un año.
"La aprobación de esta medida es otro indicio de que el Presidente debe iniciar una revisión profunda de la política de Estados Unidos con respecto a las municiones de racimo", dijo Goose. "Si es inaceptable que ejércitos extranjeros hagan uso de estas armas, ¿por qué sería aceptable para el ejército de Estados Unidos usarlas?"
La política de Estados Unidos sobre las municiones de racimo fue articulada por última vez en una directiva de política de tres páginas emitida por el secretario de Defensa Robert Gates en julio del 2008. La directiva describió las municiones de racimo como “armas legítimas con clara utilidad militar". Bajo esta política, Estados Unidos continuará usando municiones de racimo y, después de 2018, sólo utilizará municiones que cuenten con una margen de error menor al 1 por ciento.
En diciembre del 2008, una vocera del equipo de transición de Obama, dijo que el siguiente presidente “revisaría cuidadosamente” el nuevo tratado que prohíbe las municiones de racimo y “trabajará muy de cerca [con] nuestros amigos y aliados para asegurar que Estados Unidos esté haciendo todo lo que sea factible para promover la protección de civiles”.
En febrero de 2010, Human Rights Watch se unió a líderes de otras 66 organizaciones no gubernamentales nacionales en la firma de una carta conjunta exhortando al presidente Obama adherirse a la Convención sobre Municiones de Racimo. Human Rights Watch es co-presidente de la Coalición de Municiones de Racimo, que ayudó a fundar en noviembre de 2003. Es también miembro fundador de la Campaña de los Estados Unidos para la Prohibición de las Minas Terrestres y las Bombas de Racimo.
"La prohibición de la exportación pone a los Estados Unidos un paso más cerca de la posición adoptada por casi 100 naciones - incluyendo sus aliados más cercanos de la OTAN - que han firmado el tratado de prohibición de las municiones de racimo", dijo Goose. "La decisión de los Estados Unidos para firmar el tratado, sería sin duda, la señal del compromiso del presidente Obama con la diplomacia multilateral."
La Convención del 2008 sobre las Municiones de Racimo se abrió a la firma en diciembre. Esta Convención prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de municiones de racimo, y establece plazos estrictos para el despeje de las zonas afectadas y la destrucción de los almacenamientos de municiones de racimo existentes. Un total de 95 Estados han firmado la Convención, incluyendo la mayoría de los miembros de la OTAN y otros aliados cercanos a Estados Unidos. El gobierno de Bush decidió no participar en el desarrollo o la negociación de la Convención, que se basa en el tratado de 1997 sobre la prohibición de las minas terrestres.
Si bien la historia está incompleta, Estados Unidos ha trasladado cientos de miles de municiones de racimo que contienen decenas de millones de submuniciones inexactas y poco fiables a por lo menos a 28 países: Alemania, Argentina, Australia, Bahrein, Bélgica, Canadá, Egipto, Dinamarca, Francia, Grecia , Honduras, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Corea del Sur, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Arabia Saudita, España, Tailandia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.
Muchos de estos Estados se han adherido a la Convención sobre las Municiones de Racimo y están en proceso de destruir sus municiones de racimo almacenadas. Las municiones de racimo exportadas por los Estados Unidos han sido usadas por otros Estados en Líbano, Irak, la antigua Yugoslavia, y Sahara Occidental.
Las municiones de racimo pueden ser disparadas por artillería y sistemas de cohetes o arrojadas por aeronaves, y suelen explotar en el aire y envian docenas, incluso cientos, de pequeñas bombas sobre una zona del tamaño de un campo de fútbol.
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Prorrogan prision ex marino Ricardo Cavallo
Prorrogan prisión preventiva de ex marino Ricardo Cavallo
Lo resolvió la Cámara Federal en cuatro causas en las que se investiga su participación en los hechos ocurridos en la ESMA durante la última dictadura militar, entre ellos, la desaparición del periodista Rodolfo Walsh. Fallos completos
La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal dispuso prorrogar la prisión preventiva al ex marino Ricardo Cavallo, acusado por su participación en el centro clandestino de detención ESMA.
El triunal tomó esta decisión en cuatro causas conocidas como "Cuerpo Principal", "Monjas", "Walsh" y "Bienes", en donde se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad ocurridos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante 1976 y 1983.
Los magistrados Eduardo Farah y Martin Irurzun resolvieron prorrogar la prisión preventiva al entender que el ex marino "entorpecería la acción de la justicia en caso de recuperar la libertad".
En ese sentido tuvieron en cuenta el monto de la pena que le correspondería a Cavallo en caso de ser condenado y sostuvieron que "la posibilidad de que el imputado coarte a los testigos, o los induzca a falsear su declaración, o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial, es un factor que se erige en probabilidad cierta en caso de disponerse su libertad, ante el mayor acceso del encausado a estructuras formales o informales de poder, lo que se traduce en una clara situación de riesgo procesal existente".
También aseguraron: "Así, después de tantos obstáculos para avanzar en las investigaciones y la actual etapa de elevación al juicio, no puede soslayarse ante las características de los eventos, la presión que su libertad puede ejercer hacia quienes, habiendo sobrevivido, hayan declarado o deban declarar en su contra y que, eventualmente, tengan que confrontarlos en oportunidad del debate oral y público, más allá de las medidas que al respecto y con relación a ellos puedan adoptarse. Riesgo, por otra parte, que no resulta infundado a la luz de lo acaecido -ya en democracia- con un testigo sobreviviente en un proceso llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, y que es de público conocimiento".
Fuente: www.cij.gov.ar
Lo resolvió la Cámara Federal en cuatro causas en las que se investiga su participación en los hechos ocurridos en la ESMA durante la última dictadura militar, entre ellos, la desaparición del periodista Rodolfo Walsh. Fallos completos
La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal dispuso prorrogar la prisión preventiva al ex marino Ricardo Cavallo, acusado por su participación en el centro clandestino de detención ESMA.
El triunal tomó esta decisión en cuatro causas conocidas como "Cuerpo Principal", "Monjas", "Walsh" y "Bienes", en donde se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad ocurridos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante 1976 y 1983.
Los magistrados Eduardo Farah y Martin Irurzun resolvieron prorrogar la prisión preventiva al entender que el ex marino "entorpecería la acción de la justicia en caso de recuperar la libertad".
En ese sentido tuvieron en cuenta el monto de la pena que le correspondería a Cavallo en caso de ser condenado y sostuvieron que "la posibilidad de que el imputado coarte a los testigos, o los induzca a falsear su declaración, o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial, es un factor que se erige en probabilidad cierta en caso de disponerse su libertad, ante el mayor acceso del encausado a estructuras formales o informales de poder, lo que se traduce en una clara situación de riesgo procesal existente".
También aseguraron: "Así, después de tantos obstáculos para avanzar en las investigaciones y la actual etapa de elevación al juicio, no puede soslayarse ante las características de los eventos, la presión que su libertad puede ejercer hacia quienes, habiendo sobrevivido, hayan declarado o deban declarar en su contra y que, eventualmente, tengan que confrontarlos en oportunidad del debate oral y público, más allá de las medidas que al respecto y con relación a ellos puedan adoptarse. Riesgo, por otra parte, que no resulta infundado a la luz de lo acaecido -ya en democracia- con un testigo sobreviviente en un proceso llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, y que es de público conocimiento".
Fuente: www.cij.gov.ar
11 marzo, 2009
Cumbre ONU-despenalizar la marihuana-
SE INICIA HOY LA CUMBRE SOBRE ESTUPEFACIENTES DE LA ONU
Ex presidentes piden en Viena la despenalización de la marihuana
Se inicia hoy en Austria la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas, de la cual se aguardan nuevos lineamientos para abordar este problema en la próxima década. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, recomendará oficialmente la despenalización del consumo de marihuana. Lo que sigue es parte del texto del documento, donde se exponen los principales argumentos.
César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso en la reunión de Río de Janeiro, el 11 de febrero pasado, donde se aprobó el documento que será recibido hoy por la ONU.
Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices:
- Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
- Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
- Focalizar la represión sobre el crimen organizado.
Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.
Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:
1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico solo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minándose de esta manera las bases económicas de este negocio criminal.
2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol y el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana -de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad- son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes.
La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas de adicción.
Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más recurso a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la policía. En este país también es descomunal la magnitud de los recursos que se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención, tratamiento o rehabilitación de los consumidores.
3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.
Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio de ex adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder de convencimiento que la amenaza de represión o la exhortación virtuosa a no consumir. Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia de las personas a que se destinan.
Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a la población en general y a los consumidores en particular sobre la responsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que genera el “dinero fácil” y los costos de violencia y corrupción asociados al tráfico de drogas.
La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en el mundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido, Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.
4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.
Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es importante el desarrollo de estrategias regionales y globales.
5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no solo de cultivos alternativos, sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se deben considerar los usos ilícitos de plantas como la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga, promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo.
ABC-Color-Paraguay
Ex presidentes piden en Viena la despenalización de la marihuana
Se inicia hoy en Austria la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas, de la cual se aguardan nuevos lineamientos para abordar este problema en la próxima década. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, recomendará oficialmente la despenalización del consumo de marihuana. Lo que sigue es parte del texto del documento, donde se exponen los principales argumentos.
César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso en la reunión de Río de Janeiro, el 11 de febrero pasado, donde se aprobó el documento que será recibido hoy por la ONU.
Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices:
- Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
- Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
- Focalizar la represión sobre el crimen organizado.
Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.
Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:
1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico solo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minándose de esta manera las bases económicas de este negocio criminal.
2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol y el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana -de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad- son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes.
La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas de adicción.
Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más recurso a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la policía. En este país también es descomunal la magnitud de los recursos que se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención, tratamiento o rehabilitación de los consumidores.
3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.
Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio de ex adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder de convencimiento que la amenaza de represión o la exhortación virtuosa a no consumir. Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia de las personas a que se destinan.
Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a la población en general y a los consumidores en particular sobre la responsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que genera el “dinero fácil” y los costos de violencia y corrupción asociados al tráfico de drogas.
La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en el mundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido, Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.
4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.
Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es importante el desarrollo de estrategias regionales y globales.
5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.
Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no solo de cultivos alternativos, sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se deben considerar los usos ilícitos de plantas como la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga, promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo.
ABC-Color-Paraguay
10 marzo, 2009
Movimento dos Sem Midia- DDHH-Brasil
Movimento dos Sem Mídia
Pela Justiça e pela Paz no Brasil
http://edu.guim.blog.uol.com.br/
A Organização Não Governamental Movimento dos Sem Mídia – MSM, entidade de direito privado constituída juridicamente em 13 de outubro de 2007, exorta a sociedade brasileira a repudiar a perniciosa e ameaçadora revisão histórica perpetrada recentemente por editorial do jornal Folha de São Paulo, texto que relativizou a gravidade de crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos de 1964 e 1985, período durante o qual a Nação brasileira sofreu usurpação de um golpe militar ilegal e inconstitucional que, por seu turno, gerou aos brasileiros conseqüências nefandas tais como censura à liberdade de pensamento e de expressão, prisões arbitrárias e crimes de tortura, de estupro e de morte, atos de terror que destruíram as vidas de milhões de brasileiros, muitos dos quais sobreviveram àquele terror e, assim, carregam até hoje seqüelas daquele período de trevas.
No âmbito desse repúdio, cumpre à nossa entidade tornar públicos os pontos daquele texto jornalístico que julgamos perniciosos e ofensivos às vítimas que tombaram e às que sobreviveram àquele regime de força, que suprimiu os princípios e mecanismos do Estado Democrático de Direito e as garantias, liberdades e direitos individuais e coletivos, somente restituídos ao povo brasileiro com a edição da vigente Constituição Federal de outubro de 1988.
O editorial do jornal Folha de São Paulo intitulado “Limites a Chávez” foi publicado em 17 de fevereiro deste ano. O veículo de comunicação exerceu um direito óbvio e que não se questiona, o direito de opinar. Criticar o resultado do plebiscito recente na Venezuela ou emitir qualquer outra opinião, portanto, jamais estimularia nossa Organização a protestar de forma tão solene e veemente se não fosse a tentativa de revisão histórica que afirmou que o regime dos generais-presidentes teria sido “brando”, pois tal afirmativa constituiu-se em dolorosa bofetada nos rostos dos que sobreviveram, em verdadeiro deboche dessas vítimas expresso por meio do termo jocoso “ditabranda”, corruptela do único termo possível para identificar aquele regime, o termo ditadura.
Em poucas palavras, o editorial da Folha de São Paulo criou teorias novas, como se verá em trecho a seguir. Disse a Folha de São Paulo: “As chamadas "ditabrandas" – caso do Brasil entre 1964 e 1985 – partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam formas controladas de disputa política e acesso à Justiça”.
O perigo e a afronta residem no eufemismo. Com efeito, o diabo está nos detalhes. Diga-se essa barbaridade de “acesso controlado à Justiça” aos que ficaram pelo caminho da máquina opressora do Estado brasileiro de então, aos que sofreram tudo que foi acima enumerado. Diga-se a eles que tiveram acesso “controlado” para buscarem reparação pelas violências que sofreram. Achem um só que tenha encontrado guarida e reparação na Justiça, à época, pelas violências que sofreu. E mais: diga-se isso aos que não sobreviveram às ações arbitrárias daquele Estado ditatorial e aos seus famliares.
No conceito de nossa Organização, conceito este amparado no melhor Direito Universal, o que fez o jornal em questão foi dizer “brandos” aqueles crimes, abrindo espaço para a proliferação de mentalidades que ainda defendem publicamente métodos excepcionais de “controle” da Cidadania e das próprias vidas dos cidadãos.
Dizem os defensores da usurpação do Estado Democrático de Direito que ocorreu naquele período obscuro de nossa história que havia então uma “guerra” no Brasil. Uma guerra em que tantos jovens idealistas, muitas vezes pouco mais do que imberbes, sucumbiram defendendo a Constituição, por sua vez violentada pelos desejos de poucos, que estupraram o desejo da maioria que delegou o Poder a um governo constitucional que a ditadura derrubou por meio de golpe de Estado.
O Brasil daquele 1964 tinha um governo eleito pelo voto. Não foi destituído por um processo democrático que se valeu dos mecanismos constitucionais que existiam e que poderiam ser usados se os que se opunham àquele governo acreditassem que tinham representatividade popular para fazer tais mecanismos prevalecerem. Não. Por não estarem amparados pela maioria dos brasileiros, os usurpadores do Poder de Estado legalmente constituído em eleições livres e democráticas trataram de usar a violência, a sedição e a ilegalidade para fazerem prevalecer suas visões, desejos e interesses minoritários, impondo-os sobre uma maioria que mais tarde seria amordaçada e ameaçada, de forma que não pudesse contestar a ruptura do Estado de Direito.
Equiparar o Estado àqueles que os defensores do regime de exceção diziam ser “terroristas”, era, é e sempre será uma aberração jurídica, para economizar palavras. Não cabe no conceito de democracia, de Estado de Direito, a hipótese de agentes do Estado imporem suplícios físicos desumanos e criminosos àqueles dos quais desconfiavam de que não compartilhavam suas idéias totalitárias.
O que torna mais dramática essa revisão afrontosa daquele período da história é que o jornal Folha de São Paulo não se contentou só com ela. Diante dos protestos de dois dos expoentes mais respeitados da intelectualidade brasileira tanto no Brasil quanto no exterior, a professora Maria Victória Benevides e o professor Fábio Konder Comparato, o jornal tratou de insultá-los de forma virulenta, qualificando-os como “cínicos e mentirosos”, claramente tripudiando da indignação dos justos ante absurdo tão rematado quanto o acima descrito.
Nem as poucas opiniões contrárias que o jornal permitiu que fossem vistas em suas páginas opinativas, sempre de forma tão “controlada” quanto afirmou antes que fazia a sua “ditabranda”, puderam minorar a dor dos sobreviventes dos Anos de Chumbo, e tampouco fizeram a justiça necessária à memória das vítimas fatais da ditadura cruel que vigeu naquele período triste da história deste País.
