La Alcaldía de San Francisco prohibió hoy a las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero que criticadas por las organizaciones pro derechos civiles.
La histórica ordenanza “Para frenar vigilancia secreta” hace de San Francisco la primera ciudad en vetar el uso de esta tecnología de inteligencia artificial con fines de vigilancia.
La ciudad californiana se convirtió así en la primera del país en tomar una medida de estas características y ahora podrían seguirla en un futuro cercano la vecina Oakland, que está considerando una prohibición similar, y el estado de Massachusetts, donde el Senado estatal también está estudiando la cuestión.
“Esta no es una política antitecnológica. Se trata de poder exigir responsabilidades en torno a la tecnología de vigilancia, de garantizar que se hace un uso seguro de ella”, explicó durante el pleno el concejal promotor de la medida, Aaron Peskin, quien aseguró que “se puede tener seguridad sin convertirse en un estado policial”.
La medida fue aprobada en el pleno del consistorio por ocho votos a favor y uno en contra, y con la oposición pública del cuerpo de Policía local, que durante los últimos días ha presionado para que no saliese adelante una prohibición que a su juicio dificultará el día a día de sus operaciones.
Gobiernos y agencias de seguridad a lo largo y ancho del país hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial(capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.
Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.
En este sentido, Peskin citó el estudio llevado a cabo en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas federales (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.
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