(Río de Janeiro) - La policía de Río de Janeiro y San Pablo recurre habitualmente al uso de la fuerza letal, con frecuencia comete ejecuciones extrajudiciales y, de este modo, agrava la violencia en ambos estados, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 122 páginas denominado "Lethal Force: Police Violence and Public Security in Rio de Janeiro and São Paulo" [Fuerza letal: violencia policial y seguridad pública en Río de Janeiro y San Pablo] analiza 51 casos en que la policía habría ejecutado a presuntos delincuentes y posteriormente informado que las víctimas habían muerto en enfrentamientos armados producto de resistirse a su detención.
Cada año, la policía de Río y San Pablo mata a más de 1.000 personas en el marco de estos supuestos enfrentamientos. Si bien algunos de estos homicidios por "resistencia" de los cuales es responsable la policía son actos legítimos en defensa propia, el informe comprobó que muchos son ejecuciones extrajudiciales.
"La ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes no es la respuesta a los delitos violentos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los residentes de Río y San Pablo necesitan una policía más efectiva, y no más violencia policial".
Las ejecuciones ilegales por parte de la policía menoscaban las legítimas medidas adoptadas por ambos estados para combatir la violencia criminal, que en muchos casos es perpetrada por grupos fuertemente armados. En Río, estos grupos son en gran medida los responsables de uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio. Y en San Pablo, pese a que en la última década se redujo la cantidad de homicidios, la violencia de grupos armados representa una grave amenaza.
Human Rights Watch obtuvo evidencia confiable en 51 casos de "resistencia" que refutan las afirmaciones de los policías que alegaron que las víctimas habrían muerto durante enfrentamientos armados. Por ejemplo, en 33 casos, las pruebas forenses contradicen la versión oficial de los hechos, y los informes de autopsia señalan que en 17 de estos casos la policía había disparado a las víctimas a quemarropa. Los 51 casos no representan la totalidad de las posibles ejecuciones extrajudiciales, pero, como concluye el informe, indican la existencia de un problema mucho más generalizado.
El informe también se basa en entrevistas exhaustivas a más de 40 funcionarios del sistema de justicia penal, entre ellos varios importantes fiscales que consideran que las ejecuciones extrajudiciales por la policía son un grave problema en ambos estados.
Las estadísticas oficiales del gobierno respaldan la afirmación de los fiscales de que se trata de un problema endémico:
La policía de Río y San Pablo ha matado a más de 11.000 personas desde 2003;
La cantidad de homicidios por la policía en el estado de Río ascendió a la cifra récord de 1.330 en 2007, mientras que la correspondiente a 2008 fue de 1.137, la tercera más alta;
En el estado de San Pablo, si bien la cantidad de homicidios por la policía es inferior a la de Río, también es relativamente elevada: durante los últimos cinco años, por ejemplo, el número de homicidios por la policía en el estado de San Pablo (2.176) fue mayor que en toda Sudáfrica (1.623), un país con índices de homicidio mucho más elevados que los de San Pablo.
El gran número de homicidios por la policía resulta aún más alarmante si se lo analiza en relación con los contados casos de lesiones no mortales de civiles causadas por la policía y de muertes de agentes de policía.
El Comando de Policiamiento de Choque de San Pablo mató a más de 305 personas entre 2004 y 2008, pero sólo 20 resultaron heridas. En todos estos supuestos "enfrentamientos armados", solamente un policía perdió la vida;
En Río, en 10 zonas bajo el control de la policía militar, los policías mataron a 825 personas por "resistencia" durante 2008, en tanto la cantidad de policías muertos fue 12;
La policía de Río arrestó a 23 personas por cada una de las personas que mató durante 2008, y la policía de San Pablo detuvo a 348 por cada muerte. En comparación, por cada persona que murió durante un enfrentamiento armado con la policía de Estados Unidos, se produjeron más de 37.000 detenciones.
"Los agentes de policía pueden utilizar la fuerza letal como último recurso para proteger su vida y la de otras personas", manifestó Vivanco. "Sin embargo, la idea de que estos homicidios por parte de la policía se hayan producido en defensa propia, o que estén justificados por los altos índices de delincuencia, no resiste el menor análisis".
Además de las numerosas muertes por "resistencia" perpetradas cada año por agentes de policía en servicio, los policías también matan a cientos de personas más mientras se encuentran fuera de servicio, a menudo durante su participación en milicias en Río y en escuadrones de la muerte en San Pablo.
Los agentes de policía responsables de las ejecuciones ilegales en Río y San Pablo pocas veces responden ante la justicia. Según muestra el informe, la causa principal que permite que la policía eluda sistemáticamente cualquier responsabilidad por los homicidios es que los sistemas de justicia penal de ambos estados dependen casi exclusivamente de investigadores policiales para resolver estos casos.
Human Rights Watch comprobó que, a menudo, los agentes de policía toman medidas para encubrir la verdadera naturaleza de las muertes por "resistencia". Asimismo, los investigadores policiales a menudo no realizan todas las diligencias necesarias para determinar lo sucedido, y contribuyen de este modo a que no pueda establecerse ninguna responsabilidad penal y a que los responsables no rindan cuentas por sus actos.
"Mientras sigan a cargo de las investigaciones, estas ejecuciones continuarán sin un control efectivo, y las medidas legítimas destinadas a combatir la violencia en ambos estados se verán menoscabadas", señaló Vivanco.
El informe incluye recomendaciones dirigidas a las autoridades de Río y San Pablo para combatir la violencia policial y mejorar la seguridad pública. La recomendación más importante es que se creen unidades especializadas dentro de las fiscalías para investigar las muertes por "resistencia", y que aseguren que los agentes responsables de las ejecuciones extrajudiciales rindan cuentas ante la justicia.
El informe también describe las medidas que deberían adoptar las autoridades estatales y federales para maximizar la efectividad de estas unidades especiales. Estas medidas incluyen:
Exigir a los agentes de policía que informen a los fiscales sobre las muertes por "resistencia" inmediatamente después de producidas;
Establecer y asegurar la aplicación estricta de un protocolo sobre cómo tratar la escena del crímen que disuada a los agentes de policía de participar en falsos "rescates" u otras técnicas de encubrimiento; e
Investigar las técnicas policiales de encubrimiento, como los falsos "rescates", e investigar y juzgar a los agentes que participan en ellas.
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