El jueza Saliann Scarpulla ordenó al presidente Donald Trump pagar $2 millones de dólares a varias organizaciones sin fines de lucro como parte de un acuerdo con la oficina de la fiscal general del estado de Nueva York.
La fiscal Letitia James había pedido $2.8 millones de dólares en restitución, pero eso se redujo a $2 millones por la demanda civil que acusa violaciones persistentes de la ley de caridades que incluyeron coordinación ilegal con el equipo de campaña presidencial en 2016.
El recurso fue presentado en junio de 2018 alega que el presidente y sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric, violaron las leyes federales y estatales de financiamiento de campañas y abusaron del estado exento de impuestos de la Fundación Donald Trump.
Según la demanda, los Trump permitieron que la fundación se usara como “una chequera” para servir los intereses políticos y comerciales del presidente Trump.
El acuerdo del presidente Trump llegó tras otro para disolver la fundación, pero bajo supervisión judicial.
“Todo el dinero recaudado por la Fundación se destinó a causas benéficas para ayudar a los más necesitados”, afirmaron abogados del presidente Trump, quien acusó a fiscal general de motivación política.
Además de pagar una multa, la fiscal James había pedido prohibir al presidente Trump y a sus hijos participar en cualquier otra organización sin fines de lucro de Nueva York.
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