Fuente: El Cohete a la Luna (17-03-2019)
Los objetivos estratégicos de un agente encubierto
Las implicaciones internacionales de la detención de Marcelo D’Alessio empiezan a develarse. La investigación llevada a cabo por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, logró que la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se aboque al análisis de las 4.000 fojas enviadas por su juzgado, material en el que se encuentran claras evidencias de contactos con agencias de inteligencia extranjera y pruebas de espionaje hacia empresarios, políticos locales e integrantes del mundo del espectáculo.
Algunas de esas informaciones fueron encargadas o remitidas a instituciones que poseen sedes fuera del territorio nacional.
La invitación cursada por la Comisión Bicameral al magistrado y al Director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, prevista para el jueves 21 de marzo, permitirá profundizar en los nexos existentes entre la red de espionaje de la que Marcelo D’Alessio formaba parte y las orientaciones políticas globales de quienes encargaban/auditaban/ sugerían las operaciones clandestinas que ejecutaba la asociación ilícita.
El material secuestrado en el allanamiento de la casa ubicada en el Country Saint Thomas, ubicado en la localidad de Canning del conurbano bonaerense, sumado a la recuperación parcial de la información detectada en dos teléfonos celulares peritados, ofrecen un panorama clarificador sobre el origen y el destino de las actividades llevadas a cabo por D’Alessio y los dos ex integrantes de la bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, despedidos de esa institución policial por vínculos con piratas del asfalto (en 1999) y enriquecimiento ilícito (2003), respectivamente.
El ordenamiento de las carpetas caratuladas como “objetivos” (así denominaba D’Alessio a las operaciones destinadas al espionaje y la extorsión) pone en evidencia los 5 intereses subyacentes a las operaciones investigadas:
El material secuestrado en el allanamiento de la casa ubicada en el Country Saint Thomas, ubicado en la localidad de Canning del conurbano bonaerense, sumado a la recuperación parcial de la información detectada en dos teléfonos celulares peritados, ofrecen un panorama clarificador sobre el origen y el destino de las actividades llevadas a cabo por D’Alessio y los dos ex integrantes de la bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, despedidos de esa institución policial por vínculos con piratas del asfalto (en 1999) y enriquecimiento ilícito (2003), respectivamente.
El ordenamiento de las carpetas caratuladas como “objetivos” (así denominaba D’Alessio a las operaciones destinadas al espionaje y la extorsión) pone en evidencia los 5 intereses subyacentes a las operaciones investigadas:
- Garantizar que el kirchnerismo continúe siendo hostigado para impedir un posible triunfo electoral futuro.
- Castigar al Frente Amplio uruguayo –y por ende al gobierno de Tabaré Vázquez— por su resistencia a suscribir los postulados del denominado Grupo de Lima.
- 3Contribuir a destrozar la economía venezolana y limitar la influencia de China y Rusia en la región.
- 4Extender dentro del MERCOSUR el bloqueo a la República Islámica de Irán reclamado por Estados Unidos, en contradicción con los postulados de la región y la Comunidad Económica Europea.
- 5Publicitar las ventajas de la aparatología de espionaje y de ciberseguridad exportada por Israel.
El rombo estratégico
Para el logro del primer objetivo, el juez Ramos Padilla cuenta con las evidencias incorporadas en dos carpetas que el propio D’Alessio caratuló “Mafia de la Aduana” y “De Vido”, sumados al expediente de GNL (Gas Natural Licuado ) que fue el que le permitió al tándem Bonadío-Stornelli acceder al confuso entramado de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno.[1] Los documentos muestran que el propio D’Alessio fue el encargado de relanzar la causa GNL después del percance sufrido por el juzgado federal número 11, a cargo del juez Claudio Bonadío, relacionado con el falso testimonio llevado a cabo por el perito David Cohen.
