El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció el martes sorpresivamente a su curul en el Senado para asumir su defensa en una investigación en su contra de la Corte Suprema de Justicia por soborno y fraude procesal, una decisión que desató una tormenta judicial y política en el país sudamericano.
“La Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. “Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia”.
Con la salida de Uribe, máximo dirigente del Partido Centro Democrático que apoyó la candidatura del presidente electo Iván Duque, la organización política pierde a su principal líder en el Congreso donde el nuevo mandatario buscará impulsar decisivas reformas económicas, sociales y al acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Duque, un abogado experto en economía de 41 años, respaldado por su partido, busca que los exguerrilleros desmovilizados de las FARC, acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, respondan primero ante la justicia antes de ocupar cargos políticos.
“Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho”, dijo en una declaración el presidente electo.
Uribe, quien gobernó a Colombia entre el 2002 y el 2010, fue el senador más votado en las pasadas elecciones legislativas de marzo con más de 875.000 sufragios y fue el principal crítico del saliente presidente Juan Manuel Santos y de su negociación de paz con las FARC para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
Aunque más de 13.000 integrantes de las FARC, incluidos unos 7.000 combatientes, entregaron sus armas tras el acuerdo de paz firmado en 2016 y se ha evidenciado una notable reducción de la violencia y de los ataques en el país, un amplio sector de la conservadora sociedad colombiana se opone a ver a los excomandantes rebeldes en el Congreso.
ACUSACIÓN DE LA CORTE
La Corte Suprema de Justicia informó que los hechos por los que investiga a Uribe y al congresista Álvaro Hernán Prada son posteriores al 16 de febrero de este año, cuando ordenó investigar al expresidente por falsa denuncia y presunta manipulación de testigos.
En esa ocasión el tribunal cerró una investigación contra Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático, a quien Uribe había denunciado por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, y ordenó investigar por los mismos hechos al exmandatario.
“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, dijo un comunicado de la corte.
La corte dijo en febrero que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos escuadrones no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Uribe y algunos de sus familiares han sido acusados por sus opositores políticos de supuestos vínculos con paramilitares, pero hasta ahora no ha prosperado ninguna investigación por esos cargos contra el exmandatario.
Los escuadrones paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista.
El Partido Centro Democrático de Uribe calificó como un “montaje” el proceso judicial contra el exmandatario y le pidió reconsiderar su renuncia para que continúe la defensa de la democracia y de sus tesis desde el Congreso.
“La inocencia del Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que este proceso sobre presiones a supuestos testigos es un montaje de sus enemigos políticos”, aseguró una declaración del Centro Democrático en la que afirmó que se trata de una estrategia para atacar la estabilidad del nuevo gobierno.
Los opositores de Uribe aseguraron que la decisión de la corte de llamarlo a indagatoria demuestra que ninguna persona está por encima de la ley.
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