Tanta injustiça, desrespeito, deboche talvez encontre “explicação” quando se analisa o papel exercido pelo jornal contra o qual protestamos durante boa parte do tempo em que a ditadura militar oprimiu esta Nação.
Em obra literária de autoria de um colaborador desse meio de comunicação, do jornalista Elio Gaspari, intitulada “A Ditadura Escancarada”, figura acusação ao jornal Folha de São Paulo que este jamais rebateu de forma adequada e pública, a acusação de que cedeu veículos à sua “ditabranda” para o transporte de presos políticos.
Mas é em editorial desse grupo empresarial publicado em 22 de setembro de 1971, no auge da ditadura, que transparecem as relações de então entre a mídia e o regime. Diz aquele editorial pretérito tão nefasto quanto o editorial mais recente, sendo ambos do grupo empresarial de comunicação da família Frias:
“Como o pior cego é o que não quer ver, o pior do terrorismo é não compreender que no Brasil não há lugar para ele. Nunca ouve. E de maneira especial não há hoje, quando um governo sério, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular, está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social - realidade que nenhum brasileiro lúcido pode negar, e que o mundo todo reconhece e proclama. O país, enfim, de onde a subversão - que se alimenta do ódio e cultiva a violência - está sendo definitivamente erradicada, com o decidido apoio do povo e da imprensa, que reflete o sentimento deste." Octávio Frias de Oliveira, 22 de setembro de 1971”.
Apesar desse documento histórico com dia, mês e ano, e que pode ser encontrado nos arquivos desse grupo empresarial de comunicação, apesar desse documento que mostra faceta do jornal Folha de São Paulo que ele teima em não reconhecer e que certamente não quer ver conhecido por seu público atual talvez por ter vergonha de seu passado, sua alegação contemporânea é a de que “combateu” a ditadura que aquele editorial, assinado por seu proprietário de então, qualificava como “séria, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular”.
Não se consegue entender como a Folha de São Paulo, então, media o “apoio popular” à ditadura, pois não havia eleições livres ou mesmo pesquisas sobre a popularidade dos ditadores. Era, pois, uma invenção a tese de que a ditadura estaria “levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social”, porque, à luz do conhecimento histórico daquele período, o que se sabe é que o que gerou foi concentração de renda, ou seja, empobrecimento dos mais pobres e enriquecimento dos mais ricos.
No dia em que o editorial profano mais recente foi lido pelos Sem Mídia, o que nos veio às mentes foram as palavras imortais do ativista negro norte-americano doutor Martin Luther King que pregaram, há tantas décadas, a conduta dos democratas diante dos violadores da democracia: “O que preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons”. E é por isso que estamos aqui hoje, porque a sociedade civil não aceita e não ficará inerte assistindo a defesa velada de uma ditadura e a tentativa de vender a tese de que ela foi menos do que ilegal, imoral e terrivelmente dura, tendo sido tudo, menos “branda”.
São Paulo, 7 de março de 2009
Eduardo Guimarães
Presidente
Pela Justiça e pela Paz no Brasil
http://edu.guim.blog.uol.com.br/
A Organização Não Governamental Movimento dos Sem Mídia – MSM, entidade de direito privado constituída juridicamente em 13 de outubro de 2007, exorta a sociedade brasileira a repudiar a perniciosa e ameaçadora revisão histórica perpetrada recentemente por editorial do jornal Folha de São Paulo, texto que relativizou a gravidade de crimes cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos de 1964 e 1985, período durante o qual a Nação brasileira sofreu usurpação de um golpe militar ilegal e inconstitucional que, por seu turno, gerou aos brasileiros conseqüências nefandas tais como censura à liberdade de pensamento e de expressão, prisões arbitrárias e crimes de tortura, de estupro e de morte, atos de terror que destruíram as vidas de milhões de brasileiros, muitos dos quais sobreviveram àquele terror e, assim, carregam até hoje seqüelas daquele período de trevas.
No âmbito desse repúdio, cumpre à nossa entidade tornar públicos os pontos daquele texto jornalístico que julgamos perniciosos e ofensivos às vítimas que tombaram e às que sobreviveram àquele regime de força, que suprimiu os princípios e mecanismos do Estado Democrático de Direito e as garantias, liberdades e direitos individuais e coletivos, somente restituídos ao povo brasileiro com a edição da vigente Constituição Federal de outubro de 1988.
O editorial do jornal Folha de São Paulo intitulado “Limites a Chávez” foi publicado em 17 de fevereiro deste ano. O veículo de comunicação exerceu um direito óbvio e que não se questiona, o direito de opinar. Criticar o resultado do plebiscito recente na Venezuela ou emitir qualquer outra opinião, portanto, jamais estimularia nossa Organização a protestar de forma tão solene e veemente se não fosse a tentativa de revisão histórica que afirmou que o regime dos generais-presidentes teria sido “brando”, pois tal afirmativa constituiu-se em dolorosa bofetada nos rostos dos que sobreviveram, em verdadeiro deboche dessas vítimas expresso por meio do termo jocoso “ditabranda”, corruptela do único termo possível para identificar aquele regime, o termo ditadura.
Em poucas palavras, o editorial da Folha de São Paulo criou teorias novas, como se verá em trecho a seguir. Disse a Folha de São Paulo: “As chamadas "ditabrandas" – caso do Brasil entre 1964 e 1985 – partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam formas controladas de disputa política e acesso à Justiça”.
O perigo e a afronta residem no eufemismo. Com efeito, o diabo está nos detalhes. Diga-se essa barbaridade de “acesso controlado à Justiça” aos que ficaram pelo caminho da máquina opressora do Estado brasileiro de então, aos que sofreram tudo que foi acima enumerado. Diga-se a eles que tiveram acesso “controlado” para buscarem reparação pelas violências que sofreram. Achem um só que tenha encontrado guarida e reparação na Justiça, à época, pelas violências que sofreu. E mais: diga-se isso aos que não sobreviveram às ações arbitrárias daquele Estado ditatorial e aos seus famliares.
No conceito de nossa Organização, conceito este amparado no melhor Direito Universal, o que fez o jornal em questão foi dizer “brandos” aqueles crimes, abrindo espaço para a proliferação de mentalidades que ainda defendem publicamente métodos excepcionais de “controle” da Cidadania e das próprias vidas dos cidadãos.
Dizem os defensores da usurpação do Estado Democrático de Direito que ocorreu naquele período obscuro de nossa história que havia então uma “guerra” no Brasil. Uma guerra em que tantos jovens idealistas, muitas vezes pouco mais do que imberbes, sucumbiram defendendo a Constituição, por sua vez violentada pelos desejos de poucos, que estupraram o desejo da maioria que delegou o Poder a um governo constitucional que a ditadura derrubou por meio de golpe de Estado.
O Brasil daquele 1964 tinha um governo eleito pelo voto. Não foi destituído por um processo democrático que se valeu dos mecanismos constitucionais que existiam e que poderiam ser usados se os que se opunham àquele governo acreditassem que tinham representatividade popular para fazer tais mecanismos prevalecerem. Não. Por não estarem amparados pela maioria dos brasileiros, os usurpadores do Poder de Estado legalmente constituído em eleições livres e democráticas trataram de usar a violência, a sedição e a ilegalidade para fazerem prevalecer suas visões, desejos e interesses minoritários, impondo-os sobre uma maioria que mais tarde seria amordaçada e ameaçada, de forma que não pudesse contestar a ruptura do Estado de Direito.
Equiparar o Estado àqueles que os defensores do regime de exceção diziam ser “terroristas”, era, é e sempre será uma aberração jurídica, para economizar palavras. Não cabe no conceito de democracia, de Estado de Direito, a hipótese de agentes do Estado imporem suplícios físicos desumanos e criminosos àqueles dos quais desconfiavam de que não compartilhavam suas idéias totalitárias.
