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20 octubre, 2011

Aparato del Estado- Paraguay





PERVERSA ACTUACIÓN DEL APARATO DEL ESTADO
Arbitrariedad Jurídica e Indefensión para el pueblo
"Para qué me ponen como juez si no me van a dejar cumplir la ley", afirmó el Juez Bonzi, con razón. Ahora está suspendido por la Corte Suprema de “Justicia”.
El juez Bonzi, había ordenado el sobreseimiento definitivo de los 14 presos políticos que llevaban año y medio en prisión bajo la “acusación” fiscal de, supuestamente, brindar apoyo logístico al Ejército del Pueblo Paraguay (EPP). La fiscalía, como ya es común en casos de este tipo, ni se había preocupado de presentar elementos concretos que prueben que los imputados estaban implicados con el secuestro del señor Lindstron. Demás está decir que los 14 presos ya estaban condenados de antemano en medio de una brutal criminalización social y política generada por la derecha social y política de nuestro país, apoyada en extensas y profusas campañas desarrolladas por los grandes medios de comunicación.
Para el Partido de los Trabajadores (PT), el fallo del Juez Bonzi, había significado un paso importante ya que evitaba que, en este caso, se siga por la senda de los abusos fiscales que violan los derechos humanos y contrarrestar, en parte, la desbocada prepotencia fiscal y policial.
La reacción de los aparatos represivos
Sin embargo, hubo una violenta reacción de los dueños de este país, sus medios de prensa y de todo el aparato represivo, que se expresó en el amedrentamiento a los defensores de los presos políticos, en las transgresiones y fallos “políticos”, pidiendo la suspensión del Juez Bonzi entre otras formas. Esta reacción era de esperarse pues la derecha fascistoide y corrupta es quien pone a hombres y mujeres incondicionales en el Poder Judicial para manejarles de acuerdo a sus intereses.
El Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, al conocer el fallo del juez Bonzi, atacó a los abogados de CODEHUPY, acusándolos de mantener supuestos contactos telefónicos entre los mismos y el EPP, con la aviesa intención de deteriorar la imagen y minar la credibilidad de esta organización que, valientemente, está intentando velar por la vigencia de las garantías democráticas y por el derecho a un juicio justo. Expresamos nuestra solidaridad con la CODEHUPY y sus abogados ante esta situación.
La presión e intimidación surtió inmediato efecto: el Tribunal de Apelación compuesto por Julio César Cabañas, Eliodoro Molinas y Luis Jara Sánchez, anuló la resolución que dejaba en libertad a los 14 procesados. En virtud de esta tendenciosa decisión judicial los/as 14 presos/as políticos/as, deben volver al Juicio, sin ningún tipo de garantías por lo que varios de ellos ya están tramitando asilo político.
Por su parte el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el pasado 27 de julio, solicitó a la Corte Suprema de “Justicia”, la suspensión del juez Gustavo Bonzi. En este contexto, coincidimos con lo expresado por la CODEHUPY cuando afirma: “el JEM anticipa el juzgamiento de la Cámara de Apelaciones por lo que la sitúa al límite del prevaricato… más que una resolución de carácter legal, constituye un claro mensaje político que violenta la independencia de la Magistratura al pretender imponer en este caso su criterio sobre la libertad que otorgó Bonzi a personas perseguidas por la Fiscalía… esta resolución del JEM constituye un mensaje intimidatorio a los demás jueces por las resoluciones que pudieran emitir en casos similares”.
Aún así, con todos los claros elementos procesales dando la razón al juez Gustavo Bonzi, la Corte Suprema de “Justicia”, con sólo cinco firmas de los nueve miembros, hizo hoy efectiva la suspensión del juez, decretada por el Jurado de Enjuiciamiento. Nuestro más firme repudio a la medida, al Jurado de Enjuiciamiento y a la Corte Suprema.
Represión política-jurídica, al servicio de ahogar al movimiento social
En el caso en cuestión, el triunvirato Ministerio del Interior– Fiscalía – Poder Judicial, con el cotidiano asesoramiento de policías colombianos, expertos en represión, está implementando todo un sistema de criminalización, buscando aislar, anular y eliminar a las organizaciones no alineadas ni cooptadas por el gobierno o por el régimen social y político de la derecha.
De hecho, en ese marco se inscriben muchos artículos del Código Procesal Penal, de la Ley antiterrorista y, tal como vimos en el caso que nos ocupa, no dudan en violar el debido proceso, deteriorando aún más el supuesto Estado de Derecho, dejando al movimiento del pueblo trabajador en una brutal inseguridad jurídica y total indefensión.
Solidaridad y lucha ante los atropellos del aparato represivo de la “democracia”.
Desde el Partido de los Trabajadores, manifestamos nuestra solidaridad con los 14 compañeros y compañeras cuya derechos a un juicio justo están siendo violados con total impunidad y con sus defensoras y defensores que se exponen a presiones y discriminaciones crecientes, así como con el juez Bonzi que por aplicar la ley está siendo perseguido y castigado.
Llamamos a las organizarnos sociales y políticas del pueblo trabajador, de derechos humanos o de cualquier naturaleza que se muestren favorables a la vigencia de las garantías democráticas elementales. Especialmente llamamos a las organizaciones que conforman el Frente Guasu y a todas las se reivindican de izquierda, progresistas y democráticas a que se pronuncien y repudien estos hechos y a coordinar acciones contra los atropellos del Ministerio del Interior-Fiscalía-Poder Judicial.
Debemos frenar la criminalización y la impunidad con la que socaban los más elementales derechos y garantías o se vendrán días aún más arbitrarios y represivos.

¡Abajo la ley antiterrorista!
¡No a la criminalización de las organizaciones y activistas sociales!




Comité Ejecutivo Nacional
Asunción, 23 de agosto de 2011

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