La figura del comisario bonaerense, Aníbal Degastaldi, era apenas recordada por un episodio ya
desdibujado por el tiempo: su asistencia al velorio de María Marta García Belsunce, de donde se retiró sin sospechar que le habían volado a tiros la tapa de los sesos.
El bisemanario Perfil publicó en su edición del 24 de diciembre de 2016 una nota titulada “Qué hacen y como viven los principales personajes del caso García Belsunce”. Y sobre Degastaldi, consigna: “Se jubiló. Llegó a tener una agencia de seguridad con el ex comisario Mario Naldi, de la cual se separó en 2009. Ahora tiene una prepaga y una empresa de gastronomía”.
En realidad aquel recuento omitía varios restaurantes, dos bailantas, una estación de servicio y un inmueble en la Capital valuado en medio millón de dólares, además de una honrosa actividad: espía de la AFI, según se sospecha hoy.
Idéntica changa consiguió su viejo compinche policial, el ex comisario Ricardo Oscar Bogoliuk. Éste –con una trayectoria signada por una discreción casi obsesiva– tuvo la desdicha de haber sido uno de los últimos interlocutores del fiscal Alberto Nisman, poco antes de su muerte. Y eso hizo que por unos días su nombre titilara en los medios.
Ambos acaban de ser detenidos por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por la causa que ya mantiene bajo prisión preventiva al traficante de influencias Marcelo D’Alessio a raíz de presuntas extorsiones en beneficio del fiscal federal Carlos Stornelli.
Lo cierto es que en su empeño por despegar a éste del asunto, D’Alessio no vaciló en señalar a los ex comisarios como sus mandantes. Un manotón de ahogado. Porque eso –lejos de concretar tal propósito– bastó para que el juez redondeara la acusación con la carátula de “asociación ilícita”. Un contratiempo penal que ellos jamás imaginaron para sí.
Porque esos dos viejos pájaros de cuentas habían salido airosos de todas las trapisondas consumadas durante su etapa policial.
De hecho, era un secreto a voces la buena relación entre Degastaldi –a cargo de la DDI de San Isidro–y las bandas de secuestradores extorsivos, al punto de que él solía ofrecerse a los familiares de las víctimas para la entrega del rescate; lo que se dice, un servicio “puerta a puerta”.
Bogoliuk, por su parte, tuvo una tarea subsidiaria a su función oficial: el gerenciamiento de la piratería del asfalto en su paso por la DDI de Mercedes.
Ellos tampoco fueron salpicados por las pesquisas patrimoniales que de tanto en tanto ordenaba el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero.
Pero sus ciclos concluyeron en el otoño de 2006 al ser exonerados por León Arslanián, junto con otros 114 oficiales. Aún así jamás habían visitado un tribunal en calidad de imputados.
“¡Me cagaron! ¡Soy un boludo!”. Tales fueron las palabras que esgrimió D’Alessio en su indagatoria, tras nombrar a Degastaldi y Bogoliuk.
Esa desesperada infidencia hizo que días después ellos se presentaran en Dolores, pero Ramos Padilla no les tomó declaración porque esperaba el cruce de llamadas y las pericias sobre celulares y computadoras.
Ya en la resolución de 216 fojas con que el lunes 25 de febrero dictó la prisión preventiva para D’Alessio, el juez solo nombra de manera tangencial a los ex comisarios, puesto que tenía entre sus planes avanzar sobre ellos. Y lo hace esa misma noche al ordenar sus arrestos.
En semejante escenario, lejos de ocupar el papel de “mandantes”, ellos habrían sido solamente una pieza entre los variados aportes de la AFI. Porque –según se desprende de la resolución del juez– la división de trabajo entre los hacedores de la maniobra reservaba a D’Alessio “la responsabilidad de llevar a cabo las operaciones psicológicas sobre varios ciudadanos que después eran extorsionados o coaccionados para decir o hacer algo contra su voluntad”. Y los dos ex policías habrían tenido a su cargo el monitoreo técnico de esa fase, además de proporcionarle al falso abogado el trabajo de inteligencia previa que, por su magnitud, únicamente pudo reunir un equipo de agentes (y no una o dos personas); o sea, una exploración del “perfil” de la víctima y una carpeta con datos personales sobre cómo está compuesta su familia, sus antecedentes laborales, sus viajes al exterior, sus registros telefónicos, las causas judiciales en su contra y las dificultades que padece. “Con aquellas investigaciones sobre la persona –asegura Ramos Padilla– se la ‘ponía en emergencia’ o se la ‘hacía entrar en pánico’, utilizando los términos del propio D’Alessio, para que declarara de una determinado manera y se transformará en un colaborador o entregara dinero”. Así funciona está nueva fábrica de inocentes y culpables.
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