El gobierno debe proteger a los civiles y juzgar a los miembros de los grupos y sus cómplices
Bogotá) - Colombia debe responder de manera efectiva frente a los violentos grupos que están cometiendo abusos contra civiles y que han surgido a lo largo del país luego de la deficiente desmovilización de los grupos paramilitares, señala Human Rights Watch en un informe difundido en el día de hoy.
El informe de 126 páginas, Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, documenta abusos graves y generalizados cometidos por los grupos sucesores de la coalición paramilitar conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC). Los grupos sucesores cometen habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia. A menudo atacan a defensores de derechos humanos, sindicalistas, víctimas de los paramilitares que exigen justicia y miembros de la comunidad que no aceptan sus órdenes. El informe viene acompañado de una presentación multimedia de fotos y audio de algunos de los colombianos amenazados por estos grupos.
"Independientemente de cómo se les llame a estos grupos -paramilitares, bandas criminales u otra denominación- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos".
El informe se basa en casi dos años de investigaciones de campo y describe el brutal impacto que los grupos sucesores están teniendo en la situación de derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en cuatro regiones donde los grupos mantienen una presencia significativa: la ciudad de Medellín, la región del Urabá chocoano, y los departamentos de Meta y Nariño.
Los grupos sucesores representan una creciente amenaza para el goce de los derechos humanos en la sociedad colombiana. Las cifras más conservadoras, usadas por la Policía Nacional de Colombia, indican que los grupos cuentan con más de 4..000 miembros y tienen presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia. Los grupos reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación.
El surgimiento de estos grupos coincidió con un incremento significativo de los índices nacionales de desplazamiento interno registrados a partir del 2004, hasta por lo menos fines del 2007. Gran parte del desplazamiento se ha estado produciendo en regiones donde los grupos sucesores están activos. En algunas áreas, como Medellín, donde el índice de homicidios casi se ha duplicado en el último año, los operativos de estos grupos han causado un marcado incremento de la violencia.
El informe cita numerosos ejemplos de abusos cometidos por grupos sucesores y documentados por Human Rights Watch, tales como los siguientes:
Cuando una defensora de derechos humanos en el centro del país se encontraba brindando asistencia a una víctima de los paramilitares en la vivienda de esta, varios miembros de un grupo sucesor que se identificaron como águilas Negras ingresaron por la fuerza, violaron a ambas mujeres y advirtieron a la defensora que abandonara su trabajo por los derechos humanos. Finalmente, ella se vio obligada a huir del pueblo por las continuas amenazas del grupo.
Más de 40 personas del barrio Pablo Escobar en Medellín fueron obligadas a abandonar sus hogares entre fines de 2008 y principios de 2009 como resultado de una serie de asesinatos y amenazas perpetradas por el grupo armado local, que en parte está integrado por paramilitares desmovilizados..
En el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, la mayoría de los residentes de tres comunidades del municipio costero de Satinga fueron desplazados luego de que uno de los grupos sucesores (que entonces operaba con el nombre de Autodefensas Campesinas de Nariño) ingresara a una de las localidades, asesinando a dos jóvenes y presuntamente causando la desaparición forzada de un tercero.
El surgimiento de los grupos sucesores era predecible, señaló Human Rights Watch, en gran parte debido a que el gobierno colombiano no desarticuló las redes criminales de la coalición paramilitar durante el proceso de desmovilización desarrollado entre 2003 y 2006. La implementación inadecuada de las desmovilizaciones por el gobierno también permitió que los paramilitares reclutaran a civiles para que se hicieran pasar por paramilitares durante el proceso, mientras mantenían a una parte de sus grupos en actividad. El informe describe, por ejemplo, la desmovilización del Bloque Norte, en la cual existen pruebas contundentes de que se cometió fraude, siguiendo órdenes del jefe de las AUC Rodrigo Tovar (conocido como "Jorge 40").
En el informe también se manifiesta preocupación por las denuncias de supuesta tolerancia de algunos funcionarios del estado y sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los grupos sucesores. Tanto fiscales como miembros de alto rango de la policía señalaron a Human Rights Watch que esta tolerancia representaba un verdadero obstáculo para su labor. Y en cada una de las ciudades y regiones visitadas, Human Rights Watch recibió reiteradas denuncias de tolerancia frente a los grupos sucesores por parte de sectores de la fuerza pública.
En Nariño, por ejemplo, un hombre denunció que "las águilas Negras nos interrogan, con la policía a 20 metros de distancia... [N]o puedes confiar en el Ejército ni la policía porque prácticamente están con ellos". En Urabá, un ex funcionario afirmó que en una de las localidades la policía aparentemente trabajaba con los grupos sucesores: "Es todo muy evidente... La policía controla la entrada y la salida [del pueblo] y... comparten inteligencia". En Meta, un funcionario expresó que recibía "constantes denuncias de que el Ejército amenaza a la gente, diciendo que detrás vienen 'los Cuchillos' [el principal grupo sucesor de la región]... En algunos casos, el Ejército se retira e ingresan los Cuchillos".
Human Rights Watch señaló que el gobierno colombiano tiene obligaciones jurídicas de proteger a los civiles frente a agresiones, prevenir abusos y garantizar justicia.
Pero el gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados. Se ha demorado en financiar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que desempeña un rol fundamental de protección de la población civil. En ocasiones, organismos del estado se han negado a registrar el desplazamiento de civiles que denunciaban haber sido desplazados por grupos sucesores. Y el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a funcionarios del estado que, según se informa, tolerarían a los grupos sucesores.
"El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema", expresó Vivanco. "El gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo por proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes".
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