16 febrero, 2022

La CIDH, RELE y OACNUDH expresan preocupación ante los hallazgos sobre uso del software Pegasus para espiar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador

 Nota completa

Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) expresan preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización de software malicioso Pegasus, empleado con fines de vigilancia ilegal en contra de periodistas y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, quienes investigan e informan sobre asuntos de relevancia pública; y exhortan al Estado a investigar los hechos denunciados de manera efectiva e imparcial, y a velar por la protección de la integridad de las víctimas.

Un peritaje realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, determinó que al menos 35 personas de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña fueron intervenidas en sus teléfonos con el software malicioso Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group. Cabe señalar que la RELE ya había advertido sobre el uso de dicho software en otros países de las Américas, y el riesgo que implica respecto a los derechos de víctimas de espionaje.

El informe indica que, de las 35 personas presuntamente espiadas, al menos 22 serían integrantes del portal de investigación periodística El Faro. El equipo del medio de prensa habría permanecido bajo vigilancia constante entre –al menos– el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. El peritaje pudo concluir, asimismo, que el acceso a los aparatos telefónicos se habría realizado en fechas específicas que coinciden con momentos en los que el periódico adelantaba, había publicado, o estaba próximo a publicar reportajes de interés público, y en contextos de debates políticos nacionales relevantes. Este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que también tiene el potencial de afectar los derechos inherentes al ejercicio del periodismo, incluyendo la reserva e integridad de las fuentes, así como los derechos de otras personas de su entorno.


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