31 marzo, 2022

Cómo investigar abusos policiales en las manifestaciones porROSA LAURA GERÓNIMO

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uando un periodista va a cubrir una protesta en Latinoamérica, sabe que debe ir preparado para protegerse de la represión policial y que muy posiblemente registrará toda clase de vejaciones que, sin evidencia, serían fácilmente negadas. La impunidad de la policía ha sido una constante histórica en los países de la región. No obstante, desde que las tecnologías están cada vez más al alcance de las manos de los ciudadanos, el registro de estos abusos ha permitido que, en ciertos casos, se pueda identificar y sancionar a los responsables.

No es una labor simple. Aunque existen situaciones extraordinarias en que una foto o un clip de video difundido en redes sociales es concluyente, lo usual es que, en medio del caos de los enfrentamientos, la evidencia quede fragmentada o las imágenes sean confusas. Por ello, los periodistas tienen que recolectar distintas piezas e indagar más allá de la información ya difundida.

Tres medios de comunicación sudamericanos abordaron el reto de reconstruir los abusos policiales en manifestaciones de diferentes maneras, logrando importantes hallazgos. En Chile, La Pública empleó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información como su herramienta principal. En Perú, la colaboración de los lectores de IDL-Reporteros fue clave para obtener material inédito y revelador que inculpaba a las fuerzas estatales. Y en Colombia, programas de análisis de imágenes y geolocalización permitieron situar los abusos en el tiempo y espacio exactos. Son tres ejemplos que pueden ser una pauta a seguir para periodistas que quieran investigar estos temas.

Chile

Cuando estallaron las protestas sociales en Chile en octubre de 2019, las periodistas Paulette Desormeaux y Catalina Gaete sintieron que debían complementar la cobertura de la represión policial de los medios tradicionales con su propio enfoque: reportajes cuyo corazón era la información obtenida a través de pedidos de acceso público y datos abiertos. Ellas sabían bien que cualquier información en manos del Estado, en cualquier formato, podía ser entregada a los ciudadanos. Entonces realizaron el pedido de las grabaciones de las cámaras corporales que llevaban los carabineros en las intervenciones, con el rango de días y lugar especificado.



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