Cumbre ONU-despenalizar la marihuana-

SE INICIA HOY LA CUMBRE SOBRE ESTUPEFACIENTES DE LA ONU
Ex presidentes piden en Viena la despenalización de la marihuana
Se inicia hoy en Austria la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas, de la cual se aguardan nuevos lineamientos para abordar este problema en la próxima década. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, recomendará oficialmente la despenalización del consumo de marihuana. Lo que sigue es parte del texto del documento, donde se exponen los principales argumentos.

César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso en la reunión de Río de Janeiro, el 11 de febrero pasado, donde se aprobó el documento que será recibido hoy por la ONU.
Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia se dirige a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices:

- Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.

- Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.

- Focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.

Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:

1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.

La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico solo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minándose de esta manera las bases económicas de este negocio criminal.

2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.

La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol y el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana -de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad- son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes.

La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas de adicción.

Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más recurso a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la policía. En este país también es descomunal la magnitud de los recursos que se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención, tratamiento o rehabilitación de los consumidores.

3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

Las drogas afectan el poder de decisión de los individuos. El testimonio de ex adictos sobre estos riesgos puede tener mayor poder de convencimiento que la amenaza de represión o la exhortación virtuosa a no consumir. Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia de las personas a que se destinan.

Cabe a las campañas de comunicación alertar de modo constante a la población en general y a los consumidores en particular sobre la responsabilidad de cada uno frente al problema, los peligros que genera el “dinero fácil” y los costos de violencia y corrupción asociados al tráfico de drogas.

La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en el mundo son bastante ineficaces. Hay mucho que aprender con las experiencias de países europeos como, por ejemplo, el Reino Unido, Holanda y Suiza y es preciso explorar experiencias de otras regiones.

4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es importante el desarrollo de estrategias regionales y globales.

5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no solo de cultivos alternativos, sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se deben considerar los usos ilícitos de plantas como la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga, promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo.


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