O que torna mais dramática essa revisão afrontosa daquele período da história é que o jornal Folha de São Paulo não se contentou só com ela. Diante dos protestos de dois dos expoentes mais respeitados da intelectualidade brasileira tanto no Brasil quanto no exterior, a professora Maria Victória Benevides e o professor Fábio Konder Comparato, o jornal tratou de insultá-los de forma virulenta, qualificando-os como “cínicos e mentirosos”, claramente tripudiando da indignação dos justos ante absurdo tão rematado quanto o acima descrito.
Nem as poucas opiniões contrárias que o jornal permitiu que fossem vistas em suas páginas opinativas, sempre de forma tão “controlada” quanto afirmou antes que fazia a sua “ditabranda”, puderam minorar a dor dos sobreviventes dos Anos de Chumbo, e tampouco fizeram a justiça necessária à memória das vítimas fatais da ditadura cruel que vigeu naquele período triste da história deste País.
Tanta injustiça, desrespeito, deboche talvez encontre “explicação” quando se analisa o papel exercido pelo jornal contra o qual protestamos durante boa parte do tempo em que a ditadura militar oprimiu esta Nação.
Em obra literária de autoria de um colaborador desse meio de comunicação, do jornalista Elio Gaspari, intitulada “A Ditadura Escancarada”, figura acusação ao jornal Folha de São Paulo que este jamais rebateu de forma adequada e pública, a acusação de que cedeu veículos à sua “ditabranda” para o transporte de presos políticos.
Mas é em editorial desse grupo empresarial publicado em 22 de setembro de 1971, no auge da ditadura, que transparecem as relações de então entre a mídia e o regime. Diz aquele editorial pretérito tão nefasto quanto o editorial mais recente, sendo ambos do grupo empresarial de comunicação da família Frias:
“Como o pior cego é o que não quer ver, o pior do terrorismo é não compreender que no Brasil não há lugar para ele. Nunca ouve. E de maneira especial não há hoje, quando um governo sério, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular, está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social - realidade que nenhum brasileiro lúcido pode negar, e que o mundo todo reconhece e proclama. O país, enfim, de onde a subversão - que se alimenta do ódio e cultiva a violência - está sendo definitivamente erradicada, com o decidido apoio do povo e da imprensa, que reflete o sentimento deste." Octávio Frias de Oliveira, 22 de setembro de 1971”.
Apesar desse documento histórico com dia, mês e ano, e que pode ser encontrado nos arquivos desse grupo empresarial de comunicação, apesar desse documento que mostra faceta do jornal Folha de São Paulo que ele teima em não reconhecer e que certamente não quer ver conhecido por seu público atual talvez por ter vergonha de seu passado, sua alegação contemporânea é a de que “combateu” a ditadura que aquele editorial, assinado por seu proprietário de então, qualificava como “séria, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular”.
Não se consegue entender como a Folha de São Paulo, então, media o “apoio popular” à ditadura, pois não havia eleições livres ou mesmo pesquisas sobre a popularidade dos ditadores. Era, pois, uma invenção a tese de que a ditadura estaria “levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça social”, porque, à luz do conhecimento histórico daquele período, o que se sabe é que o que gerou foi concentração de renda, ou seja, empobrecimento dos mais pobres e enriquecimento dos mais ricos.
No dia em que o editorial profano mais recente foi lido pelos Sem Mídia, o que nos veio às mentes foram as palavras imortais do ativista negro norte-americano doutor Martin Luther King que pregaram, há tantas décadas, a conduta dos democratas diante dos violadores da democracia: “O que preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons”. E é por isso que estamos aqui hoje, porque a sociedade civil não aceita e não ficará inerte assistindo a defesa velada de uma ditadura e a tentativa de vender a tese de que ela foi menos do que ilegal, imoral e terrivelmente dura, tendo sido tudo, menos “branda”.
São Paulo, 7 de março de 2009
Eduardo Guimarães
Presidente
Mujeres de Fuego
http://mujeresdefuego.blogspot.com/2008/10/premio-nobel-alternativo-2008-cuatro.html
Entrevista a un General de EEUU
Entrevista a un General de EEUU.
El General Reinwald, de la Infantería de Marina Norteamericana, fue entrevistado en un programa de radio por una periodista muy feminista y muy "políticamente correcta".
El motivo de la entrevista era una iniciativa de Reinwald para facilitarle a un grupo de Boy Scouts la visita a las instalaciones militares a su cargo.
Dentro de ese contexto se produjo el siguiente diálogo:
MUJER PERIODISTA: Bien General Reinwald. ¿Qué cosas les enseñará a estos jóvenes muchachos cuando visiten su base?
REINWALD: Bueno, les enseñaremos algo de escalada, canotaje, arquería y tiro al blanco.
MUJER PERIODISTA: ¡¿Tiro al blanco!? Eso es un poco irresponsable ¿no le parece?
REINWALD: No veo por qué. Los chicos estarán apropiadamente supervisados en el polígono de tiro por verdaderos instructores profesionales y con todas las garantías.
MUJER PERIODISTA: Pero ¿no admite Usted que es terriblemente peligroso enseñarle a tirar a los chicos?
REINWALD: Sigo sin ver por qué. Antes de que alguien toque siquiera un rifle en mi Base, a cualquier persona primero le enseñamos todo lo que hay que saber acerca de la seguridad en el manejo de armas de fuego. Los niños no correrán ningún peligro.
MUJER PERIODISTA: ¡Pero Usted los estará equipando para ser asesinos!
REINWALD: Mire. Por lo que puedo ver Usted está perfectamente equipada para ser prostituta. Pero no lo es. ¿No es cierto?
La radio quedó en silencio por varios, largos segundos, y la entrevista quedó interrumpida. ..
.
El General Reinwald, de la Infantería de Marina Norteamericana, fue entrevistado en un programa de radio por una periodista muy feminista y muy "políticamente correcta".
El motivo de la entrevista era una iniciativa de Reinwald para facilitarle a un grupo de Boy Scouts la visita a las instalaciones militares a su cargo.
Dentro de ese contexto se produjo el siguiente diálogo:
MUJER PERIODISTA: Bien General Reinwald. ¿Qué cosas les enseñará a estos jóvenes muchachos cuando visiten su base?
REINWALD: Bueno, les enseñaremos algo de escalada, canotaje, arquería y tiro al blanco.
MUJER PERIODISTA: ¡¿Tiro al blanco!? Eso es un poco irresponsable ¿no le parece?
REINWALD: No veo por qué. Los chicos estarán apropiadamente supervisados en el polígono de tiro por verdaderos instructores profesionales y con todas las garantías.
MUJER PERIODISTA: Pero ¿no admite Usted que es terriblemente peligroso enseñarle a tirar a los chicos?
REINWALD: Sigo sin ver por qué. Antes de que alguien toque siquiera un rifle en mi Base, a cualquier persona primero le enseñamos todo lo que hay que saber acerca de la seguridad en el manejo de armas de fuego. Los niños no correrán ningún peligro.
MUJER PERIODISTA: ¡Pero Usted los estará equipando para ser asesinos!
REINWALD: Mire. Por lo que puedo ver Usted está perfectamente equipada para ser prostituta. Pero no lo es. ¿No es cierto?
La radio quedó en silencio por varios, largos segundos, y la entrevista quedó interrumpida. ..
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Ley de Caducidad-Uruguay
Ley de Caducidad: faltan 26.000 firmas
La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad recolectó 10.547 firmas en la jornada de recolección de firmas realizada durante el pasado fin de semana, en la que se instalaron 500 puestos en todo el país y trabajaron cerca de 2.000 brigadistas. Con las nuevas papeletas, la agrupación lleva reunidas 223.980 firmas, por lo que restan unas 26.000 para llegar a la cifra constitucional que habilite la realización de un plebiscito junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre próximo.
La Coordinadora Nacional que integran el PIT-CNT, Fucvam y otras organizaciones sociales, además del apoyo explícito otorgado por el último Congreso del Frente Amplio necesita recolectar por mandato constitucional alrededor de 250 mil firmas, para llevar la anulación de la ley a una consulta popular. La apuesta de la Coordinadora es entregar en mano al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa 300 mil firmas el 25 de abril próximo.