Según la testimonial efectuada ante Bonadío, D’Alessio suscribió que la maniobra delictiva vinculada al GNL estaba relacionada con los seguros marítimos contratados por ENARSA, empresa encargada de trasladar el gas, en la cual afirma además haber estado infiltrado. Su testimonio fue aportado al juzgado de Bonadío luego de que recibiera una denuncia anónima en su (inexistente) estudio jurídico. Gracias a esa declaración, Bonadio y Stornelli consiguieron sortear el inesperado inconveniente producido por el procesamiento del perito por el juez Sebastián Ramos. La carátula de la acusación remite a un falso testimonio conducente a lograr la imputación de quienes se han constituido en algunos de los rehenes más castigados de la malversación jurídica imperante. Aún no se logró detectar quién/quiénes fueron los encargados de solicitarle a Cohen que adultere su peritaje para imponer el principio Irurzun. Esos datos se suman a los audios vinculados al arrepentido Leonardo Fariña, que aparece financiado por Patricia Bullrich para revitalizar cada dos meses la ruta del dinero k. Es difícil olvidar que el arrepentido Fariña fue el encargado de brindar información clasificada, recuperada por el fiscal Guillermo Marijuan, sobre los tesoros ocultos en la Patagonia que no pudieron ser hallados a pesar de potentes retroexcavadoras contratadas para el caso.
Dentro de este mismo capítulo también figura la operación sobre José Manuel Ubeira, mediante la cual el titular de la Fiscalía N.º 4 en lo Criminal y Correccional Federal, Carlos Stornelli, solicitó explícita e insistentemente colaboración para coartar la tarea de defensa del abogado de uno de los acusados en la causa de los cuadernos, Oscar Thomas. En ese mismo registro, dado que aparecen indicios similares de espionaje referidos a otros letrados, el juez de Dolores ha aceptado el último viernes a Maximiliano Rusconi (defensor de Julio De Vido) como querellante.
También existe material orientado a construir acontecimientos ficticios, capaces de ser mediatizados como trampolín previo a viabilizar la despiadada aplicación de la doctrina Irurzun. Estos prolijos informes son parte de las plataformas que permitieron impulsar la ansiada y doble meta de lograr el encarcelamiento del ex ministro de Obras y Servicios Públicos (junto a varios de sus ex subordinados) y, a través de esos rehenes identificar al kirchnerismo con el rótulo demonizante de la corrupción, disponible fundamentalmente para cercenar potenciales retornos políticos.
El segundo objetivo, con epicentro en la República Oriental del Uruguay, que D’Alessio ofrece vía WhatsApp y que Stornelli acepta como un obsequio a Mauricio Macri, se vincula al castigo que Washington busca proporcionar al gobierno de Tabaré Vázquez, vía el Frente Amplio, del que forma parte. El correctivo ofertado por D’Alessio, luego de realizar actividades de espionaje en Uruguay, supone involucrar a ese país con supuestas triangulaciones de dinero ilícito tramitadas por PDVSA y ligar a ese gobierno con actividades comerciales de empresas iraníes catalogadas como terroristas por el falso abogado. Detrás de esas operaciones solo puede apreciarse el indudable deseo de castigar a quienes han resistido a las presiones de Estados Unidos para lograr una invasión militar legitimada bajo el paraguas de la OEA (que no ha encontrado el apoyo del Frente Amplio), y un escarmiento a quienes se han atrevido a expulsar de sus filas al máximo alfil hemisférico de Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Disciplinamiento y armamentismo
El tercer objetivo se articula con la fase actual del proyecto estadounidense para caotizar la situación venezolana, dada la falta de apoyo regional para emprender un bombardeo o una invasión militar. Busca alcanzar una guerra civil y, simultáneamente, una cooptación de la opinión pública global acerca a de la necesidad de una intervención instituida como un mal menor frente a la crisis humanitaria “provocada por el régimen chavista”. Para lograr ese objetivo se requiere asociar PDVSA y todo lo que remita al gobierno de Maduro con un sinónimo de corrupción. Ese esquema brindará, según los analistas del Pentágono, la doble opción de proceder a una intervención militar o brindar justificación para un salvataje injerencista multinacional, atormentado de piedad frente al desastre vivido por los venezolanos. El dossier D’Alessio demuestra una congruencia total con las expectativas de sus titiriteros de Maine.
