WASHINGTON
El gobierno de Donald Trump está ofreciendo abogados y expertos en legislación a los gobiernos de América Latina para ayudarlos a redactar nuevas leyes que faciliten las sanciones a funcionarios e industrias venezolanas, según fuentes estadounidenses familiarizadas con los planes.
La comunidad internacional en general ha apoyado los esfuerzos de Washington para forzar un cambio democrático en Venezuela, pero la mayoría de los líderes latinoamericanos les han dicho a los funcionarios de Estados Unidos que no tienen los mismos marcos legales para imitarlos con sanciones propias.
“No tienen la autoridad”, le dijo a McClatchy un funcionario de alto rango del gobierno de EEUU. “Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es ayudar a esos países a redactar leyes que les otorguen jurisdicción para llevar a cabo este tipo de sanciones si así lo desean”.
La Casa Blanca está presionando a los aliados de América Latina y el Caribe para que tomen medidas contra Venezuela, cuya crisis económica y humanitaria será el principal tema de conversación en la Cumbre de las Américas la próxima semana en Lima, Perú. Esa será la primera visita de Trump a la región como presidente.
Su administración camina por una cuerda floja, ya que trata de unir a los aliados para forzar el cambio en Venezuela sin darles a los críticos la oportunidad de acusar a Washington de intervencionismo.
Públicamente, los funcionarios estadounidenses piden a los gobiernos que hagan todo lo que puedan para apoyar los esfuerzos de Estados Unidos. Pero en privado están presionando más, reuniendo embajadores en Washington o enviando diplomáticos a toda la región, para alentar a los aliados a reformar sus leyes destinadas a derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Están instando a los líderes latinoamericanos a unirse a Estados Unidos, Canadá y los aliados europeos que han trabajado juntos para privar de efectivo al gobierno de Caracas, que depende del petróleo y que necesita efectivo desesperadamente.
La Casa Blanca remitió preguntas sobre el último esfuerzo de la administración al Departamento del Tesoro, que no respondió a una solicitud para que comente al respecto.
El alto funcionario de la administración no indicó a qué países está presionando Estados Unidos, pero dijo que el esfuerzo se basa en el trabajo de administraciones anteriores para ayudar a los aliados a redactar leyes que los ayuden a enjuiciar a los combatientes extranjeros que regresan de Siria e Irak. En el 2014, el ex secretario de Justicia del gobierno de Obama, Eric Holder, envió abogados al norte de África y Medio Oriente para trabajar con los políticos mientras la ansiedad aumentaba en todo el mundo de que algunas de esas personas regresaran a sus países de origen para intentar ataques terroristas.
No es raro que Estados Unidos extienda su mano legislativa a otras naciones.
Estados Unidos ha ayudado a los gobiernos centroamericanos a redactar leyes de expropiación de activos para permitir que los gobiernos confisquen la propiedad del acusado, incluso antes de que sean condenados por un delito.
Venezuela será el principal tema en la próxima Cumbre de las Américas. Según las Naciones Unidas, aproximadamente 1.5 millones de venezolanos han huido del país en busca de alimentos, medicinas y oportunidades. Más de 15 países en América Latina y el Caribe han acogido a los venezolanos desplazados.
“Los países de las Américas tienen la responsabilidad de trabajar juntos para abordar la crisis humanitaria creada por el régimen de Maduro en Venezuela”, dijo otro alto funcionario de la administración. “En nuestra opinión, esto se ha convertido en una crisis regional, con cientos de miles de venezolanos huyendo a los países vecinos”.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 20 funcionarios actuales y anteriores del gobierno venezolano en los últimos meses, incluido Maduro. La Casa Blanca ha prohibido a los bancos estadounidenses comprar nueva deuda venezolana, un duro golpe para las finanzas del país.
La Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro están estudiando aún más opciones para ayudar a expulsar a Maduro del gobierno, incluida la prohibición de vender petróleo venezolano en Estados Unidos.
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