A las 17.30 hrs de hoy, la Coordinadora realizará una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT en la que difundirá la última cifra hasta el momento y dará a conocer variadas actividades que durante la próxima semana se realizarán con motivo de agilizar la recolección de papeletas.
Fuente: www.larepublica.com.uy
La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad recolectó 10.547 firmas en la jornada de recolección de firmas realizada durante el pasado fin de semana, en la que se instalaron 500 puestos en todo el país y trabajaron cerca de 2.000 brigadistas. Con las nuevas papeletas, la agrupación lleva reunidas 223.980 firmas, por lo que restan unas 26.000 para llegar a la cifra constitucional que habilite la realización de un plebiscito junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre próximo.
La Coordinadora Nacional que integran el PIT-CNT, Fucvam y otras organizaciones sociales, además del apoyo explícito otorgado por el último Congreso del Frente Amplio necesita recolectar por mandato constitucional alrededor de 250 mil firmas, para llevar la anulación de la ley a una consulta popular. La apuesta de la Coordinadora es entregar en mano al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa 300 mil firmas el 25 de abril próximo.
A las 17.30 hrs de hoy, la Coordinadora realizará una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT en la que difundirá la última cifra hasta el momento y dará a conocer variadas actividades que durante la próxima semana se realizarán con motivo de agilizar la recolección de papeletas.
Fuente: www.larepublica.com.uy
Represor disfruta Brasil...-Cordero-Uruguay
Cordero disfruta en Brasil de libertad ambulatoria
Roger Rodríguez | Editor rogerrodriguez@adinet.com.uy
Violada. Disposición de arresto domiciliario incumplida por Cordero .
Está de vacaciones desde el 19 de diciembre. Recién el 27 de febrero el ministro Marco Aurelio de Melo preguntó la dirección dónde debía cumplir su reclusión a domicilio. El criminal de lesa humanidad, requerido por la Justicia de Argentina y Uruguay, bebe cervezas en el bar La Iguana de Santana do Livramento y hace asados con sus amigos.
El torturador uruguayo Manuel Cordero, requerido desde Argentina y Uruguay por crímenes de lesa humanidad, disfruta desde mediados de diciembre de una efectiva libertad ambulatoria en Santana do Livramento y recién ahora, más de dos meses después, la Justicia brasileña inquirió sobre el acatamiento de su reclusión domiciliaria. En una resolución fechada el pasado 27 de febrero, el ministro Marco Aurelio de Melo, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que durante dos años ha dilatado una decisión sobre la extradición del militar uruguayo, admitió un cuestionamiento de la Policía Federal que el 27 de enero preguntó sobre dónde Cordero cumpliría su arresto. El ministro Marco Aurelio dispuso ahora un diligenciamiento en el que le pide a la defensa del propio torturador Cordero que explicite el lugar físico, dirección concreta y titularidad de la propiedad en la que se suponía que estaba cumpliendo la prisión domiciliaria dispuesta el pasado 19 de diciembre. En esa fecha, el propio Marco Aurelio de Melo impidió una decisión de sus colegas del STF para otorgar la extradición del torturador uruguayo a Argentina, cuando en una imprevista intervención, alegó que por razones humanitarias debía concederse la prisión domiciliaria al militar ya que tenía que someterse a una urgente intervención quirúrgica.
Cervezas en La Iguana
Sin embargo, desde mediados de diciembre Cordero ha podido mantener su libertad ambulatoria en Santana do Livramento, donde se le ha visto bebiendo cervezas en un bar llamado La Iguana, ubicado a pocas cuadras de la avenida limítrofe que separa la ciudad brasileña de la capital departamental de Rivera. Las fuentes de LA REPUBLICA sostienen que el torturador uruguayo se pasea por la localidad brasileña, realiza reuniones en su domicilio, al que concurren viejos amigos de ambos lados de la frontera, en una situación que habría alcanzado el colmo de la ironía cuando llegó a dar cuenta de sus excursiones a las propias autoridades policiales. Ante esa situación fue que la Policía Federal envió un escrito al Supremo Tribunal Federal en Brasilia preguntando sobre sus responsabilidades en la custodia del militar uruguayo, que podría fugarse como ya lo hizo de Uruguay cuando era requerido por un delito de desacato por ofensa contra un juez que lo indagaba por apología de la tortura.
La extradición de Manuel Cordero, responsable de torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones en Argentina y Uruguay, tenía cinco votos a favor y dos en contra entre los diez ministros del STF, cuando Marco Aurelio de Melo abogó e impuso la incumplida reclusión domiciliaria del torturador uruguayo.
Fuente: www.larepublica.com.uy
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Roger Rodríguez | Editor rogerrodriguez@adinet.com.uy
Violada. Disposición de arresto domiciliario incumplida por Cordero .
Está de vacaciones desde el 19 de diciembre. Recién el 27 de febrero el ministro Marco Aurelio de Melo preguntó la dirección dónde debía cumplir su reclusión a domicilio. El criminal de lesa humanidad, requerido por la Justicia de Argentina y Uruguay, bebe cervezas en el bar La Iguana de Santana do Livramento y hace asados con sus amigos.
El torturador uruguayo Manuel Cordero, requerido desde Argentina y Uruguay por crímenes de lesa humanidad, disfruta desde mediados de diciembre de una efectiva libertad ambulatoria en Santana do Livramento y recién ahora, más de dos meses después, la Justicia brasileña inquirió sobre el acatamiento de su reclusión domiciliaria. En una resolución fechada el pasado 27 de febrero, el ministro Marco Aurelio de Melo, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que durante dos años ha dilatado una decisión sobre la extradición del militar uruguayo, admitió un cuestionamiento de la Policía Federal que el 27 de enero preguntó sobre dónde Cordero cumpliría su arresto. El ministro Marco Aurelio dispuso ahora un diligenciamiento en el que le pide a la defensa del propio torturador Cordero que explicite el lugar físico, dirección concreta y titularidad de la propiedad en la que se suponía que estaba cumpliendo la prisión domiciliaria dispuesta el pasado 19 de diciembre. En esa fecha, el propio Marco Aurelio de Melo impidió una decisión de sus colegas del STF para otorgar la extradición del torturador uruguayo a Argentina, cuando en una imprevista intervención, alegó que por razones humanitarias debía concederse la prisión domiciliaria al militar ya que tenía que someterse a una urgente intervención quirúrgica.
Cervezas en La Iguana
Sin embargo, desde mediados de diciembre Cordero ha podido mantener su libertad ambulatoria en Santana do Livramento, donde se le ha visto bebiendo cervezas en un bar llamado La Iguana, ubicado a pocas cuadras de la avenida limítrofe que separa la ciudad brasileña de la capital departamental de Rivera. Las fuentes de LA REPUBLICA sostienen que el torturador uruguayo se pasea por la localidad brasileña, realiza reuniones en su domicilio, al que concurren viejos amigos de ambos lados de la frontera, en una situación que habría alcanzado el colmo de la ironía cuando llegó a dar cuenta de sus excursiones a las propias autoridades policiales. Ante esa situación fue que la Policía Federal envió un escrito al Supremo Tribunal Federal en Brasilia preguntando sobre sus responsabilidades en la custodia del militar uruguayo, que podría fugarse como ya lo hizo de Uruguay cuando era requerido por un delito de desacato por ofensa contra un juez que lo indagaba por apología de la tortura.
La extradición de Manuel Cordero, responsable de torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones en Argentina y Uruguay, tenía cinco votos a favor y dos en contra entre los diez ministros del STF, cuando Marco Aurelio de Melo abogó e impuso la incumplida reclusión domiciliaria del torturador uruguayo.
Fuente: www.larepublica.com.uy
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RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
No Hoy DDHH, sin Abogados...
A los Abogados:
Desde los distintos sectores de la Sociedad Civil, especialmente aquellos que deben enfrentar las distintas instancias estatales, en este caso, ya sea en la defensa de victimas de delitos cometidos por agentes gubernamentales, como quienes ven conculcados sus Derechos por instancias civiles y deben recurrir ante la Justicia, se ven expulsados y sometidos a encarar razonamientos, que muchas veces, por su hermenéutica, resultan incomprensibles y en la mayoría de los casos, fuera de la lógica que manejan los ciudadanos comunes.