El cuarto eje queda en evidencia cuando Ramos Padilla se apersona en la casa del falso abogado para llevar a cabo el allanamiento, D’Alessio grita que esa casa no puede ser vulnerada debido a que en ella se depositan informes y materiales vinculados a sus investigaciones sobre terrorismo y Hezbollá, la organización libanesa chiita ligada a la República Islámica de Irán. Además, para evitar el allanamiento, exige una comunicación de salvataje último con la ministra de Seguridad. Ese prólogo es coincidente con documentación encontrada en su casa en la que se pretende vincular al gobierno de Uruguay con empresas iraníes, cuya presencia es cuestionada por las delegaciones diplomáticas de Washington en la región, que hostigan al gobierno persa luego del abandono del acuerdo de desnuclearización conocido como 5+1.
En una de sus comunicaciones con Stornelli, D’Alessio ofrece una “operación sobre terrorismo” que puede ser del gusto del Presidente Macri. El fiscal, lejos de horrorizarse, se muestra receptivo ante la oferta. Entre los informes secuestrados en Saint Thomas también aparece un seguimiento de la temática de la Triple Frontera. La presencia de una importante comunidad libanesa en la zona ha sido objeto de una sistemática operación, ejecutada por la ministra Bullrich (probablemente con apoyo logístico de la asociación ilícita de la que formaba parte D´Alessio, que se presentaba como experto en dicho tema) por la que fueron detenidos varios integrantes del colectivo islámico a quienes acusaron de pertenecer a Hezbollá, tanto en Ciudad del Este como en barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. La irresponsable asociación sistemática entre lo islámico y el terrorismo es, sin dudas, lo que explica la masacre del último viernes, en la que un supremacista blanco masacró a 50 musulmanes en Nueva Zelanda, incluyendo niñxs.
La utilización de drones con los que D’Alessio o algunos de sus colegas obtuvieron fotos y filmaciones de casas espiadas (luego que varios modelos fueron adquiridos por la ministra en Israel en 2016). La aparatología de intervención telefónica ofrecida por el falso abogado como un plus a sus servicios de espionaje. Sus vínculos íntimos con el presidente de la Cámara de Comercio Argentino israelí (Montoto es citado varias veces en sus conversaciones y en su WhatsApp). La relación declarada con Jaime Stiuso. La debilidad de Patricia Bullrich por la adquisición de aparatología de ciberseguridad en Tel Aviv. La alianza estratégica entre Macri, Trump y Netanyahu. El sinceramiento público, realizado por el diputado Waldo Wolff, de que dispone de “acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente” (siendo presidente de la comisión bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior) y la documentación del ministerio de defensa de Israel encontrado en su casa. Todo esto expone una nueva oleada de las relaciones carnales, alguna vez instauradas por el menemismo, con la particularidad actual de ser en trío: Estados Unidos, Israel y Argentina.[2]
[1]. El juez Ramos Padilla solicitó el último viernes a su colega del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 11 el expediente 10456/2014, conocida como “GNL”, para acotejar las declaraciones testimoniales ofrecidas por D´Alessio en esa causa, con la documentación obtenida en el allanamiento.
Para el logro del primer objetivo, el juez Ramos Padilla cuenta con las evidencias incorporadas en dos carpetas que el propio D’Alessio caratuló “Mafia de la Aduana” y “De Vido”, sumados al expediente de GNL (Gas Natural Licuado ) que fue el que le permitió al tándem Bonadío-Stornelli acceder al confuso entramado de las fotocopias de los cuadernos del chofer Centeno.[1] Los documentos muestran que el propio D’Alessio fue el encargado de relanzar la causa GNL después del percance sufrido por el juzgado federal número 11, a cargo del juez Claudio Bonadío, relacionado con el falso testimonio llevado a cabo por el perito David Cohen.
