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12 febrero, 2009

Operativo Condor- Orletti-

En unos meses mas la justicia argentina estará en condiciones de iniciar juicio oral y público por uno de los episodios más esclarecedores de los que sucedió en nuestro continente durante la vigencia de las dictaduras. El denominado Plan Cóndor fue el acuerdo de los dictadores chilenos, bolivianos, uruguayos, brasileños, paraguayos y argentinos, por el cual dispusieron perseguir y eliminar a opositores políticos de cualquiera de esos países en el lugar donde se encontraren. El acuerdo tuvo la aceptación y el apoyo del gobierno norteamericano. En sus Memorias, Henry Kissinger dijo meses antes de la caída del presidente chileno Salvador Allende, en septiembre de 1973, que “La nueva doctrina establece el derecho de los EEUU a intervenir en cualquier país del mundo, amigo o enemigo, para cambiar su gobierno”. También confirmó que la Embajada norteamericana en Santiago de Chile había pagado una suma de dinero para que el Parlamento no eligiera a Allende como presidente. Un millón cuatrocientos cuarenta y un mil dólares. El agregado militar del FBI en la Embajada norteamericana en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976 informó a su director general la concertación del Plan Cóndor por parte de los seis países involucrados. El objetivo, tal como se desprende de una comunicación autenticada por el Departamento de Justicia de los EEUU obrante en la causa penal, una vez localizados los exiliados en cualquiera de los países, se enviaría un grupo de inteligencia encargado de evaluar sus conexiones, sostenes e importancia de su funcionamiento. Un segundo grupo sería enviado con capacidad operativa necesaria para aplicar “sanción hasta el asesinato”.
El Plan Cóndor fue diseñado por las dictaduras fundamentalmente para eludir la protección internacional que las convenciones otorgaban a los perseguidos, esencialmente la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que establece que los Estados parte deben proteger a quienes sufrieren persecuciones por razones políticas, entre otras, de sus países de origen. El Alto Comisionado para el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) es el organismo internacional destinado a evaluar la existencia de motivos que permiten albergar a los perseguidos. Entre 1973 y 1976 principalmente, la Argentina fue país de recepción de perseguidos que huían de las dictaduras que ya se habían instalado en países vecinos, especialmente de Paraguay, Chile y Uruguay. Por ese motivo nuestro país fue el principal escenario en el cual se llevaron a cabo acciones criminales. El asesinato del General chileno Carlos Prats y de su mujer Sofía Cuhbert, el del presidente y general boliviano Juan José Torres, como el de los dirigentes políticos uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, integran la lista de las víctimas. Los que fueron secuestrados con vida pasaron por el centro de tortura y exterminio denominado “Automotores Orletti” en el barrio porteño de Flores, alquilado por agentes de la SIDE que funcionó bajo las órdenes de Otto Paladino y Anibal Gordon. En dicho centro operaron militares chilenos y uruguayos.
Por estos hechos se había requerido la extradición de militares como Pinochet, Contreras y Espinoza, de Chile; Hugo Banzer de Bolivia, Alfredo Stroessner de Paraguay y del general uruguayo Vadora y de varios de sus colaboradores. La muerte impedirá insistir con el reclamo de Pinochet y de Stroessner (este último, con una pequeña ayuda del Brasil).
Al requerir la elevación a juicio, el fiscal Miguel Angel Osorio imputó la comisión del delito de asociación ilícita por la concertación de un plan criminal, destinado a perpetrar asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, con independencia de que esos actos se hubieren finalmente cometido. La mayoría, en verdad, se llevó a cabo y también forma parte de la acusación (ciento diez casos).
También hubo apropiaciones de niños, como el caso de Carla Artés Company, secuestrada en Bolivia junto a sus padres Graciela Rutila Artés (argentina) y su padre Enrique Lucas Company (uruguayo, militante tupamaro), por el que la Embajada de Bolivia había enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina una nota de la que surge que la familia había sido secuestrada en el marco del Plan Cóndor. La niña y su madre fueron entregadas a Gendarmería Nacional argentina y puestas en custodia de la Triple A –Alianza Anticomunista Argentina-. Los padres están desaparecidos y Carla fue apropiada por Eduardo Ruffo, agente civil de la SIDE que operó en el centro clandestino Orletti. Finamente fue recuperada por su abuela materna.
Mas allá de que aún no hemos podido juzgar a militares extranjeros (ni a los dirigentes norteamericanos que los sostuvieron), el proceso iniciado sobre el Plan Cóndor adquiere una relevancia sin precedentes, considerando que es la primera vez que jueces de un país deciden investigar una organización criminal internacional, conformada por funcionarios militares de distintos países, que acordaron perpetrar crímenes de lesa humanidad. El proceso fue iniciado en septiembre de l999, cuando la impunidad era norma en la Argentina, a partir de una presentación formulada por querellantes de cada uno de los países involucrados, con el patrocinio de los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún. Los acusados son los argentinos Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Juan Pablo Saa, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Cristino Nicolaides, Bernardo Menéndez, Carlos Landoni, Eugenio Guañabens Perelló, Ramón Díaz Bessone, Eduardo Delío y Ernesto Alais.
Si bien el principal escenario de operaciones estuvo en territorio argentino, el Plan Cóndor tuvo su sede funcional en Santiago de Chile, donde se coordinaron las acciones, se intercambió información y se complementaron proyectos criminales. Con ese fin se establecieron mecanismos de comunicación entre los centros clandestinos de los distintos países.
El hecho disparador del descubrimiento del Plan Cóndor fue el asesinato de Orlando Letelier, canciller de Salvador Allende, y de su secretaria, en la ciudad de Washington. El abogado paraguayo Martín Almada, testigo en la causa, halló en una de las dependencias del Estado paraguayo, cinco toneladas de documentos que contenían información acerca de los cincuenta años de represión política en Paraguay: la conexión Nazi y la intervención de Interpol al servicio de Cóndor y los documentos del Operativo Cóndor. Esa documentación constató que los agregados militares de los países involucrados trabajaron exclusivamente para el Operativo Cóndor. También dijo que estando en manos de los militares paraguayos había sido interrogado por militares chilenos y argentinos que pretendieron conocer el paradero de militantes políticos de esos países. El intercambio de secuestrados y de información fue frecuente, lo que quedó asentado en distintas notas de agradecimiento que circularon entre las fuerzas militares.
Hace poco el juez Daniel Rafecas envió a juicio oral la causa por los crímenes cometidos en el centro clandestino “Automotores Orletti”, en la que están imputados el comodoro de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui, el coronel del Ejército Rubén Visuara, el general de división Eduardo Cabanillas, y los miembros de la SIDE Horacio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo. Falta decidir que ambos procesos se acumulen y que haya un solo juicio, dado que existe prueba común y fundamentalmente para proteger a los testigos, que no deben ser expuestos más allá de lo estrictamente necesario y cuyos testimonios tendrán resonancia en todo el continente.

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