http://pijamasurf.com/2017/06/gobierno_mexicano_espia_a_periodistas_y_activistas_con_software_para_perseguir_terroristas/#.Wp6t3IcoYLA.gmail
El New York Times publicó hoy información basada en un reportaje de Citizen Lab, Article 19 y otras organizaciones ciudadanas, en el que se revela el uso de un programa para espiar que el gobierno mexicano ha utilizado en contra de activistas y periodistas, notoriamente Carmen Aristegui.
Entre los personajes que el Times ha descubierto que fueron espiados se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes en el caso Ayotzinapa, defensores de los derechos humanos (entre ellos, una mujer estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía), el periodista Carlos Loret de Mola y un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción.
Article 19 y R36 y sostienen haber documentado otros 76 intentos de hackeo con este spyware a través de enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus. Cada infección exitosa superaría los 70 mil dólares en costo.
La Sedena, la PGR y el CISEN habrían gastado desde el 2011 unos 80 mil millones de dólares en este software fabricado por la empresa israelí NSO. El spyware Pegasus funciona al enviar mensajes de texto a los aparatos que busca monitorear para infiltrarse y obtener acceso a información que incluye "llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto".
NSO argumenta que vende su software a los gobiernos con la condición de que sea usado para combatir terroristas y grupos criminales. En México se utiliza contra periodistas y activistas. El New York Times explica:
según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Ahora deberá discutirse si el gobierno ha hecho algo ilegal (algo que parece muy probable) y si esto podrá ser castigado puntualmente (algo que parece poco probable). La ley mexicana marca que la vigilancia de comunicaciones privadas debe autorizarse por un juez federal bajo la justificación de un caso legal que argumente la necesidad de realizar dicha vigilancia. No se cree que el gobierno haya tenido aprobbación judicial para hackear los teléfonos de periodistas y activistas. Toda lógica sugiere que el gobierno carece de esta autorización, en tanto que resultaría absurdo pedir permiso a un juez para vigilar a alguien que justamente se dedica a vigilar los derechos humanos de los demás.
Por si esto fuera poco, el Times documenta esfuerzos radicales y escandalosos para lograr obtener acceso a los celulares de los periodistas y activistas, incluyendo enviar mensajes sobre supuestos amoríos extramaritales y atacar el teléfono del hijo de Carmen Aristegui.
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