Según la testimonial efectuada ante Bonadío, D’Alessio suscribió que la maniobra delictiva vinculada al GNL estaba relacionada con los seguros marítimos contratados por ENARSA, empresa encargada de trasladar el gas, en la cual afirma además haber estado infiltrado. Su testimonio fue aportado al juzgado de Bonadío luego de que recibiera una denuncia anónima en su (inexistente) estudio jurídico. Gracias a esa declaración, Bonadio y Stornelli consiguieron sortear el inesperado inconveniente producido por el procesamiento del perito por el juez Sebastián Ramos. La carátula de la acusación remite a un falso testimonio conducente a lograr la imputación de quienes se han constituido en algunos de los rehenes más castigados de la malversación jurídica imperante. Aún no se logró detectar quién/quiénes fueron los encargados de solicitarle a Cohen que adultere su peritaje para imponer el principio Irurzun. Esos datos se suman a los audios vinculados al arrepentido Leonardo Fariña, que aparece financiado por Patricia Bullrich para revitalizar cada dos meses la ruta del dinero k. Es difícil olvidar que el arrepentido Fariña fue el encargado de brindar información clasificada, recuperada por el fiscal Guillermo Marijuan, sobre los tesoros ocultos en la Patagonia que no pudieron ser hallados a pesar de potentes retroexcavadoras contratadas para el caso.
Dentro de este mismo capítulo también figura la operación sobre José Manuel Ubeira, mediante la cual el titular de la Fiscalía N.º 4 en lo Criminal y Correccional Federal, Carlos Stornelli, solicitó explícita e insistentemente colaboración para coartar la tarea de defensa del abogado de uno de los acusados en la causa de los cuadernos, Oscar Thomas. En ese mismo registro, dado que aparecen indicios similares de espionaje referidos a otros letrados, el juez de Dolores ha aceptado el último viernes a Maximiliano Rusconi (defensor de Julio De Vido) como querellante.
También existe material orientado a construir acontecimientos ficticios, capaces de ser mediatizados como trampolín previo a viabilizar la despiadada aplicación de la doctrina Irurzun. Estos prolijos informes son parte de las plataformas que permitieron impulsar la ansiada y doble meta de lograr el encarcelamiento del ex ministro de Obras y Servicios Públicos (junto a varios de sus ex subordinados) y, a través de esos rehenes identificar al kirchnerismo con el rótulo demonizante de la corrupción, disponible fundamentalmente para cercenar potenciales retornos políticos.
El segundo objetivo, con epicentro en la República Oriental del Uruguay, que D’Alessio ofrece vía WhatsApp y que Stornelli acepta como un obsequio a Mauricio Macri, se vincula al castigo que Washington busca proporcionar al gobierno de Tabaré Vázquez, vía el Frente Amplio, del que forma parte. El correctivo ofertado por D’Alessio, luego de realizar actividades de espionaje en Uruguay, supone involucrar a ese país con supuestas triangulaciones de dinero ilícito tramitadas por PDVSA y ligar a ese gobierno con actividades comerciales de empresas iraníes catalogadas como terroristas por el falso abogado. Detrás de esas operaciones solo puede apreciarse el indudable deseo de castigar a quienes han resistido a las presiones de Estados Unidos para lograr una invasión militar legitimada bajo el paraguas de la OEA (que no ha encontrado el apoyo del Frente Amplio), y un escarmiento a quienes se han atrevido a expulsar de sus filas al máximo alfil hemisférico de Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Disciplinamiento y armamentismo
El tercer objetivo se articula con la fase actual del proyecto estadounidense para caotizar la situación venezolana, dada la falta de apoyo regional para emprender un bombardeo o una invasión militar. Busca alcanzar una guerra civil y, simultáneamente, una cooptación de la opinión pública global acerca a de la necesidad de una intervención instituida como un mal menor frente a la crisis humanitaria “provocada por el régimen chavista”. Para lograr ese objetivo se requiere asociar PDVSA y todo lo que remita al gobierno de Maduro con un sinónimo de corrupción. Ese esquema brindará, según los analistas del Pentágono, la doble opción de proceder a una intervención militar o brindar justificación para un salvataje injerencista multinacional, atormentado de piedad frente al desastre vivido por los venezolanos. El dossier D’Alessio demuestra una congruencia total con las expectativas de sus titiriteros de Maine.