Es que en la Ciencia del Derecho, muchas veces, el blanco, es blanco si se dan ciertas circunstancias, y en otras expresar que es blanco, si no se guardan las formas rituales, se puede convertir en un delito, por ser mal expresado, ...o también le pueden dar la razón y reconocer que es blanco, pero el tiempo transcurrido, ha hecho que ya haya prescripto el plazo para darle la razón; ahora el blanco ya es negro.
Porque cada vez que el Ciudadano, es privado de su oportunidad de reclamar Justicia, se socava la integridad de la Sociedad toda, muchas veces al tener que recurrir a nuestros pares, ciudadanos, aquellos que han dedicado su vida o elegido para su formación la practica profesional del Derecho, nos encontramos ante quien depositamos nuestros problemas, de quien esperamos que con su expertiz, nos conduzca por ese laberinto, muchas veces kafkiano, y consiga el éxito, ese éxito significa ni mas, ni menos; que se haga Justicia.
Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca, el trabajo que realiza en el Colegio Publico de Abogados de Capital Federal, el grupo Gente de Derecho, nos encontramos con un grupo de Profesionales, que no reniegan de su pertenencia primaria, la ciudadania, que con mística han encarado la tarea de Humanizar una profesión, que en si misma es individual, que se rige por el intercambio de saber, como, cuando y donde, lo cual los coloca en un escalón superior, asignándoles un rol de intermediació n y representació n, son ellos los que hacen realidad los logros, que a lo largo de la historia de la Humanidad, se han plasmado en Códigos y Jurisprudencias.
Herramientas que se han conquistado a lo largo de las Luchas de los Pueblos, por que no ha habido avances en el Derecho, que no hayan sido producto de terribles injusticias y estas injusticias provocaron al ser denunciadas el repudio de la Sociedad toda, que como garantía de no repetición las ha plasmado en Leyes.
Valga esta reflexión, como un reconocimiento, a quienes rompieron la hegemonía de la visión de una Sociedad Calificada, por encima de todos, con comportamientos, muchas veces promiscuos a la hora de representar los intereses particulares, preservando sus privilegios, antes que sus obligaciones éticas, hacemos votos para que Gente de Derecho extienda su impronta y haga llegar su mensaje para ponerlo a consideración de la Sociedad, a la hora de elegir sus representantes.
Por Foro Intergeneracional
Angel Fernandez Schejtman
Desde los distintos sectores de la Sociedad Civil, especialmente aquellos que deben enfrentar las distintas instancias estatales, en este caso, ya sea en la defensa de victimas de delitos cometidos por agentes gubernamentales, como quienes ven conculcados sus Derechos por instancias civiles y deben recurrir ante la Justicia, se ven expulsados y sometidos a encarar razonamientos, que muchas veces, por su hermenéutica, resultan incomprensibles y en la mayoría de los casos, fuera de la lógica que manejan los ciudadanos comunes.
Es que en la Ciencia del Derecho, muchas veces, el blanco, es blanco si se dan ciertas circunstancias, y en otras expresar que es blanco, si no se guardan las formas rituales, se puede convertir en un delito, por ser mal expresado, ...o también le pueden dar la razón y reconocer que es blanco, pero el tiempo transcurrido, ha hecho que ya haya prescripto el plazo para darle la razón; ahora el blanco ya es negro.
Porque cada vez que el Ciudadano, es privado de su oportunidad de reclamar Justicia, se socava la integridad de la Sociedad toda, muchas veces al tener que recurrir a nuestros pares, ciudadanos, aquellos que han dedicado su vida o elegido para su formación la practica profesional del Derecho, nos encontramos ante quien depositamos nuestros problemas, de quien esperamos que con su expertiz, nos conduzca por ese laberinto, muchas veces kafkiano, y consiga el éxito, ese éxito significa ni mas, ni menos; que se haga Justicia.
Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca, el trabajo que realiza en el Colegio Publico de Abogados de Capital Federal, el grupo Gente de Derecho, nos encontramos con un grupo de Profesionales, que no reniegan de su pertenencia primaria, la ciudadania, que con mística han encarado la tarea de Humanizar una profesión, que en si misma es individual, que se rige por el intercambio de saber, como, cuando y donde, lo cual los coloca en un escalón superior, asignándoles un rol de intermediació n y representació n, son ellos los que hacen realidad los logros, que a lo largo de la historia de la Humanidad, se han plasmado en Códigos y Jurisprudencias.
Herramientas que se han conquistado a lo largo de las Luchas de los Pueblos, por que no ha habido avances en el Derecho, que no hayan sido producto de terribles injusticias y estas injusticias provocaron al ser denunciadas el repudio de la Sociedad toda, que como garantía de no repetición las ha plasmado en Leyes.
Valga esta reflexión, como un reconocimiento, a quienes rompieron la hegemonía de la visión de una Sociedad Calificada, por encima de todos, con comportamientos, muchas veces promiscuos a la hora de representar los intereses particulares, preservando sus privilegios, antes que sus obligaciones éticas, hacemos votos para que Gente de Derecho extienda su impronta y haga llegar su mensaje para ponerlo a consideración de la Sociedad, a la hora de elegir sus representantes.
Por Foro Intergeneracional
Angel Fernandez Schejtman
Poner fin al sufrimiento innecesario-HRW-
http://www.hrw.org
Human Rights Watch
ONU: Poner fin al sufrimiento innecesario
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Letter from the Executive Director of UNAIDS to the Chair of the CND
El cáncer nos está matando. El dolor me está matando porque desde hace varios días no he logrado encontrar morfina inyectable en ningún lugar. Por favor, señor Ministro de Salud, no nos haga sufrir más
Anuncio clasificado publicado en el diario El País, de Cali, Colombia, el 12 de septiembre de 2008, por la madre de una mujer con cáncer de cuello uterino
Cumbre sobre drogas debe abordar obstáculos a medicamentos que mitigan el dolor
Marzo 3, 2009
La Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Estupefacientes, que iniciará el 11 de marzo de 2009, debe abordar la falta de acceso a medicamentos para el alivio del dolor en muchos países, lo cual provoca que decenas de millones de personas en todo el mundo sufran dolor severo pero tratable, declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
En el informe de 47 páginas, "‘Please, Don't Make Us Suffer Anymore...': Access to Pain Treatment as a Human Right" ("‘Por favor, no nos hagan sufrir más...': El acceso al tratamiento del dolor como un derecho humano"), Human Rights Watch dijo que los países podrían mejorar significativamente el acceso a medicamentos para el dolor abordando las causas de su escasa disponibilidad. Éstas incluyen con frecuencia el hecho de no establecer sistemas funcionales de suministro y distribución; ausencia de políticas gubernamentales que aseguren la disponibilidad de estos fármacos; instrucción insuficiente para el personal de salud; regulaciones excesivamente estrictas del control de drogas, y temor a sanciones legales entre trabajadores de la salud.
"El dolor severo puede tratarse fácilmente con medicamentos baratos, por lo que es inexcusable que millones de personas tengan que vivir y morir en agonía", dijo Diederik Lohman, investigador principal de la división de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. "La cumbre de la ONU sobre los estupefacientes ofrece una oportunidad para que los gobiernos den un significado real a su compromiso de poner fin a este sufrimiento innecesario".
En el informe, Human Rights Watch señaló que la legislación internacional requiere que los Estados pongan a disposición fármacos narcóticos para el tratamiento del dolor a la vez de prevenir abusos, pero el fuerte énfasis internacional en la prevención del abuso de dichas drogas ha llevado a muchos países a descuidar esa obligación. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes asevera que el uso médico de estos fármacos es "indispensable" para mitigar el dolor y el sufrimiento.
"Los tratados de la ONU sobre los estupefacientes visualizaban un equilibrio entre prevenir el abuso y asegurar que las drogas narcóticas estén disponibles para propósitos médicos", dijo Lohman. "En la práctica, muchos gobiernos han implementado leyes y políticas estrictas que se enfocan en el abuso de drogas e ignoraron su obligación de garantizar un acceso legítimo a medicamentos que alivian el dolor".
