Estados Unidos tiene para la Cuenca del Caribe un proyecto que el Pentágono expuso en 2001. Ese plan es tan destructivo y sanguinario que Washington no puede reconocer su existencia, así que tiene que inventar una narrativa aceptable. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Pero, ¡cuidado!, las apariencias esconden cada vez más la realidad, durante las manifestaciones prosigue la preparación de la guerra.
Durante los últimos meses, Estados Unidos ha logrado convencer a una cuarta parte de los países miembros de la ONU –entre ellos 19 países de las Américas– para que no reconozcan el resultado de la elección presidencial realizada en Venezuela en mayo de 2018. Por consiguiente, esos países tampoco reconocen la legitimidad del segundo mandato del presidente Maduro.
En una entrevista concedida al Sunday Telegraph y publicada el 21 de diciembre de 2018, el ministro británico de Defensa, Gavin Wiliamson, declaraba que Londres está negociando la instalación de una base militar permanente en Guyana para retomar la política imperial británica anterior a la crisis de Suez. Aquel mismo día, un diputado guyanés hacía caer sorpresivamente el gobierno de su país y, de inmediato, se refugiaba en Canadá.
Al día siguiente, la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil afirma que un barco que había alquilado para realizar trabajos de prospección dentro de la zona en litigio entre Guyana y Venezuela había sido expulsado de aquellas aguas por la marina de guerra venezolana. La expedición contaba con una autorización concedida por el gobierno guyanés saliente, que administra de facto la zona en litigio. Inmediatamente, el Departamento de Estado, y después el Grupo de Lima, denuncian el incidente como un peligro que Venezuela hace correr a la seguridad regional.
Pero el 9 de enero, el presidente Maduro revela grabaciones de audio y video que demuestran que ExxonMobil y el Departamento de Estado mintieron deliberadamente para crear una situación de conflicto y empujar los países latinoamericanos a entrar en guerra entre sí. Los países miembros del Grupo de Lima reconocen entonces la manipulación, con excepción de Paraguay y Canadá.
El 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela elige su nuevo presidente, Juan Guaidó, y se niega a reconocer la legalidad del segundo mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Según la Asamblea Nacional, la situación es similar al caso previsto en el artículo 233 de la Constitución. Según ese artículo, cuando un presidente de la República se ve impedido de ejercer sus funciones –por enfermedad–, el presidente de la Asamblea Nacional lo reemplaza automáticamente. Como puede verse, esto no tiene nada que ver con la situación actual.
El 23 de enero, los opositores a la Revolución Bolivariana y sus partidarios realizan simultáneamente una serie de marchas en Caracas. Juan Guaidó se autoproclama entonces presidente interino del ejecutivo. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Israel lo reconocen de inmediato como nuevo presidente de Venezuela. España que ya participó antes en varias intentonas golpista contra Hugo Chávez, empuja la Unión Europea a sumarse a la nueva maniobra.
La lógica de los acontecimientos conduce Venezuela a romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y a cerrar su embajada en Washington. Afirmando que el presidente Nicolás no tiene derecho a romper relaciones con Estados Unidos, Washington mantiene su embajada en Caracas y sigue aportando leña al fuego.
No hay comentarios:
Publicar un comentario