El cuarto eje queda en evidencia cuando Ramos Padilla se apersona en la casa del falso abogado para llevar a cabo el allanamiento, D’Alessio grita que esa casa no puede ser vulnerada debido a que en ella se depositan informes y materiales vinculados a sus investigaciones sobre terrorismo y Hezbollá, la organización libanesa chiita ligada a la República Islámica de Irán. Además, para evitar el allanamiento, exige una comunicación de salvataje último con la ministra de Seguridad. Ese prólogo es coincidente con documentación encontrada en su casa en la que se pretende vincular al gobierno de Uruguay con empresas iraníes, cuya presencia es cuestionada por las delegaciones diplomáticas de Washington en la región, que hostigan al gobierno persa luego del abandono del acuerdo de desnuclearización conocido como 5+1.
En una de sus comunicaciones con Stornelli, D’Alessio ofrece una “operación sobre terrorismo” que puede ser del gusto del Presidente Macri. El fiscal, lejos de horrorizarse, se muestra receptivo ante la oferta. Entre los informes secuestrados en Saint Thomas también aparece un seguimiento de la temática de la Triple Frontera. La presencia de una importante comunidad libanesa en la zona ha sido objeto de una sistemática operación, ejecutada por la ministra Bullrich (probablemente con apoyo logístico de la asociación ilícita de la que formaba parte D´Alessio, que se presentaba como experto en dicho tema) por la que fueron detenidos varios integrantes del colectivo islámico a quienes acusaron de pertenecer a Hezbollá, tanto en Ciudad del Este como en barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires. La irresponsable asociación sistemática entre lo islámico y el terrorismo es, sin dudas, lo que explica la masacre del último viernes, en la que un supremacista blanco masacró a 50 musulmanes en Nueva Zelanda, incluyendo niñxs.
La utilización de drones con los que D’Alessio o algunos de sus colegas obtuvieron fotos y filmaciones de casas espiadas (luego que varios modelos fueron adquiridos por la ministra en Israel en 2016). La aparatología de intervención telefónica ofrecida por el falso abogado como un plus a sus servicios de espionaje. Sus vínculos íntimos con el presidente de la Cámara de Comercio Argentino israelí (Montoto es citado varias veces en sus conversaciones y en su WhatsApp). La relación declarada con Jaime Stiuso. La debilidad de Patricia Bullrich por la adquisición de aparatología de ciberseguridad en Tel Aviv. La alianza estratégica entre Macri, Trump y Netanyahu. El sinceramiento público, realizado por el diputado Waldo Wolff, de que dispone de “acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente” (siendo presidente de la comisión bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior) y la documentación del ministerio de defensa de Israel encontrado en su casa. Todo esto expone una nueva oleada de las relaciones carnales, alguna vez instauradas por el menemismo, con la particularidad actual de ser en trío: Estados Unidos, Israel y Argentina.[2]
[1]. El juez Ramos Padilla solicitó el último viernes a su colega del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 11 el expediente 10456/2014, conocida como “GNL”, para acotejar las declaraciones testimoniales ofrecidas por D´Alessio en esa causa, con la documentación obtenida en el allanamiento.
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