A consecuencia de ello, casi 50 años después de la adopción del acuerdo, la disponibilidad adecuada de drogas narcóticas para el tratamiento del dolor continúa siendo una promesa incumplida. En febrero de 2009, la Organización Mundial de la Salud calculó que decenas de millones de personas en todo el mundo sufren dolor severo, pero carecen de acceso a tratamiento apropiado, incluyendo unos 5.5 millones de pacientes con cáncer terminal y un millón de pacientes con sida en fase final.
En la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre los Estupefacientes, a realizarse el 11 y 12 de marzo en Viena, las naciones establecerán las prioridades de la política global de drogas para los próximos diez años. Las negociaciones preliminares a la reunión se han centrado casi exclusivamente en prevenir el uso ilícito de sustancias controladas, al mismo tiempo ignorando en gran medida su escasa disponibilidad para propósitos médicos.
"La cumbre de la ONU debe establecer metas claras y medibles a fin de mejorar el acceso a medicamentos para tratar el dolor", dijo Lohman. "Ser ‘duros con las drogas' no debe significar que los gobiernos se rehúsen a brindar alivio para el dolor e ignoren el sufrimiento de millones de personas".
Citas seleccionadas del informe:
"Por dos días sufrí dolor extremo tanto en la parte trasera como en la frontal de mi cuerpo. Pensé que iba a morir. El doctor dijo que no había necesidad de darme medicamentos para el dolor, que era sólo un hematoma y el dolor desaparecería por sí mismo. Estuve gritando durante toda la noche".
- Un hombre de Kerala, India, describe a Human Rights Watch, el 20 de marzo de 2008, su estancia en un hospital después de un accidente en un sitio de construcción en el cual sufrió trauma en la espina dorsal. Se omite su nombre para proteger su privacidad.
"El cáncer nos está matando. El dolor me está matando porque desde hace varios días no he logrado encontrar morfina inyectable en ningún lugar. Por favor, señor Ministro de Salud, no nos haga sufrir más".
- Anuncio clasificado publicado en el diario El País, de Cali, Colombia, el 12 de septiembre de 2008, por la madre de una mujer con cáncer de cuello uterino.
"Los médicos le temen a la morfina... Los doctores [en Kenia] están tan acostumbrados a que los pacientes mueran con dolor... piensan que así es como debes morir. Se muestran suspicaces si no mueres de esta manera - [y sienten] que tu muerte fue prematura".
- Dr. John Weru, de Nairobi, Kenia, médico de un hospicio, durante su entrevista con Human Rights Watch en junio de 2007.
También disponible en
English
Human Rights Watch
ONU: Poner fin al sufrimiento innecesario
Related Materials:
UN Human Rights Experts Call upon CND to Support Harm Reduction
Letter from Global Fund Executive Director to the Chair of the CND
Letter from the Executive Director of UNAIDS to the Chair of the CND
El cáncer nos está matando. El dolor me está matando porque desde hace varios días no he logrado encontrar morfina inyectable en ningún lugar. Por favor, señor Ministro de Salud, no nos haga sufrir más
Anuncio clasificado publicado en el diario El País, de Cali, Colombia, el 12 de septiembre de 2008, por la madre de una mujer con cáncer de cuello uterino
Cumbre sobre drogas debe abordar obstáculos a medicamentos que mitigan el dolor
Marzo 3, 2009
La Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Estupefacientes, que iniciará el 11 de marzo de 2009, debe abordar la falta de acceso a medicamentos para el alivio del dolor en muchos países, lo cual provoca que decenas de millones de personas en todo el mundo sufran dolor severo pero tratable, declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
En el informe de 47 páginas, "‘Please, Don't Make Us Suffer Anymore...': Access to Pain Treatment as a Human Right" ("‘Por favor, no nos hagan sufrir más...': El acceso al tratamiento del dolor como un derecho humano"), Human Rights Watch dijo que los países podrían mejorar significativamente el acceso a medicamentos para el dolor abordando las causas de su escasa disponibilidad. Éstas incluyen con frecuencia el hecho de no establecer sistemas funcionales de suministro y distribución; ausencia de políticas gubernamentales que aseguren la disponibilidad de estos fármacos; instrucción insuficiente para el personal de salud; regulaciones excesivamente estrictas del control de drogas, y temor a sanciones legales entre trabajadores de la salud.
"El dolor severo puede tratarse fácilmente con medicamentos baratos, por lo que es inexcusable que millones de personas tengan que vivir y morir en agonía", dijo Diederik Lohman, investigador principal de la división de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. "La cumbre de la ONU sobre los estupefacientes ofrece una oportunidad para que los gobiernos den un significado real a su compromiso de poner fin a este sufrimiento innecesario".
En el informe, Human Rights Watch señaló que la legislación internacional requiere que los Estados pongan a disposición fármacos narcóticos para el tratamiento del dolor a la vez de prevenir abusos, pero el fuerte énfasis internacional en la prevención del abuso de dichas drogas ha llevado a muchos países a descuidar esa obligación. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes asevera que el uso médico de estos fármacos es "indispensable" para mitigar el dolor y el sufrimiento.
"Los tratados de la ONU sobre los estupefacientes visualizaban un equilibrio entre prevenir el abuso y asegurar que las drogas narcóticas estén disponibles para propósitos médicos", dijo Lohman. "En la práctica, muchos gobiernos han implementado leyes y políticas estrictas que se enfocan en el abuso de drogas e ignoraron su obligación de garantizar un acceso legítimo a medicamentos que alivian el dolor".
A consecuencia de ello, casi 50 años después de la adopción del acuerdo, la disponibilidad adecuada de drogas narcóticas para el tratamiento del dolor continúa siendo una promesa incumplida. En febrero de 2009, la Organización Mundial de la Salud calculó que decenas de millones de personas en todo el mundo sufren dolor severo, pero carecen de acceso a tratamiento apropiado, incluyendo unos 5.5 millones de pacientes con cáncer terminal y un millón de pacientes con sida en fase final.
En la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre los Estupefacientes, a realizarse el 11 y 12 de marzo en Viena, las naciones establecerán las prioridades de la política global de drogas para los próximos diez años. Las negociaciones preliminares a la reunión se han centrado casi exclusivamente en prevenir el uso ilícito de sustancias controladas, al mismo tiempo ignorando en gran medida su escasa disponibilidad para propósitos médicos.
"La cumbre de la ONU debe establecer metas claras y medibles a fin de mejorar el acceso a medicamentos para tratar el dolor", dijo Lohman. "Ser ‘duros con las drogas' no debe significar que los gobiernos se rehúsen a brindar alivio para el dolor e ignoren el sufrimiento de millones de personas".
Citas seleccionadas del informe:
"Por dos días sufrí dolor extremo tanto en la parte trasera como en la frontal de mi cuerpo. Pensé que iba a morir. El doctor dijo que no había necesidad de darme medicamentos para el dolor, que era sólo un hematoma y el dolor desaparecería por sí mismo. Estuve gritando durante toda la noche".
- Un hombre de Kerala, India, describe a Human Rights Watch, el 20 de marzo de 2008, su estancia en un hospital después de un accidente en un sitio de construcción en el cual sufrió trauma en la espina dorsal. Se omite su nombre para proteger su privacidad.
"El cáncer nos está matando. El dolor me está matando porque desde hace varios días no he logrado encontrar morfina inyectable en ningún lugar. Por favor, señor Ministro de Salud, no nos haga sufrir más".
- Anuncio clasificado publicado en el diario El País, de Cali, Colombia, el 12 de septiembre de 2008, por la madre de una mujer con cáncer de cuello uterino.
"Los médicos le temen a la morfina... Los doctores [en Kenia] están tan acostumbrados a que los pacientes mueran con dolor... piensan que así es como debes morir. Se muestran suspicaces si no mueres de esta manera - [y sienten] que tu muerte fue prematura".
- Dr. John Weru, de Nairobi, Kenia, médico de un hospicio, durante su entrevista con Human Rights Watch en junio de 2007.
