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11 junio, 2019

Un nuevo informe detalla las deficiencias del sistema de protección a periodistas en México

Cinco periodistas han sido asesinados en México durante los primeros cinco meses de 2019, una cifra tan trágica como poco sorprendente en uno de los países más letales del mundo para ejercer el oficio. El poder de los cárteles de la droga, la corrupción estatal y policial y un sistema de justicia ineficiente conforman el cóctel que ha convertido a México en un territorio de impunidad para quienes buscan silenciar las voces críticas.
Con el fin de abordar esta situación desesperante, que también se cobra un precio altísimo entre los activistas por los Derechos Humanos, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón estableció en 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. El Mecanismo ofrece a activistas, periodistas, medios y ONGs bajo amenaza medidas inmediatas de protección, como escoltas o guardaespaldas, instalación de cámaras de seguridad y suministro de equipos como chalecos antibalas o teléfonos satelitales.
A siete años de la creación del programa, Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicaron el informe Cambiando el curso de la impunidad. Protección y acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México. El documento analiza la trayectoria del Mecanismo desde su establecimiento hasta el año 2018, un período que coincide con el mandato completo del ex presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración “se vio empañada por un marcado incremento de la hostilidad hacia las voces críticas y disidentes, y por una manifiesta incapacidad de proteger sus espacios de acción”, dice el informe.
Para reunir datos que dieran un panorama certero acerca de los resultados de la implementación del Mecanismo, se llevaron a cabo entrevistas con víctimas, autoridades mexicanas, organismos nacionales e internacionales de DDHH y miembros del Espacio OSC: un colectivo de organizaciones que representan legalmente a las víctimas y que acompañan casos ante el Mecanismo de Protección. También se presentaron más de 40 solicitudes de acceso a la información a la Procuraduría General de la República y a las fiscalías y procuradurías de los diez estados mexicanos donde el programa ha aceptado el mayor número de solicitudes de protección.
No fue fácil para las autoras Gina Hinojosa, Virry Schaafsma y Maureen Meyer acceder a los datos solicitados. “Pocas fiscalías y procuradurías nos dieron toda la información que pedimos dentro del período de tiempo estipulado en las leyes de transparencia mexicanas”, cuenta a IJNet la asistente de Programas de WOLA, Gina Hinojosa. “Tuvimos que enviar varias solicitudes y hacer varias llamadas para recibir la información. En el caso de Coahuila, la fiscalía estatal no nos proporcionó una respuesta completa en los siete meses transcurridos entre la presentación de nuestra primera solicitud y la publicación del informe. Es por eso que el documento no incluye datos de Coahuila”.
Las autoras se encontraron, además, con que las estadísticas de varias fiscalías y procuradurías no presentaban un registro desglosado de los delitos contra periodistas y activistas, impidiendo así la identificación de patrones y conexiones entre los casos. “Vemos esto como un grave desprecio hacia los altos niveles de violencia que enfrentan los defensores de los derechos humanos en México y un desinterés por parte del gobierno mexicano para entender los riesgos que enfrentan”, dice Hijonosa.
La creación y permanencia del Mecanismo no deja de ser, en sí, una buena noticia. A enero de 2019 había aceptado 644 de las 766 solicitudes de protección recibidas, con un total de 1.144 personas receptoras de alguna forma de protección desde 2012. El panorama general es, sin embargo, desolador: desde agosto de 2017 seis personas beneficiarias del programa han sido asesinadas, y la recién llegada administración de López Obrador ha recortado el ya limitado presupuesto del Mecanismo y, por lo tanto, su capacidad de acción.

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