Sin consenso para volver atrás, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría que respeta lo conquistado en la ley de alquileres.
El miércoles pasado, luego de tres sesiones informativas con más de 140 exposiciones, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió tres dictámenes para reformar la ley de alquileres.
Dos dictámenes plantean medidas regresivas sobre derechos conquistados por la población inquilina, como volver a los dos años de duración mínima de contrato y que los aumentos, en lugar de anuales, sean cada seis meses o, incluso, mensuales. En torno a la actualización, el dictamen promovido por Juntos por el Cambio plantea que sea libre y el del bloque Identidad Bonaerense según inflación, eliminando la variable salarios (RIPTE).
El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, sostiene todos los derechos reconocidos por la ley de alquileres, como la duración mínima de tres años y la actualización anual según el índice oficial. Además, incorpora una serie de modificaciones para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en alquiler e incentivar la oferta en el mercado. En especial:
-Crea garantías públicas para trabajadores monotributistas.
-Permite que el depósito en garantía se pague en hasta seis cuotas.
-Define que el índice de actualización del valor del alquiler sea el máximo y no un valor obligatorio, pudiendo entonces las partes pactar aumentos por debajo de éste.
-Ratifica la obligación de aceptar pagos por transferencia bancaria, debiendo propietaries aportar datos de las cuentas.
-Incentivos fiscales: no considera a las locaciones para viviendas como unidades de explotación en el régimen simplificado, lo que evita el salto al régimen general para aquellos locadores con más de tres viviendas. Plantea que las viviendas en alquiler no computen para el cálculo de bienes personales; e incorpora a las viviendas usadas con destino alquiler dentro del régimen de incentivos para la construcción votado en 2021.
-Explicita que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial será el órgano ejecutor de la ley.
-Incluye a la Secretaría de Comercio para que intervenga en la resolución de los conflictos y elabore propuestas para defender a les inquilines con difusión trimestral de la información producida. Este punto recoge lo propuesto en las mesas convocadas por el Secretario de Comercio.
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