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03 mayo, 2018
Preocupación regional por la grave situación en Brasil
El resultado de la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de negarle al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva un habeas corpus contra su prisión, en cumplimiento de una sentencia penal condenatoria no firme, abre cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de derecho en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos. La prisión de Lula fue solicitada en el marco de procesos judiciales cuestionables tanto en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018.
Si bien los avances en la investigación y sanción de la corrupción son claves para el funcionamiento de las instituciones democráticas, la llamada Operación Lava Jato presenta indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y del debido proceso, así como del derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados. Las obligaciones del Estado de investigar hechos de corrupción con consecuencias, también, para la vigencia de los derechos humanos pierden legitimidad si la acción de la justicia se torna selectiva con el fin de interferir en los procesos democráticos y conculcar los derechos políticos de un sector de la población.
Elementos centrales del derecho internacional de los derechos humanos fueron sesgados o no fueron tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces del tribunal, lo que pone en cuestión la obligación de la Suprema Corte de justicia de mantener su rol de garante de la democracia y los derechos fundamentales en medio a la crisis institucional de Brasil.
Esta decisión está inserta en un contexto de golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Roussef en 2016 y del espacio creciente de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en la conducción de los asuntos políticos internos del país.
El general Eduardo Villas Bôas difundió mensajes preocupantes la noche anterior a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el ex presidente Lula. El comandante afirmó que repudia la impunidad y que “el ejército se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Los militares comandan una intervención federal en Río de Janeiro desde febrero, cuando las más altas autoridades militares reclamaron “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad”. Además, lideran operaciones policiales conocidas como “Garantía de la Ley y la Orden”. En este contexto de fragilidad de las instituciones democráticas, en marzo fue asesinada la concejal y defensora de derechos humanos Marielle Franco y las caravanas de la campaña a la presidencia de Lula sufrieron ataques que incluyeron disparos con armas letales .
Ante lo que representan estos hechos en términos de controles democráticos, separación de los poderes, imparcialidad y libertades civiles y políticas en el país, en el contexto de la prisión del ex presidente, hacemos un llamado urgente para que los países de la región en los espacios intergubernamentales correspondientes, como la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA, en especial, en el ámbito de la Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo 13 y 14 de abril, así como las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se posicionen sobre la gravedad de la situación en Brasil.
Regional organizations express concern over the grave situation in Brazil
The decision of the Federal Supreme Court of Brazil to deny the ex-president Luiz Inácio Lula da Silva habeas corpus to remain out of prison while he exhausts all possible appeals against his conviction, allows for the consideration over the future of democracy and rule of law in the region, with serious consequences for Human Rights. Lula’s prison was requested in the framework of questionable judicial processes both in relation with their judicial bases as their procedures, while he is the main candidate according to the polls, for the 2018 election.
The advances on the investigation and sanction of corruption is key for the correct functioning of democratic institutions. However, the “Operation Lava Jato” presents signs of non-compliance with the guarantees of impartiality and due process, as well as with the right to defense and presumption of innocence of those accused. The obligation of the State to investigate corruption which also has consequences for the validity of human rights, losses legitimacy if the actions of the justice system becomes selective with the purpose of interfering in the democratic process and infringe the political rights of a sector of the population.
Central elements of international law of human rights were biased or not taken into account by the majority of the judges of the Court. This calls into question the obligation of the Supreme Court of justice of maintaining their role as guarantors of democracy and fundamental rights in the midst of Brazil’s institutional crisis.
This decision is inserted in a context of institutional breakdown that removed president Dilma Roussef on 2016 and in the context of the growing space of armed forces in public security and the conduction of internal political affairs of the country.
The General Eduardo Villas Bôas spread worrisome messages the night before the decision by the Federal Supreme Court of Brazil on the ex-president Lula. The commander affirmed that he repudiates impunity and that “the army is attentive of its institutional duties”. The militaries have been leading a federal intervention in Rio de Janeiro since February, when the highest military authorities claimed “guarantees to act without the risk of a new truth commission being established”. Furthermore, they lead police operations known as “The Guarantee of Law and Order”. In this context of weakness of democratic institutions, in march the municipal councillor and defendant of human rights, Marielle Franco, was murdered and the caravans of the presidential campaign of Lula received attacks that included gunshots.
In light of what these facts mean in terms of democratic controls, separation of powers, impartiality, political and civil liberties in the country and the imminent prison of the former president, we urge all the countries in the region, in the corresponding intergovernmental spaces like CELAC, UNASUR, MERCOSUR and OAS, specially during the Summit of the Americas, to be held on 13 and 14 April, as well as international organization of human rights, such as the Inter-American Commission of Human Rights, to take a stand over the grave situation in Brazil.
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