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Programa UMBRAL -Paraguay
Programa presentado como un contribucion al mejoramiento del servicio de Justicia en Paraguay-
Info CELS- Causas DDHH
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Crímenes del terrorismo de Estado - Weblogs de las causas
Causas
Este blog informa sobre las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares, de seguridad y civiles durante la última dictadura militar en todo el país. La selección de causas que presentamos remite a aquellas en las que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es parte.
En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en los que se esté realizando el debateCAUSAS
Batallón 601
Centro clandestino ESMA
Primer Cuerpo
Plan Cóndor
Causas en el interior LAS CONDENAS
Poblete/Hlaczik
Batallón de Inteligencia 601
Masacre de Fátima
El día 18 de diciembre de 2007 se conoció la sentencia de esta causa, en la cual se condenó a penas de entre 20 y 25 años de prisión a altos jefes militares, responsables de la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. Los miembros de ese grupo cuyo caso fue parte del debate son: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.
La investigación se dirigió principalmente a determinar la actuación de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior desaparición de estas personas, en especial el rol del Batallón de Inteligencia 601.
Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad. Causa Batallón 601
La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (Nº 14.217/03) corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Como involucra a más de 5000 víctimas y más de 120 represores, no es posible que sea juzgada en un único juicio, si bien eso sería lo ideal, pues la ESMA es uno de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables.
Al mes de enero de 2009, si bien ya han sido elevadas a juicio siete partes del extenso expediente – todas radicadas en el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado – más allá del fallido debate en el que se juzgó al fallecido prefecto Héctor Febres, aún ningún tramo de la causa ha llegado a juicio oral, y no se espera que lo hagan hasta el 2010.
En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky, Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta Alvarez y Graciela García. Centro Clandestino ESMA
Robo de bienes
La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03) corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del circuito de la Policía Bonaerense.
La investigación de esta causa está a cargo del juez federal de primera instancia Daniel Rafecas. El 10 de febrero de 2009 comenzará un nuevo debate oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, en el que se juzgarán los hechos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera Róvere, Jefe de la Subzona Capital Federal en 1976 y a los llamados "Jefes de Area", los coroneles (r) Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez, el general de brigada (r) Teófilo Saa y el teniente coronel (r) Felipe Alespeiti.
En el marco de esta causa se encuentran elevados otros casos que llegarán a juicio con posterioridad. Se trata de las partes del expediente que corresponden a los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo, El Vesubio y Automotores Orletti, a los casos de represión en la provincia de La Pampa, y, finalmente, la investigación de los secuestros y desapariciones de trabajadores del Hospital Posadas en marzo de 1976.
Se trata de una megacausa con más de 90 imputados, entre los cuales 6 han sido ya condenados, uno absuelto, 40 se encuentran procesados, casi el 50% de ellos excarcelados, mientras que 5 se encuentran prófugos de la justicia y más de 30 han fallecido antes de ser juzgados. La causa cuenta con 24 detenidos, de los cuales casi el 90% se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Marcos Paz.
El CELS, que actúa como querellante, también patrocina a las familias de Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J. Cazalas. Caso Poblete - Hlaczik
Centro Clandestino Automotores Orletti
Masacre de Fátima
Mercedes Benz
Olivera Róvere y Jefes de Área·
Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (Nº 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba procesado Jorge Rafael Videla. El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7, Secretaría nº 14, dispuso la clausura de instrucción y consignó la elevación a juicio.
El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Actualmente existen 34 implicados en la causa, de los cuales 27 se encuentran procesados, y entre ellos 10 cumpliendo prisión preventiva por esta causa. El universo de detenidos, no obstante, consiste en 17 casos, pues muchos de los implicados se encuentran encarcelados por su participación en hechos relativos a otras causas que investigan crímenes del terrorismo de estado. Causa Plan Cóndor
El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en otras provincias.
En primer lugar, el CELS apoyó y acompañó la presentación de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano.
Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron brutalmente torturados. Los militares detenidos integran un listado de más de 30 personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Rubén Skidelsky. A enero de 2009, se espera que este dé por finalizada la instrucción y disponga la elevación a juicio.
Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart y Miguel Ángel Pólit, víctimas de la Masacre de Trelew. Este hecho ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre. Masacre de Margarita Belén
Masacre de Trelew
Tercer cuerpo de Cordoba
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En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en los que se esté realizando el debateCAUSAS
Batallón 601
Centro clandestino ESMA
Primer Cuerpo
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Causas en el interior LAS CONDENAS
Poblete/Hlaczik
Batallón de Inteligencia 601
Masacre de Fátima
El día 18 de diciembre de 2007 se conoció la sentencia de esta causa, en la cual se condenó a penas de entre 20 y 25 años de prisión a altos jefes militares, responsables de la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. Los miembros de ese grupo cuyo caso fue parte del debate son: Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.
La investigación se dirigió principalmente a determinar la actuación de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior desaparición de estas personas, en especial el rol del Batallón de Inteligencia 601.
Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad. Causa Batallón 601
La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (Nº 14.217/03) corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Como involucra a más de 5000 víctimas y más de 120 represores, no es posible que sea juzgada en un único juicio, si bien eso sería lo ideal, pues la ESMA es uno de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables.
Al mes de enero de 2009, si bien ya han sido elevadas a juicio siete partes del extenso expediente – todas radicadas en el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado – más allá del fallido debate en el que se juzgó al fallecido prefecto Héctor Febres, aún ningún tramo de la causa ha llegado a juicio oral, y no se espera que lo hagan hasta el 2010.
En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky, Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta Alvarez y Graciela García. Centro Clandestino ESMA
Robo de bienes
La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03) corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del circuito de la Policía Bonaerense.
La investigación de esta causa está a cargo del juez federal de primera instancia Daniel Rafecas. El 10 de febrero de 2009 comenzará un nuevo debate oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, en el que se juzgarán los hechos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera Róvere, Jefe de la Subzona Capital Federal en 1976 y a los llamados "Jefes de Area", los coroneles (r) Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez, el general de brigada (r) Teófilo Saa y el teniente coronel (r) Felipe Alespeiti.
En el marco de esta causa se encuentran elevados otros casos que llegarán a juicio con posterioridad. Se trata de las partes del expediente que corresponden a los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo, El Vesubio y Automotores Orletti, a los casos de represión en la provincia de La Pampa, y, finalmente, la investigación de los secuestros y desapariciones de trabajadores del Hospital Posadas en marzo de 1976.
Se trata de una megacausa con más de 90 imputados, entre los cuales 6 han sido ya condenados, uno absuelto, 40 se encuentran procesados, casi el 50% de ellos excarcelados, mientras que 5 se encuentran prófugos de la justicia y más de 30 han fallecido antes de ser juzgados. La causa cuenta con 24 detenidos, de los cuales casi el 90% se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Marcos Paz.
El CELS, que actúa como querellante, también patrocina a las familias de Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J. Cazalas. Caso Poblete - Hlaczik
Centro Clandestino Automotores Orletti
Masacre de Fátima
Mercedes Benz
Olivera Róvere y Jefes de Área·
Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (Nº 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba procesado Jorge Rafael Videla. El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7, Secretaría nº 14, dispuso la clausura de instrucción y consignó la elevación a juicio.
El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Actualmente existen 34 implicados en la causa, de los cuales 27 se encuentran procesados, y entre ellos 10 cumpliendo prisión preventiva por esta causa. El universo de detenidos, no obstante, consiste en 17 casos, pues muchos de los implicados se encuentran encarcelados por su participación en hechos relativos a otras causas que investigan crímenes del terrorismo de estado. Causa Plan Cóndor
El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en otras provincias.
En primer lugar, el CELS apoyó y acompañó la presentación de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal Cristina Garzón de Lascano.
Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron brutalmente torturados. Los militares detenidos integran un listado de más de 30 personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo del juez Carlos Rubén Skidelsky. A enero de 2009, se espera que este dé por finalizada la instrucción y disponga la elevación a juicio.
Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart y Miguel Ángel Pólit, víctimas de la Masacre de Trelew. Este hecho ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre. Masacre de Margarita Belén
Masacre de Trelew
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